Evaluación: la asignatura pendiente de las políticas públicas

Mi madre era una mujer manchega que utilizaba los refranes con gracia y muy oportunamente. Ante cualquier acontecimiento lamentable e imprevisto decía: “Siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”.

Más allá de las frases hechas, somos una sociedad que presta poca atención y escasos recursos a la prevención. Tal vez porque para prevenir hay que evaluar y siempre es más tangible reaccionar ante la catástrofe y ante lo que requiere actuaciones inmediatas. Sin embargo, pagamos un coste demasiado alto por no invertir lo suficiente en evaluación y en políticas preventivas.

Este descuido o resistencia a la evaluación técnica y rigurosa de las políticas públicas tiene un sustrato cultural que se nutre de la desconfianza y del uso que hacemos de cualquier evaluación. No nos gusta ser evaluados porque tememos la reprobación.

Los medios de comunicación, aunque no todos de la misma manera, utilizan buena parte de la información, la voz de los/as opinantes, los debates y las tertulias, no solo para contar y valorar la actualidad, sino para enjuiciar y desacreditar la actuación de las personas o personajes que ejercen la política. Lo mismo sucede con los propios partidos políticos y con la ciudadanía en general. Por eso, nos resistimos a la evaluación, porque asumimos que es un arma de combate o una herramienta que puede descalificar nuestro trabajo.

Sin embargo, no dejamos de emitir críticas y juicios de valor, no siempre condenatorios, a veces también son para alabar o defender a quienes están más próximos/as a nosotros/as. Pero son evaluaciones espontáneas, realizadas en el plano emocional y con poco rigor técnico. Lo que realmente tenemos descuidado y poco instituido en el ámbito de las organizaciones y de las administraciones públicas es la evaluación de los programas y servicios públicos.

Es verdad que las administraciones públicas han avanzado mucho en los controles de legalidad y en la fiscalización económica de los gastos, pero no lo han hecho en igual medida con la evaluación de la eficacia, la eficiencia y el impacto de sus políticas. Generalmente la evaluación es el último apartado de un programa de actuación, al que se le da una importancia residual y se aplican inconsistentes metodologías y escasos recursos para realizarla.

Esto sucede porque una evaluación rigurosa necesita métodos y técnica fiables y válidas. Tal vez para ello se requiera externalizar la función evaluadora (con sus ventajas e inconvenientes, un debate pertinente) o contar con perfiles profesionales con formación y competencias en el ámbito de la sociología, las ciencias políticas y de la Administración y/o expertas en la evaluación del impacto social de las políticas públicas.

Es importante evaluar el impacto de las políticas y no solo su implementación y, en este sentido, cualquier método elegido debe evaluar el llamado 'contra-factual', es decir, cuál habría sido el resultado en las personas si no se hubiera realizado el programa. A veces hacemos juicios severos sobre las actuaciones que se realizan y no tanto con las que se dejan de hacer, entendiendo equivocadamente que la responsabilidad está solo en la acción, lo cual genera importantes frenos al cambio, a la innovación y a las propias mejoras.

Es importante evaluar el impacto de las políticas y no solo su implementación y, en este sentido, cualquier método elegido debe evaluar el llamado 'contra-factual', es decir, cuál habría sido el resultado en las personas si no se hubiera realizado el programa

La aplicación de la evaluación de políticas públicas en España sigue siendo una asignatura pendiente, a pesar de la aprobación de la Ley 27/2022 para la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, que ha pasado bastante desapercibida y no está ocupando el lugar que le corresponde en la agenda política y mediática. Castilla-La Mancha está en ello, pero como ocurre en otras comunidades autónomas, no observo su prioridad ni que se esté siendo consciente de su impacto transformador y regenerador.

Conviene que la evaluación sea rigurosa y fiable, pero sobre todo ha de ser útil para la mejora de las prestaciones. Se necesita también que las actuaciones y los programas sean evaluables y que permitan ver sus resultados y su impacto real sobre la ciudadanía que es (o debería ser) el objetivo esencial de todas las políticas públicas.

Una administración pública moderna debe estar orientada a las personas y a los colectivos que atiende o protege, por lo que ha de conocer sus necesidades, planificar sus actuaciones, desarrollarlas y evaluar sus resultados. Debe instaurarse la lógica de las ruedas de la calidad en todos los ámbitos, que no es otra que la lógica del sentido común y de cualquier comportamiento racional.

Decía el sociólogo Francisco Alvira que “evaluar es adjudicar valor para actuar, no solo para juzgar”. Y es que la utilidad de una evaluación rigurosa no radica en el juicio sobre el éxito o el fracaso de las personas responsables de la gestión política, ni en establecer rankings comparativos, sino en que es un elemento esencial para la mejora de gestión pública.

En la gestión pública, como en todos los ámbitos de la vida, los errores existen, pero el principal error es no querer conocerlos ni reconocerlos pensando que esto nos libra de un juicio reputacional. Aquí radica el error colectivo, nuestra cultura necesita culpables y destinamos un esfuerzo mucho mayor a atribuir las culpas que a buscar soluciones.

En la gestión pública, como en todos los ámbitos de la vida, los errores existen, pero el principal error es no querer conocerlos ni reconocerlos pensando que esto nos libra de un juicio reputacional

Una evaluación efectiva no busca identificar culpables ni tampoco conceder medallas, sino detectar los fallos y explorar las posibilidades de mejora para que el resultado de las políticas y la calidad de los servicios públicos sean eficaces, eficientes y mejoren la vida las personas.