Catalá desmiente a su concejal tras anunciar la paralización de la permuta de las 39 VPP denunciadas ante la Fiscalía

El equipo de gobierno de María José Catalá ha desmentido las afirmaciones realizadas por su propio concejal de Urbanismo, Juan Giner, respecto a la situación de las 39 Viviendas de Protección Pública (VPP) en Patraix. A pesar de que el edil aseguró inicialmente ante los medios que el consistorio “no adquirirá ni adjudicará hasta que este extremo esté clarificado”, en referencia a las sospechas de comercialización previa que han llevado al PSPV a trasladar el caso ante la Fiscalía, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado posterior para rectificar estas palabras y negar cualquier paralización inmediata del proceso.

En una corrección directa a la postura de Giner, el comunicado oficial subraya que “Urbanismo no ha paralizado la construcción de las viviendas objeto de la permuta”. El gobierno municipal sostiene que el procedimiento es “totalmente legal” y se apoya en la declaración responsable de la constructora, que certifica que el edificio está libre de cargas. El Ayuntamiento se ha reafirmado en que, a día de hoy, no le consta ninguna denuncia ni reclamación de afectados con derechos sobre los inmuebles, por lo que la operación sigue su curso administrativo a pesar de la investigación abierta tras la denuncia de los socialistas.

La rectificación del Ayuntamiento matiza los tiempos y las condiciones de una posible suspensión: “Paralizaremos la adjudicación de los pisos cuando estén acabados en caso de que algún vecino tenga derecho sobre alguna de las viviendas, pero de momento no nos consta que sea así”. Con esta afirmación, el consistorio desautoriza la idea de una paralización preventiva inmediata, posponiendo cualquier decisión al momento en que las obras finalicen y solo si se presentan pruebas de terceros con derechos adquiridos. El concejal ha añadido que, si algún vecino demostrara tener derechos sobre las viviendas, “el Ayuntamiento será el primero que esté a su lado”.

Finalmente, el ejecutivo local ha respondido con dureza a las críticas del portavoz del PSPV, quien sostiene ante la Fiscalía que la operación podría ser constitutiva de fraude. El comunicado enfatiza que las bases del concurso han sido redactadas íntegramente por los técnicos municipales: “Nosotros no hacemos pliegos, eso lo hacen siempre los técnicos”. En un ataque directo a la formación socialista, el gobierno de Catalá ha señalado que “quizá cuando estaba el PSOE en el gobierno lo harían los políticos”, pero que bajo el actual mandato se respeta estrictamente la labor del cuerpo técnico municipal para garantizar la transparencia del proceso.