El plan de Catalá para construir mil viviendas protegidas en València, en el aire: bajas por vínculos con el PP y dos denuncias

El plan para construir casi mil viviendas en València, una de las medidas estrella del PP de María José Catalá, se tambalea en el ecuador del mandato. La alcaldesa de València, quien hizo de la construcción de vivienda protegida una marca del gobierno -y reprocha constantemente a la izquierda que no finalizara construcciones públicas en ocho años- fía la estrategia para reducir los problemas de vivienda de la ciudad al modelo de permuta, un intercambio de suelo público para construir vivienda protegida por inmuebles ya construidos que se incorporan al parque público.

La idea, que a priori puede parecer una respuesta rápida a un problema en aumento, se percibe como un negocio y una privatización de las viviendas protegidas: las promotoras ganan suelo público a cambio de una pequeña cantidad de pisos terminados, construyen con subvenciones públicas para compensar la limitación de precio, y tienen la venta de los inmuebles prácticamente asegurada. La oposición municipal considera que es una forma de 'despatrimonializar' la ciudad, una pérdida de suelo público, y que existen otras vías para aumentar el parque de vivienda pública: la construcción directa, el derecho de tanteo, la adquisición de inmuebles o los derechos de superficie.

A las consideraciones sobre el modelo en sí se han sumado en el último año y medio sospechas sobre los procedimientos de contratación, que siempre se han realizado por concurrencia pública. Llegada la mitad del mandato, con varias promociones ya en marcha que superan el medio millar de viviendas, dos han sido denunciadas y una tercera se quedó sin promotor tras destaparse vínculos de la empresa con el PP valenciano.

227 viviendas de alquiler, desiertas

La primera gran promoción que quedó en el aire fue la de 227 viviendas de alquiler asequible proyectadas entre Nou Moles y la pedanía de Faitanar. A este contrato, anunciado en 2024, y mediante el proceso de derecho de superficie, solo concurrió la empresa SFI Consulting. La firma es propiedad de Javier Timoner, casado con la diputada del PP Alma Alfonso, parlamentaria que también está en la ejecutiva local del partido conservador junto a María José Catalá. La empresa resultó adjudicataria en el concurso público, pero, tras conocerse el vínculo y las denuncias de la oposición, el empresario remitió un escrito al Ayuntamiento renunciado a la adjudicación a consecuencia de la “huida del capital necesario” tras lo que considera “insidias” del PSPV.

La alcaldesa anunció, tras conocer la renuncia, que el ayuntamiento construirá las 227 viviendas de alquiler social, en cuatro solares municipales ubicados en Nou Moles y Faitanar. Catalá criticó que la oposición “ahuyente” la inversión privada la inversión privada destinada a la construcción de vivienda protegida en un procedimiento “totalmente transparente y de pública concurrencia”.

Una permuta de 486 viviendas, en Antifraude

La segunda promoción cuestionada se realizó mediante permutas, en un proceso iniciado en mayo del 2024, a través de una moción impulsada por los concejales de Urbanismo y Patrimonio, Juan Giner y José Marí Olano -quien ya no asume esta responsabilidad-. En este caso, el Ayuntamiento cedía ocho parcelas municipales, con capacidad para 400 viviendas, a cambio de 86 pisos ya construidos. Se trata de ocho parcelas del PAI de la Fuente de San Luis, cuyas obras finalizaron en octubre de 2022. El PSPV llevó a la Agencia Antifraude este acuerdo, señalando además que de las 400 viviendas previstas sobre suelo público, 100 serán de promoción privada. Este concurso lo ganó Promociones Inmobiliarias Cap Salou SLU, del Grupo Lobe, que también recibirá 4,5 millones de euros de compensación por la diferencia entre el valor del edificio construido y el de las parcelas en las que construirá. En la Fuente de San Luis, un piso de obra nueva en renta libre puede superar los 370.000 euros; en cambio, el metro cuadrado en VPP está limitado a un máximo de 2.400 euros.

