Desmantelado un taller textil ilegal en València: 24 inmigrantes en situación irregular trabajaban 60 horas semanales

La Policía Nacional ha desarticulado un centro de producción textil clandestino que operaba en una localidad de la comarca de Camp de Túria. La intervención, fruto de una investigación iniciada tras una inspección conjunta con Trabajo en octubre de 2025, ha permitido liberar a 26 trabajadores que eran sometidos a condiciones de explotación extrema, destacando que 24 de ellos se encontraban en situación irregular en España y carecían de contrato o alta en la Seguridad Social.

El sistema de trabajo impuesto por los responsables del taller obligaba a los empleados a cumplir jornadas extenuantes que superaban con frecuencia las 60 horas semanales. Por este esfuerzo, que se desarrollaba al margen de toda normativa legal, percibían una remuneración fija de apenas 1.000 euros mensuales. Para garantizar que la producción no se detuviera, el principal investigado utilizaba a dos de los empleados extranjeros para que vivieran de forma permanente en una estancia del inmueble, en condiciones de absoluta insalubridad y falta de higiene.

La red criminal no solo explotaba a los trabajadores, sino que había diseñado una compleja estructura empresarial para blanquear sus beneficios. A través de una sociedad matriz y una empresa mercantil que emitía facturas a grandes firmas del sector, el taller lograba dotar de una falsa apariencia de legalidad a su actividad. De hecho, el análisis de las cuentas bancarias reveló que el negocio generó ingresos superiores a los 300.000 euros en tan solo ocho meses. Además, la organización contaba con una furgoneta para trasladar diariamente a los empleados desde el área metropolitana de València hasta el taller en Camp de Túria.

La operación ha culminado con la detención de dos hombres de 44 y 52 años. Al principal responsable se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar, ya que continuó con la actividad ilícita incluso después de que la nave fuera precintada por las autoridades en una primera fase de la investigación. Tras pasar a disposición judicial, se ha puesto fin a un negocio basado en la vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros que eran obligados a trabajar sin descanso ni derechos básicos.