Bolaños acusa al Poder Judicial de paralizar sus quejas contra Peinado para buscar la “impunidad” por su jubilación

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un nuevo recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta vez, contra la decisión del órgano de denegarle el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. El ministro sostiene que la decisión de no entregarle esa documentación le causa una “indefensión real y efectiva” porque le impide contar con todos los datos con los que acudir a otras instancias, como el Tribunal Supremo. 

En el recurso, adelantado por El País, el ministro considera “llamativo” el contraste entre los tiempos de tramitación manejados por el CGPJ en las quejas formuladas contra el juez Peinado —cuya tramitación se demoró 14 meses— y la “celeridad” desplegada para pronunciarse su primer recurso de alzada, que la Comisión Permanente analizó y acordó rechazar en apenas 18 días. 

“La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él”, recoge el escrito, en el que acusa directamente a “los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente” de estar “abandonados a la molicie”. Este viernes es el último día en activo de Peinado en la carrera judicial, ya que se jubila este domingo al cumplir los 72 años. 

“La radical disparidad entre los tiempos de tramitación solo admite, en apariencia, dos posibles explicaciones: o la tramitación de la denuncia del Sr. Peinado fue demorada innecesariamente durante más de catorce meses, o mi recurso ha sido objeto de una aceleración extraordinaria para ser resuelto en unos días”, dice el escrito. A su juicio, esta situación “alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial”. 

Respecto al fondo del recurso, el ministro califica de “espigueo normativo” y de “régimen híbrido” la argumentación del CGPJ para bloquear la entrega del expediente de sus quejas contra Peinado. El Promotor de la Acción Disciplinaria alegó que las diligencias informativas son trámites “reservados”.

El ministro rebate que esa reserva legal está diseñada para proteger al juez frente a la opinión pública, pero no frente al denunciante. Al ocultarle estos documentos, la resolución impide verificar datos clave, como la fecha exacta en la que el juez tuvo conocimiento de la denuncia en su contra y que fue días antes de elevar una exposición razonada al Supremo para intentar imputar al propio Bolaños.