UGT denuncia la privatización “encubierta” de siete centros de menores en la Comunitat Valenciana

La federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià ha hecho pública una contundente denuncia contra los planes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, a la que acusa de orquestar un cambio de modelo hacia la gestión privada en siete centros de menores de la autonomía. Según el sindicato, la Administración autonómica está ultimando los pliegos de condiciones para licitar la gestión integral de cinco centros en la provincia de València y dos en la de Castellón, lo que supondrá el desplazamiento definitivo del personal público y el fin del sistema mixto que funcionaba hasta la fecha.

La organización sindical sostiene que este proceso se ha llevado a cabo con una falta de transparencia deliberada. Durante el último mes, UGT dirigió un escrito a la Conselleria tras detectar movimientos para reasignar más de setenta puestos de trabajo de categorías tan diversas como educación social, dirección, cocina o mantenimiento. El sindicato afirma que la Conselleria contactó de manera individual con los empleados públicos de estos centros para recabar su conformidad en los cambios de destino, evitando así la interlocución con los representantes de los trabajadores y actuando al margen de las mesas de negociación habituales.

En el transcurso de una reunión celebrada el pasado 1 de abril, la Administración confirmó finalmente que el proceso de privatización está muy avanzado. Los centros afectados en València incluyen los centros de acogida de Campanar, Xiquets y Xics, la Colònia Sant Vicent Ferrer, el centro de menores de Cabanyal y la Residencia Juvenil Mislata II. De hecho, en el centro Xiquets la plantilla pública ya ha sido totalmente reubicada. Las estimaciones sindicales apuntan a que alrededor de ochenta profesionales, incluyendo cuadros directivos, serán trasladados para dejar estos espacios bajo un control exclusivamente privado, una maniobra que UGT califica como un uso abusivo de las potestades de autoorganización para favorecer intereses externos.

Paco Chapa, responsable de servicios sociales públicos del sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics PV, ha advertido sobre las graves consecuencias que este cambio de rumbo puede tener para la infancia tutelada. El sindicato teme que la lógica del beneficio empresarial y el recorte de costes deriven en plantillas más precarias y una mayor rotación de profesionales, lo que rompería la continuidad educativa y terapéutica que necesitan los menores. Además, UGT subraya que la pérdida de control público directo debilita los mecanismos de supervisión de la Administración y genera una red de centros con estándares de calidad desiguales, desviando recursos públicos hacia el sector privado en un ámbito de especial vulnerabilidad social.

La respuesta de la Conselleria: regularización y legalidad

Frente a estas acusaciones, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia niega que se esté produciendo un proceso de privatización y defiende que las actuaciones son necesarias para regularizar la situación administrativa, jurídica y laboral de los centros tras años de inacción.

La Administración sostiene que su plan consiste en licitar los contratos de gestión que se encontraban caducados, algunos desde 2017, una anomalía que afirma que generaba inseguridad jurídica para las entidades y perjudicaba las condiciones de los trabajadores. Según la Conselleria, en la reunión del 1 de abril se informó con transparencia de que la normativa vigente no permite modelos mixtos donde convivan funcionarios con personal de entidades gestoras, por lo que la reubicación de efectivos responde a criterios legales para garantizar una estructura coherente.

En este sentido, el departamento subraya que no se producirá ninguna amortización de puestos de trabajo, sino una reordenación del personal conforme a la ley para corregir una situación heredada y garantizar la seguridad jurídica del sistema.