Problemas de personal e instalaciones deficientes por los contratos caducados en los centros de menores desde 2017

Los centros de menores de la Comunitat Valenciana atraviesan desde hace años una situación delicada, con los contratos con la Generalitat caducados desde 2017 y 2019 y en situación de enriquecimiento injusto, ya que las prórrogas activadas en su momento han superado los plazos que marca la Ley de Contratos del Sector Público en lo que es un “incumplimiento sistemático” por parte de la Administración, según denuncian desde el sector. Esta circunstancia, que se retrotrae a tiempos del Botànic en el Gobierno valenciano, se justificaba en su momento en la intención de integrar la gestión de estos centros en el Ivass (Instituto Valenciano de Servicio Sociales).

La Comunitat Valenciana cuenta con nueve centros de atención socio-educativa en esta situación y más de una veintena en total, que suponen la mitad del sector valenciano de la infancia: “Estamos hablando de centenares de menores y miles de trabajadores afectados, ya que esta falta de actualización afecta tanto a las condiciones de los centros como a la situación laboral de los profesionales, que han visto como salario está congelado desde hace años”. “No se pueden aplicar las tablas de 2025 porque eso supondría un aumento de costes”, lamentan los trabajadores, que recuerdan que la actualización no está contemplada en los Presupuestos.

Las entidades que gestionan estas infraestructuras, con los precios sobrepasados, tienen muchas dificultades para cubrir determinados servicios o bienes: “No se cubren bajas, cuentan con personal insuficiente, con un servicio escaso, con el consiguiente riesgo de que se produzcan situaciones que nadie quiere que pasen, y menos con menores”.

Ante esta circunstancia, ya se ha producido alguna denuncia, como es el caso de la Fundación Antonio Moreno, que demandó a la Conselleria ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por uno de sus centros, y el alto tribunal ha resuelto que la Generalitat tiene que abonar la cantidad equivalente a las subidas del IPC de diferentes ejercicios: “Es un tirón de orejas para el Ejecutivo autonómico por el perjuicio económico que se le está causando a las entidades, que están cobrando a precios de 2017”.

Los trabajadores han elaborado un listado de las deficiencias detectadas en los centros que van desde la falta de personal y la no cobertura de vacaciones y bajas al mal estado de las instalaciones -humedades y desperfectos en habitaciones, cocinas, duchas...- y del material -deportivo, mobiliario, colchones...- , que resulta insuficiente en determinados casos, o la presencia de ratas, chinches, garrapatas o cucarachas.

No se pueden actualizar los precios

Esteban Burillo, presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (Apime), explica que el problema de los enriquecimientos injustos es doble: complica los pagos a las entidades, que han de pasar por el Consell, y hace “imposible” la actualización de precios porque están “fuera de presupuesto”. Respecto al problema de los pagos, Burillo comenta que, aunque tarde, “van pagando”: “No estamos en las deudas millonarias de hace unos años”.

El segundo problema es “menos urgente” pero “más grave”, porque se mantienen precios de hace años, a pesar de la subida acumulada del IPC, y los sueldos también sufren, ya que se genera un “doble rasero” para trabajadoras en puestos idénticos: las entidades no pueden asumir salarios actuales con ingresos de 2018. En este sentido, el representante de Apime reseña que la “excusa” que tradicionalmente aduce la administración es que no se pueden actualizar los contratos porque se está pendiente de la aprobación el nuevo Decreto de Tipologías, aunque hay una norma vigente desde 2023: “Les hubiera dado tiempo a hacer contratos nuevos”.

En opinión de Burillo, resulta “absurdo” usar una herramienta “excepcional” como norma. Así, asegura que se producirán demandas contra la Generalitat que “prosperarán”, lo que obligará al Gobierno autonómico a pagar dinero público para compensar a las entidades, “con intereses de demora y posiblemente costas judiciales... No acabamos de entender por qué a la Generalitat le sale a cuenta seguir empeñada en no sacar los contratos nuevos y acabar pagando más”.

Según manifiesta el portavoz de Apime, estamos ante un problema “generalizado” en los cuatro sectores -infancia, mayores, inclusión y diversidad funcional- que en este caso cuenta con el agravante de que se trata de menores tutelados.

Proceso progresivo de renovación

Tal y como explicaban desde la Conselleria de Servicios Sociales, la Generalitat ha puesto en marcha un proceso progresivo de renovación de los contratos de gestión integral de toda la red de centros sociales. Se trata de contratos caducados desde hace varios años, “que el gobierno anterior no solucionó y dejó el sistema de atención social valenciano en situación crítica, con una deuda contraída con las empresas que gestionan los centros que rondaba los 100 millones de euros y al borde del colapso”.

Según detallan desde el departamento que dirige Elena Albalat, el Consell asumió desde el inicio de la legislatura el compromiso de revertir esta gestión e inició el proceso de renovación de los contratos de las residencias y centros de día: “Algunos llevaban caducados desde 2017”.

Hasta el momento, apuntan que se han licitado 31 contratos de gestión integral de residencias de personas mayores y centros de día, los cuatro últimos se aprobaron por el pleno del Consell el pasado viernes, lo que pone fin a situaciones de enriquecimiento injusto, al haber vencido los anteriores contratos de gestión.

El siguiente paso, aseguran, es iniciar las licitaciones de los centros de menores y poner en marcha el nuevo decreto de tipologías y funcionamiento de los centros, “una norma clave para corregir el desorden heredado y que va a permitir la licitación de muchos recursos”.

Además, desde Servicios Sociales se está trabajando en la promoción y el impulso del acogimiento familiar y la adopción de los menores que se encuentran en centros del sistema de protección de la Generalitat “para que muchos menores salgan de los centros y puedan crecer en el entorno de una familia”.