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto un expediente de investigación al ver “indicios razonables de veracidad” en la denuncia presentada por el PSPV. Los socialistas plantearon que en el momento de aprobar la moción no habían transcurrido los dos años que marca la ley para iniciar los trámites de edificación desde que el terreno hubiere adquirido la condición de solar -“ni siquiera la normativa vigente apremiaba a la Concejalía para tener que iniciar el proceso de privatización”, apuntaron- y que “la necesidad o conveniencia de la permuta se ha basado en informes erróneos y hechos inciertos”. Así, consideran que el interés público que debe conllevar la permuta no está justificado: el ayuntamiento pierde suelo, podría ganar más vivienda construyendo directamente -no perdería los 100 pisos de renta libre- y además ha de compensar a la constructora. “Con esta operación urbanística, el Ayuntamiento pierde suelo para 400 viviendas públicas a cambio de 86 viviendas construidas”, recalca el escrito.

39 viviendas construidas a cambio de solares para edificar 200, en Fiscalía

La tercera de las permutas, un intercambio de cuatro solares con capacidad para edificar 200 viviendas a cambio de un edificio de 39, es la historia más compleja. Esta se ha judicializado dos veces, con sendas denuncias del PSPV. Primero, los socialistas llevaron el acuerdo al contencioso al considerar “arbitraria” la elección y entender que no se justificaba el interés general de la operación. Después, a Fiscalía, apuntando posibles delitos de falsedad documental y estafa hacia la constructora, e incluso una prevaricación administrativa del consistorio.

La cuestión a determinar es si las viviendas que la promotora, Domio Desarrollos II, había comercializado las viviendas de protección pública antes de presentarse al concurso municipal. Los socialistas recabaron denuncias de varios vecinos que habían reservado los pisos sobre plano, abonando mil euros de señal. En el verano de 2004, cuando se anunció el plan de permutas de València, la promotora empezó a devolver el dinero, como narraron algunos vecinos en prensa.

Los pliegos de las permutas exigen que las viviendas no estén comercializadas y no exista un derecho sobre ellas. Los vecinos, sospechando que se podría cancelar su reserva, acudieron al Ayuntamiento y pidieron acceder al expediente, algo que el consistorio les permitió. La Administración recogió sus dudas sobre el proceso y les reconoció como interesados. Casi un año después, ya en octubre de 2025, la promotora ganó el concurso, que requería una declaración responsable sobre el cumplimiento de los pliegos y que el Ayuntamiento ya está revisando. Así, según la denuncia presentada por el PSPV, la empresa podría haber mentido en la declaración responsable y el Ayuntamiento haber ignorado la información que constaba en el expediente, que acreditaría un incumplimiento de los pliegos. La oposición considera que la permuta debería declararse nula y revertirse el proceso.

El consistorio ya ha reclamado a la empresa la documentación sobre la declaración responsable y ha encargado un informe a los servicios jurídicos. El edil de Urbanismo aseguró que, si hubiera alguna denuncia sobre las viviendas adquiridas por el Ayuntamiento, se revisaría la adjudicación.

Pero ahí no acaba la cosa. Los socialistas desvelaron también que el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, anterior responsable de Patrimonio y uno de los impulsores de la permuta de solares para construir viviendas protegidas bajo sospecha, José Marí Olano, mantenía un vínculo con la promotora. El edil, que fue abogado general de la Generalitat Valenciana y responsable de los servicios jurídicos, coincidió con la apoderada de la empresa matriz de la constructora, que es abogada de la Generalitat. Es, a su vez, la mujer del promotor. Marí Olano reconoció en el pleno municipal que coincidieron en ese periodo, y que la funcionaria es compañera de su hijo, también en la abogacía de la Generalitat. Ni el concejal ni el consistorio consideran que tenga trascendencia, y niegan cualquier trato de favor, como desliza el PSPV. “La verdad es que no tenía ni puñetera idea, no sabía que era la esposa del dueño de Domio. A Miguel [Ferrer Vanaclocha, el promotor] lo he conocido estas semanas y me lo dijo: mi mujer te conoce mucho, fue abogada de la Generalitat contigo. Eso es todo lo que sé”, señaló el edil.