El presidente que no sabía nada

Él no sabía nada, oiga. M. Rajoy era sordo, ciego y mudo. Y lo mismo María Dolores de Cospedal. Ninguno se sentará en el banquillo de los acusados, donde ya están desde este lunes el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su exnúmero dos, Francisco Martínez, quien se conjuró para no comerse el marrón solo porque él no era más que un “pringao”. Se juzga, ya saben, la operación Kitchen, uno de los capítulos más turbios de esta democracia nuestra que, para la derecha, hoy está en peligro de extinción y entonces era todo un ejemplo. 

¿Recuerdan? Un Gobierno (del PP) que dispuso de las estructuras del Estado para ocultar su corrupción sistémica. Espiaron, robaron, destruyeron discos duros de los ordenadores, contrataron a un falso cura para asaltar una vivienda, usaron los fondos reservados y pusieron a su servicio a una red de policías corruptos para evitar que su ex tesorero, Luis Bárcenas, no difundiera todo lo que sabía sobre la caja B de su propio partido. 

Han pasado 13 años desde entonces y los de Feijóo dicen que todo aquello les es ajeno, que lo que hoy importa es la mugre de Sánchez y que donde la ciudadanía tiene que fijar la mirada es en Ábalos, Koldo y por extensión en todo el Gobierno actual. Cada cual que apunte dónde le plazca porque ambos juicios arrancan esta semana. Algo que los jueces llaman casualidad y los descreídos, causalidad. Vamos, que los tiempos de la justicia son los de la política cuando conviene porque no hay quién entienda que haya pasado más una década desde que aquel Ministerio del Interior dirigido por el beato Fernández Díaz tejiera una fétida red de corrupción política para sepultar todo lo relacionado con los ingresos opacos y las donaciones que recibía el PP de las constructoras y al exministro de Fomento socialista y su asesor se les vaya a juzgar por un supuesto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia en poco más de un año.

Preocupan los plazos y preocupa la dimensión de los casos, siendo ambos absolutamente condenables porque no hay mayor indignidad que llenarse los bolsillos con la adjudicación del material sanitario que los españoles necesitaban para sobrevivir a una pandemia durante la cual los muertos se contaron por decenas de miles. Ábalos, además de ministro de Fomento, fue secretario de Organización del PSOE y hombre de absoluta confianza de Sánchez y de ahí que el PP sostenga ahora que el presidente es responsable de lo ocurrido y que tiene que dimitir por ello. 

De tapabocas, mordidas y amaño de adjudicaciones el PP también sabe algo porque ya suma un total de 32 imputados en el llamado caso mascarillas de la Diputación de Almería, donde se investiga una presunta trama de contratación irregular de obras menores entre 2016 y 2021. Todos ellos tendrán que declarar entre el 28 de mayo y el 26 de junio, después de las elecciones andaluzas para que el juicio no interfiera en los comicios a los que el popular Juanma Moreno se presenta a la reelección sin que nadie, por cierto, le haya hecho responsable ni pedido su dimisión por la corrupción de sus subordinados en Almería. Si Sánchez sabía, ocultó y se tiene que marchar, del presidente de la Junta debería decirse la misma boutade. No hay línea de puntos que pueda unir ni empate posible entre estos dos asuntos con lo de poner al servicio de un partido a la Policía para tapar un caso de financiación ilegal de dimensiones colosales como fue el caso Gürtel, que fue el motivo por el que se creó la Kitchen. La red de corrupción que anidó en el PP acumula ya más de 100 sentenciados a penas de cárcel, muchos de ellos antiguos dirigentes del partido.

Pero Rajoy no sabía nada de todo ello. En diciembre de 2021, declaró en sede parlamentaria haber tener conocimiento alguno de la operación diseñada para robar la documentación comprometedora del partido con la que Bárcenas pretendía hacer pública la corrupción. También negó conocer la existencia de una caja B en el PP o conocer al ex comisario Villarejo mientras dijo tener una “magnífica opinión” de Fernández Díaz. De María Dolores de Cospedal, entonces, no dijo nada, pero La Audiencia Nacional tuvo en su poder un informe de la Policía que incluía las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con la ex secretaria general del PP en las que quedaba de manifiesto su implicación en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Documentación que fue ignorada por los jueces Manuel García Castellón y Antonio Piña que instruyeron la macrocausa contra Villarejo.

Cospedal estuvo brevemente imputada, pero logró eludir el banquillo gracias a que García Castellón archivó la causa contra ella en 2021, en contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, lo que supuso frenar también los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a ser investigado. Un año después, El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, pero el mismo juez se negó a reabrir el caso.

Cuesta creer que una operación para ocultar la corrupción del PP, urdida por un ministro del PP y en la que se manejaron pruebas de la participación de una ex secretaria general del PP no la conociera el presidente del PP. Pero, oiga M. Rajoy era el presidente que nunca sabía nada. Y su vicepresidenta que a la vez era responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco se enteraba de nada. 

Mucho se habla de la trama policial y judicial que tanto ha hecho para tapar la corrupción del PP, pero de la mediática, que sin duda existió y manejaba SSS, no se dice nada. Por algo será.