La reestructuración del mapa de puntos de encuentro familiar judiciales elimina siete centros en la Comunitat Valenciana

El PSPV denuncia la decisión del Consell de suprimir los Puntos de Encuentro Familiar Judiciales (PEFJ) en diez municipios de la Comunitat Valenciana. La medida, recogida en la resolución de la Conselleria de Servicios Sociales publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 29 de julio, establece la convocatoria del servicio mediante concierto y dibuja una nueva redistribución territorial que entrará en vigor el próximo mes de noviembre.

La portavoz socialista de Infancia y Adolescencia en las Corts, Romina del Rey, ha calificado la decisión de “inhumana” y ha alertado de que la medida “reduce la red de protección a los menores, genera sufrimiento a las familias e incrementa los riesgos en situaciones de vulnerabilidad”.

El nuevo mapa autonómico que ha diseñado el departamento dirigido por la consellera Elena Albalat suprime los Puntos de Encuentro Familiar en diez localidades: Mislata, Manises, Paterna, Alfafar y Requena en Valencia; Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa y Villena en Alicante; y Vila-real en Castellón. Aunque la planificación prevé la creación de tres nuevos centros en Benidorm, Moncada y Onda, los socialistas aseguran que el balance global refleja una reducción neta de siete instalaciones en todo el territorio valenciano.

Estos espacios, neutrales y regulados por resolución judicial, permiten que niños y adolescentes mantengan el contacto con sus progenitores o familiares en contextos de elevada conflictividad o en casos vinculados a la violencia de género, bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar.

Incremento de las listas de espera y menor personal técnico

La diputada del PSPV ha advertido de las consecuencias operativas que conllevará el cierre de estos recursos. Entre ellas, ha señalado la obligación de realizar desplazamientos más largos para las familias, el aumento del estrés y el agravamiento de unas listas de espera con cifras críticas.

Según los datos de la propia Conselleria de Servicios Sociales, los expedientes judiciales de familias a la espera de asignación de estos recursos pasaron de 1.200 en el año 2023 a 2.100 al cierre del ejercicio 2024, lo que representa un incremento superior al 80%.

Además de la reducción de sedes, Del Rey ha censurado la modificación del perfil de los trabajadores destinados a estos centros. El nuevo pliego incrementa la presencia de personal auxiliar administrativo en detrimento de profesionales de la psicología, la integración social y la igualdad de género. Para la portavoz socialista, esta disminución de personal técnico resulta “muy grave” en entornos donde conviven familias con sentencias por violencia machista.

La representante socialista ha criticado que la conselleria haya aprobado la reestructuración sin información previa a los ayuntamientos afectados ni a las fundaciones gestoras de los servicios. Asimismo, ha recordado que muchos consistorios realizaron inversiones municipales para ceder y adecuar los inmuebles que albergan estas instalaciones.

Ante esta situación, el grupo socialista ha exigido la rectificación inmediata de la resolución, la solicitud del expediente completo con los informes técnicos que la sustentan y la comparecencia urgente de la consellera Elena Albalat en las Corts. Para los socialistas, estos recortes pueden constituir “el paso previo hacia la privatización de la red pública de servicios sociales”.

El nuevo diseño “corrige la inseguridad jurídica y financiera”

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha defendido la consolidación de la red pública de Puntos de Encuentro Familiar Judicial tras la convocatoria del procedimiento de acción concertada, “un nuevo modelo integral que garantiza la prestación continuada del servicio hasta octubre de 2028, dotado con una inversión global superior a los 21,6 millones de euros procedentes de fondos propios de la Generalitat”, han explicado desde el departamento que dirige Elena Albalat. 

Frente a las críticas de los socialistas, la conselleria ha defendido que el nuevo diseño “corrige la inseguridad jurídica y financiera que arrastraba el sistema heredado, que obligaba a las entidades locales a asumir competencias autonómicas y dependía de decisiones municipales unilaterales”. “Decisiones como las adoptadas en su momento por los consistorios de Paterna —que suprimió el recurso en 2021 derivando usuarios a Manises— o Manises —que fijó su cierre en 2026 trasladando la atención a Alfafar— demuestran la insostenibilidad del marco previo”, han insistido. 

De este modo, han subrayado que la nueva estructura se articula conforme al Mapa de los Servicios Sociales Inclusivos (Decreto 34/2021), “garantizando la cobertura en los 21 departamentos asistenciales bajo criterios de población, volumen de expedientes y rigor técnico”. 

Asimismo, la Conselleria ha matizado que, al encontrarse el procedimiento en fase de convocatoria y selección de entidades, la propia normativa del concierto social prevé que, una vez adjudicado el servicio, se evalúen las necesidades reales de cada zona para concertar recursos adicionales o ampliar plantilla donde la demanda lo requiera, “primando siempre el interés superior del menor”.