Cuando la guerra llama a nuestras puertas

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron la Operación Furia Épica contra Irán. Seis semanas después, el conflicto ha entrado en una fase nueva y más peligrosa. Aunque la guerra se libra a miles de kilómetros de aquí, sus efectos, cual tsunami, no han tardado en llegar a la Comunitat Valenciana. Porque Irán no es solo un país en guerra: es el paso por el que transita cerca del 20% del petróleo y el gas del mundo. Y cuando ese grifo se estrecha, el impacto no entiende de fronteras.

El gas ya se ha encarecido un 60%. El petróleo, un 30%. La inflación se instalará en torno al 3% de media este año, con tendencia al alza. Estas cifras no son abstracciones económicas: pueden llegar a ser la causa de que una familia tenga que elegir entre la luz y la cesta de la compra. Son la diferencia entre que una empresa valenciana tenga futuro o tenga que reducir su plantilla o, en el peor de los casos, echar el cierre.

En UGT-PV hemos analizado cómo esta crisis puede golpear a nuestra tierra y, sobre todo, qué puede hacer la Generalitat para amortiguar ese golpe. El resultado es un conjunto de propuestas concretas, financiadas y ejecutables. No un brindis al sol, no declaraciones de intenciones: sino medidas que se pueden activar ya, esta semana, si hay voluntad política para hacerlo.

Lo primero, y más urgente, es proteger a quienes menos pueden aguantar. Más de 200.000 consumidores vulnerables en la Comunitat ya sufrían pobreza energética antes de que estallara este conflicto. Con el encarecimiento actual, ese número crecerá. Por eso desde UGT-PV reclamamos la activación inmediata de medidas de emergencia social: refuerzo de las prestaciones existentes, ayudas directas a las familias con menos recursos y garantías de acceso a los suministros básicos para los hogares más vulnerables. 

Pero la crisis no solo afecta a las familias. El tejido productivo valenciano tiene ante sí una prueba de resistencia muy exigente que golpea a sectores muy diferentes, y lo hace de formas distintas.

El sector cerámico de Castellón, que depende del gas como principal insumo energético y exporta cerca de la mitad de su producción hacia Oriente Medio, sufre una doble presión que puede ser letal para muchas empresas. La industria del plástico y la química afronta una triple amenaza: materias primas más caras, energía más cara y cadenas de suministro rotas. Pero más allá de estas industrias, el impacto se extiende con la misma crudeza por otros sectores que sostienen buena parte de nuestra economía y de nuestro empleo.

La agricultura valenciana, altamente dependiente de insumos importados, se enfrenta a un encarecimiento severo de los fertilizantes, una tercera parte de cuyo comercio mundial transita precisamente por el estrecho de Ormuz, hoy bloqueado por el conflicto. A eso hay que sumarle el alza del gasóleo, que dispara los costes de bombeo del regadío y de la maquinaria agrícola. El resultado es un apretón en los márgenes que muchas explotaciones, ya de por sí ajustadas, no podrán absorber sin ayuda. Y lo que es peor: ese sobrecoste terminará trasladándose, en parte, al precio de los alimentos que llegan a nuestras mesas.

El transporte y la logística, columna vertebral de cualquier economía abierta como la nuestra, también notan el golpe de forma inmediata. El encarecimiento del carburante presiona a las empresas del sector, que operan con márgenes estrechos y contratos cerrados a precios que ya no reflejan la realidad actual. Los puertos valencianos, hub logístico estratégico del arco mediterráneo, ven cómo se encarecen los tráficos y se complican las cadenas de distribución. Cada retraso, cada sobrecoste en el flete, se convierte en un problema para las empresas exportadoras e importadoras que dependen de esas infraestructuras.

Ante este panorama, conviene tener claro que la Generalitat no es un actor secundario en esta crisis, a la espera de que Madrid marque el paso. Tiene competencias plenas en materia de vivienda, servicios sociales, ordenación del territorio, autorización de instalaciones de energía renovable de menos de 50 megavatios, política industrial autonómica y planificación energética regional. Eso no es poca cosa. Es un margen de actuación real, amplio y propio, que no depende de ningún decreto del gobierno central ni de ninguna negociación bilateral. Depende únicamente de la voluntad de ejercerlo. Esperar a que otros actúen antes de mover ficha, en ámbitos donde la Generalitat tiene plena capacidad de decisión, no es prudencia, es una dilación que la ciudadanía valenciana no puede permitirse en un momento como este.

Por eso, y para que esa acción sea coordinada y eficaz, es necesario reforzar el papel del Diálogo Social y la participación de los agentes sociales. El diálogo social no es un trámite; es el mecanismo más eficaz que tenemos para convertir el diagnóstico en acción y para garantizar que las medidas sean justas, equilibradas y duraderas.

Desde esa mesa, y con el compromiso de todos los agentes implicados, deben articularse instrumentos de alivio financiero para las empresas más expuestas, mecanismos de contención de costes energéticos para los sectores industriales más vulnerables, apoyo directo al sector primario para hacer frente al encarecimiento de insumos básicos, mecanismos de protección a las familias y a los colectivos más vulnerables, y una agilización decidida de los trámites que hoy frenan la implantación de energías renovables a fin de reforzar nuestra soberanía energética. 

Y aquí está la gran lectura de fondo que debemos hacer de esta crisis. La dependencia de los combustibles fósiles importados no es solo un problema medioambiental; es una vulnerabilidad económica y social de primer orden. Cada vez que Oriente Próximo se incendia, nuestra industria tiembla, nuestros agricultores pierden y nuestros transportistas se aprietan el cinturón. La respuesta tiene que ser acelerar de una vez la transición energética: más renovables, más electrificación industrial, más economía circular. No como un ideal verde, sino como una estrategia de soberanía económica real. Y también esa transición debe negociarse y acordarse en el marco del diálogo social, para que sea justa y no deje a nadie atrás.

Lo que no es aceptable, en ningún caso, es la inacción. Las crisis energéticas no avisan; explotan. Y cuando explotan, los que más pierden son siempre los mismos: los que tan solo tienen el sustento de su trabajo y tienen menos margen para aguantar. La Generalitat tiene las herramientas. El diálogo social tiene las propuestas. Solo falta que quienes gobiernan estén a la altura de lo que este momento exige.