La gran megaurbanización de Andalucía vuelve a la carga para levantar en Barbate un complejo mayor que el propio pueblo

Cuatro años después de que la Junta de Andalucía frenara por motivos ambientales uno de los mayores desarrollos urbanísticos proyectados en el litoral andaluz, el futuro de Següesal Golf Resort vuelve a estar sobre la mesa. El Ayuntamiento de Barbate ha continuado la tramitación urbanística adaptando el expediente a la normativa vigente y el proyecto espera ahora una nueva decisión ambiental del Gobierno andaluz. El escenario ha reabierto un viejo enfrentamiento entre quienes defienden la iniciativa como una oportunidad económica y quienes la consideran incompatible con la conservación del entorno y con la realidad hídrica de la comarca.

En noviembre de 2022, la Consejería de Sostenibilidad emitió una Declaración Ambiental Estratégica (DAE) desfavorable que supuso un duro revés para una actuación que llevaba más de una década de recorrido administrativo. Aquella resolución entendía que la modificación urbanística necesaria para desarrollar el complejo podía provocar impactos relevantes sobre la biodiversidad, especialmente por su proximidad al Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate y por su afección a hábitats y especies protegidas. El informe también cuestionaba aspectos relacionados con la disponibilidad de recursos hídricos.

Aquella decisión obligó a los promotores a replantear una iniciativa de enormes dimensiones. El proyecto contempla transformar 312 hectáreas de suelo no urbanizable en un complejo turístico con un campo de golf de 18 hoyos, tres hoteles de cuatro y cinco estrellas, 635 apartamentos turísticos, 450 viviendas residenciales y la regularización de otras 49 edificaciones existentes. Se trata de una superficie de más de tres millones de metros cuadrados situada entre Barbate y Vejer, junto a uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia de Cádiz.

Una prórroga para volver a intentarlo

Sin embargo, el expediente nunca quedó definitivamente archivado. La propia resolución ambiental dejaba abierta la posibilidad de mantener su vigencia mediante una prórroga. Esa vía fue la que siguió el Ayuntamiento de Barbate. Según confirma a este periódico la Consejería de Sostenibilidad, tras la declaración ambiental desfavorable de 2022, el Consistorio solicitó en 2024 la prórroga de dicha resolución, que fue concedida. Posteriormente, presentó la documentación correspondiente a la Aprobación Provisional II de la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana, incorporando diversas modificaciones respecto a la propuesta anterior.

Fuentes de la Consejería explican que toda esa documentación “se encuentra actualmente en estudio y análisis por los servicios competentes dentro de la correspondiente tramitación administrativa”. Es decir, la Junta vuelve a examinar el expediente antes de decidir si las modificaciones introducidas permiten superar los obstáculos ambientales detectados hace casi cuatro años o si, por el contrario, mantiene los reparos que motivaron el rechazo inicial.

La nueva fase administrativa ha despertado la preocupación de Ecologistas en Acción. Lola Yllescas, portavoz del grupo Enebro de la organización en Cádiz, recuerda que el rechazo de 2022 obedecía fundamentalmente a dos grandes cuestiones. “Hubo una declaración ambiental desfavorable por dos cosas: por temas de agua y por temas relacionados con la Red Natura 2000 y los hábitats de interés comunitario”. A su juicio, la posibilidad de prorrogar aquella declaración permitió mantener vivo un proyecto que muchos daban por amortizado.

Problemas “históricos”

La activista sostiene además que el Ayuntamiento ha optado por tramitar una nueva aprobación provisional sin volver a someter el documento a información pública. “Hay un informe del arquitecto municipal que dice que las modificaciones no son sustanciales y por eso no se ha abierto otra exposición pública. Pero si realmente no son modificaciones esenciales, entonces una de dos: o la declaración ambiental volverá a ser desfavorable o habrá que explicar por qué ahora se considera aceptable algo que antes no lo era”, argumenta.

Ecologistas en Acción asegura observar con inquietud el cambio de escenario político en la Consejería de Sostenibilidad. “Con el anterior responsable hubo bastante rigor técnico pero en este momento no tenemos demasiada confianza en cuál será la actuación de la Consejería”, afirma Yllescas, que insiste en que las circunstancias ambientales incluso se han agravado desde 2022. La organización considera especialmente preocupante que el proyecto mantenga un campo de golf en un contexto de sequía estructural y junto a un parque natural que recientemente ha sufrido incendios forestales.

Para explicar la magnitud de la actuación, Yllescas recurre a una comparación muy gráfica. “La urbanización que se plantea es más grande que el propio pueblo de Barbate”, señala, y eso que hablamos de una localidad con más de 22.000 habitantes. Desde su punto de vista, resulta difícil justificar un desarrollo de estas características cuando el municipio sigue arrastrando problemas históricos en materia de depuración y reutilización de aguas. “La depuradora no funciona adecuadamente y seguimos teniendo un problema que incluso ha generado sanciones europeas. En estas condiciones nos parece absolutamente disparatado plantear un nuevo campo de golf en un entorno con escasez de agua y lindando con un parque natural”.

Otros dos grandes desarrollos en preparación

La organización ecologista también cuestiona el principal argumento utilizado históricamente por los defensores del proyecto: la creación de empleo. Yllescas considera que el discurso sobre los puestos de trabajo responde a un modelo ya superado. “Siempre se habla de riqueza y empleo, pero la realidad del litoral gaditano es muy distinta. Ahora mismo faltan trabajadores en numerosos sectores y no creemos que este tipo de macroproyectos responda a las necesidades reales de la población”.

Següesal no constituye, además, un caso aislado. Según denuncia Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de Barbate mantiene en tramitación otros dos grandes desarrollos turísticos pendientes de aprobación definitiva: Trafalgar-San Ambrosio y Sierrezuela Playa. Entre los tres sumarían más de cuatro millones de metros cuadrados destinados a nuevos usos turísticos y residenciales. La organización sostiene que comparten características similares: afectan a suelos no urbanizables, se sitúan alejados de los núcleos urbanos consolidados, lindan con espacios de elevado valor ambiental y, a su juicio, siguen sin ofrecer respuestas suficientes sobre el abastecimiento, el saneamiento y la depuración de las futuras instalaciones.

Mientras el Ayuntamiento guarda silencio sobre la evolución del expediente y evita realizar valoraciones públicas, al igual que la promotora Bogaris, la decisión vuelve a estar en manos de la Junta de Andalucía. La nueva evaluación determinará si Següesal Golf Resort consigue superar el obstáculo ambiental que en 2022 parecía haber paralizado definitivamente el proyecto o si, por el contrario, vuelve a encontrarse con el mismo muro que frenó entonces una de las mayores operaciones urbanísticas previstas en el litoral gaditano.