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La Generalitat Valenciana pagará una indemnización de 225.000 euros por la muerte de una paciente que esperó 36 horas en urgencias

Fachada principal del Hospital General de València.

elDiariocv

València —
7 de abril de 2026 13:11 h

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La Conselleria de Sanidad, a través de su aseguradora, ha alcanzado un acuerdo para indemnizar con 225.000 euros a la familia de una paciente que falleció en mayo de 2025 en el Hospital General Universitario de València. El caso, tramitado por los servicios jurídicos de la asociación 'El Defensor del Paciente', revela una grave negligencia médica: la mujer permaneció 36 horas en un box de Urgencias sin recibir ningún tipo de seguimiento hasta que se certificó su muerte.

Los hechos se desencadenaron cuando la paciente acudió al centro hospitalario aquejada de un fuerte dolor abdominal y vómitos. Tras las pruebas iniciales, los facultativos le diagnosticaron una pancreatitis aguda biliar y ordenaron su ingreso inmediato. Sin embargo, debido a la falta de camas disponibles en las plantas de hospitalización o en las salas de tratamiento, la mujer quedó ubicada en un box de espera.

Un silencio asistencial de 36 horas

Lo que debía ser una espera monitorizada se convirtió en un aislamiento fatal. Desde las 00:12 horas del día de su ingreso hasta las 07:32 horas de la jornada siguiente, la paciente no recibió atención alguna. Según consta en el expediente, durante ese día y medio no se registró ninguna toma de constantes, ni se realizaron analíticas ni exploraciones adicionales.

La situación de desatención fue tal que el personal sanitario no se enteró que la mujer había fallecido en el propio box. Para cuando los trabajadores se percataron de la situación, ya no fue posible realizar ninguna maniobra de reanimación. La pancreatitis aguda, que en sus formas graves requiere una vigilancia estrecha debido al riesgo de fallo orgánico, progresó sin que se aplicara el tratamiento intensivo necesario para salvarle la vida.

Responsabilidad patrimonial

La Asociación ‘El Defensor del Paciente’, que ha representado a la familia a través de los letrados Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello, ha calificado la actuación de “inaceptable”. Según la organización, la muerte fue “innecesaria” y fruto de una “pasividad absoluta”, privando a la paciente de sus altas expectativas de curación si se le hubiera aplicado el protocolo médico estándar.

El acuerdo económico se ha cerrado en el marco de un procedimiento administrativo de reclamación patrimonial contra la sanidad pública. Desde la asociación insisten en que este tipo de tragedias son evitables con un mínimo de atención y supervisión de los pacientes que se encuentran en las instalaciones hospitalarias, especialmente en servicios críticos como Urgencias.

“No es de ninguna manera aceptable que una paciente permanezca un día y medio en un box sin que ningún médico o enfermera siquiera se acercara”, denuncian desde la asociación.

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