Ignacio González, visto para sentencia: las claves del primer juicio por corrupción del delfín de Esperanza Aguirre

Después de una hora de detallada exposición, la fiscal anticorrupción Ana Cuenca se dirigió este jueves por última vez a los miembros del tribunal encargado de juzgar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y les pidió que dictaran una sentencia “ejemplar”. “Como dice nuestro Tribunal Supremo, actos como este socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de derecho y quiebran la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas. Y por supuesto que nosotros no lo podemos permitir, señorías”, imploró. 

Fue el colofón del informe acusatorio de Cuenca, la fiscal encargada de impulsar las causas sobre las corruptelas en el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas que Ignacio González presidió entre 2003 y 2012, al tiempo que era vicepresidente autonómico. Después, a partir de 2012, sucedió en el cargo de presidente regional a Esperanza Aguirre. La exposición de la fiscal estuvo centrada en remarcar el carácter de empresa pantalla de TCT, sociedad vinculada al hermano y al cuñado de González. Según la representante de Anticorrupción, la mercantil se embolsó 294.000 euros de dinero público del Canal “a cambio de hacer nada”. 

Después, durante su turno, el abogado de Ignacio González, Esteban Mestre, contraatacó diciendo que tras seis días de juicio y la declaración de medio centenar de testigos y peritos no hay “ni una sola prueba” que avale las acusaciones contra su cliente. “Ninguno de los acusados, ningún testigo, ningún perito, ningún documento, ha respaldado que don Ignacio González haya adoptado una resolución arbitraria, haya malversado fondos públicos, haya ejercido tráfico de influencias o se haya lucrado”, defendió el letrado. 

La Fiscalía reclama cinco años de cárcel por delitos de cohecho para Ignacio González y para el resto de acusados: su colaborador Ildefonso de Miguel, su hermano Pablo González, su cuñado José Juan Caballero y el socio de estos, José Antonio Clemente. El Ministerio Público rebajó un año su petición de pena al considerar que existe una atenuante de dilaciones indebidas porque los acusados han pasado más de un lustro esperando a ser juzgados. El resto de acusaciones elevan sus peticiones hasta los siete años de prisión e incluyen delitos de tráfico de influencias, malversación o fraude. 

Los hechos enjuiciados se remontan a hace más de veinte años. En abril de 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Un año después, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidió hacer un “cambio de uso” en la zona y levantar un campo de golf tras copiar la idea en un viaje que hizo a Japón cuando estaba en la oposición, según admitió ella misma en una de las sesiones de juicio.

Esa variación en el contrato, aunque era muy relevante, se hizo sin una nueva licitación. El Canal le adjudicó directamente el modificado a Dragados, que subcontrató a la citada TCT, vinculada al hermano y al cuñado de González. Una empresa que “no tenía personal, ni experiencia, ni solvencia técnica, ni económica”, detalló la fiscal, para quien todo fue un trámite arbitrario e ilegal realizado adrede para evitar un concurso público y encubrir el pago de dádivas a los familiares de Ignacio González. De hecho, TCT tuvo que recurrir a otras sociedades para hacer los trabajos. Y a ambas les impusieron una mordida del 8%. 

“Qué curioso que una multinacional como Dragados tenga que recurrir a una empresa como TCT para buscar a alguien que haga unos trabajos que parece que no podía hacer. Y qué curioso que se avenga a perder un 8% de sus ganancias. Y qué curioso también que quienes reciben ese 8% sean los familiares del responsable del órgano de contratación”, expuso la fiscal, quien remarcó que TCT firmó la subcontratación con Dragados y con Onlygolf más de un mes antes de que el Consejo de Administración del Canal aprobara formalmente el modificado, lo que evidencia, a su juicio, que la adjudicación estaba pactada. 

Ocultación al Canal

La tesis de las acusaciones —además de la Fiscalía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el PSOE— es que Ignacio González y quien fuera su mano derecha en el Canal, Ildefonso de Miguel, llevaron a cabo una estrategia de ocultación ante los miembros del Consejo de Administración del ente encargados de aprobar ese modificado. 

Durante el juicio, varios consejeros aseguraron que nadie les explicó los lazos familiares de TCT con Ignacio González, que tampoco se abstuvo en una votación que fue aprobada por unanimidad. Especialmente categórica fue la exconsejera Paz González García, que fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón. Dijo que nunca se dio esa información y que, de haberse dicho, su voto habría sido otro muy diferente.

En su declaración, el propio Ignacio González afirmó que tampoco él sabía que su hermano y su cuñado estaban detrás de la empresa a la que otorgó los contratos del campo de golf. “Yo nunca tuve conocimiento de qué era TCT y no tuve ningún conocimiento hasta que después de hacerse todo el proceso y toda la adjudicación aparecieron algunas informaciones”, aseveró en una explicación que la fiscal consideró “absolutamente ridícula”. 

Su declaración contrasta con la de otros testigos, como la representante de Soto Once, una de las empresas de la UTE en la que estaba TCT y a la que se adjudicó un segundo contrato para la gestión del campo de golf. Esta testigo ratificó en el juicio su declaración policial y afirmó que en el entorno empresarial se sabía que detrás de TCT estaba el hermano de Ignacio González. También el propio contable de la empresa detalló los sistemas de reparto de beneficios en los que participaba Pablo González.

En sus conclusiones, las acusaciones aludieron también al documento de TCT que los agentes de la UCO incautaron en el domicilio de Ignacio González o a la grabación en la que, en 2017, se escucha como Pablo González dice expresamente a su hermano: “Conseguí esa adjudicación, por supuesto, gracias a tu ayuda”. El abogado del expresidente madrileño defendió que esa grabación era “una cortina de humo” e insistió en que, en ningún caso, ambos hablaban en esa ocasión de los contratos del campo de golf. 

La defensa de Ignacio González señaló a las acusaciones por, a su juicio, haber sustituido las pruebas por sospechas e imputaciones basadas únicamente en su cargo político o en sus lazos familiares. Además, su abogado remarcó que en las periciales de Hacienda y de la UCO no hay rastro de la “responsabilidad” de Ignacio González en los hechos ni de que cobrara dinero irregular. E insistió en que los acuerdos del Canal de Isabel II fueron aprobados por unanimidad en un Consejo de Administración formado por 15 miembros y que fueron respaldados por informes técnicos y jurídicos, sin que su cliente presionara o influyera en sus miembros. 

Antes de retirarse a deliberar, los tres miembros del tribunal escucharon también las críticas de las defensas a la petición de la Fiscalía de una sentencia “ejemplar”. “No estamos aquí para dar ejemplo a la sociedad”, clamó Esteban Mestre, el abogado de Ignacio González, quien dijo que se había quedado “aterrado” con el planteamiento del Ministerio Público. En términos similares se expresó el letrado del hermano y el cuñado del expresidente regional, José María de Pablo, quien mantuvo que las sentencias ejemplares pertenecen a la Edad Media. “Lo que realmente socava el Estado de Derecho es acusar sin pruebas de cargo”, defendió. 

El futuro de los cinco acusados queda ahora en manos de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que tendrán que pronunciarse sobre si cometieron los delitos que les atribuyen las acusaciones.