¿Es posible acabar con el acoso laboral y el caciquismo en la universidad?

La universidad se presenta a sí misma como el espacio de la razón crítica, del diálogo ilustrado y del desarrollo intelectual. Desde su decisiva reforma moderna inspirada en el ideal humboldtiano —encarnado en la Universidad Humboldt de Berlín— se concibe como una comunidad de investigadores libres unidos por la búsqueda de la verdad. Sin embargo, bajo ese ideal normativo, la realidad cotidiana muestra con demasiada frecuencia prácticas que lo contradicen: acoso laboral, relaciones clientelares y formas más o menos sofisticadas de caciquismo académico.

¿Es posible acabar con ello? La respuesta honesta es compleja: no completamente, pero sí significativamente.

Una estructura que favorece la dependencia

El problema no es coyuntural, sino estructural. La carrera académica está marcada por una fuerte asimetría de poder: contratos temporales, evaluaciones opacas, tribunales cuyos miembros pertenecen a redes disciplinares estrechas. En ese contexto, quien controla la dirección de proyectos, másteres, direcciones de tesis, etc. concentra un poder decisivo sobre trayectorias profesionales frágiles.

Las estructuras universitarias están fuertemente jerarquizadas y ello da pábulo a que determinados sujetos y grupos ostenten mucho poder. Tal vez esto no sea necesariamente ilegal, pero sí contrario al ethos universitario. El acoso laboral —ya sea explícito o en forma de marginación, bloqueo de publicaciones o sobrecarga selectiva de tareas— encuentra en esta estructura un terreno fértil.

Pero esta estructura jerárquica se extienden también al colectivo del PTGAS (Personal Técnico de Gestión Administración y Servicios), que en ocasiones sufre el acoso laboral del PDI (personal docente e investigador) o incluso de otros compañeros PTGAS.

La cultura del silencio opresivo

A la estructura se suma la cultura del silencio opresivo. En muchas universidades persiste una lógica corporativa: “no dañemos la imagen de la institución”. El miedo a represalias, la precariedad y la dificultad probatoria convierten la denuncia en un acto heroico y que muchas veces desemboca en la revictimización del acosado. En ocasiones como, por ejemplo, en los casos particulares de acoso sexual, los protocolos existen formalmente, pero funcionan de manera lenta, ambigua e insuficiente, a tenor del testimonio de los representantes de las diversas secciones sindicales. En otras situaciones de extorsión, como es en el caso del acoso laboral muchas universidades ni tan siquiera cuentan para ello con un protocolo.

Surge aquí una acuciante paradoja: la institución encargada de formar ciudadanos críticos puede reproducir dinámicas de dominación que recuerdan más a sistemas premodernos feudales que a comunidades realmente deliberativas.

¿Qué cambios serían necesarios?

Acabar radicalmente con el acoso quizá sea utópico —ninguna organización humana está libre de conflictos de poder—, pero reducirlo drásticamente sí es posible si se actúa en varios niveles:

Formación y compromiso ético obligatorio para cargos académicos; tribunales verdaderamente externos y rotatorios; acompañamiento y protección del denunciante; transparencia radical empezando por los sueldos y gastos protocolarios de los principales cargos de la institución (Rector/a y Vicerrectores/as); evaluación institucional periódica.

Más allá de las reformas normativas, la universidad necesita recuperar algo más profundo: su conciencia ética. Si aceptamos, con la tradición clásica, que las instituciones también encarnan virtudes o vicios, entonces el problema no es únicamente jurídico, sino ético. Allí donde se normaliza la arbitrariedad, la institución entera se degrada.

La universidad no puede aspirar a ser referente moral en la sociedad si tolera dinámicas internas de intimidación o favoritismo. El prestigio científico no compensa la injusticia cotidiana.

De veras sería una magnífica noticia que toda candidatura al rectorado de una universidad pública (y no solo una entre varias), adquiriese ante toda la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto el compromiso de seguir un código ético y además se sometiera a un proceso de transparencia radical; que desafiara la desigualdad clasista entre las diferentes categorías profesionales y promoviera una democracia más participativa y una interlocución real con toda la comunidad universitaria.Este sería el mejor ejemplo ante toda la sociedad de que no es el poder de aferrarse a un cargo, ni tampoco el interés propio lo que buscan, sino un auténtico servicio público. La candidatura de Carles Padilla al Rectorado de la Universitat de Valencia ha hecho una apuesta valiente y decidida en esta dirección.

Reducir el acoso y el caciquismo exige voluntad política, valentía institucional y una transformación cultural que reemplace la lógica de la obediencia por la del reconocimiento recíproco; la jerarquía establecida por la escucha activa de todos y a todos. Exige que las proclamas de los derechos humanos y de la dignidad humana no queden en principios grandilocuentes, sino que vayan acompañados de gestos de cuidado y atención a los demás, especialmente aquellos que se encuentran en una situación profesional y personal más frágil.

La universidad nació como comunidad de saber. Solo seguirá siéndolo y cumpliendo su misión en nuestra sociedad actual si es también comunidad de justicia que persigue el bien común.

*Javier Gracia Calandín, profesor de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València