Benta Berri ante los desahucios: 510 familias denuncian décadas de promesas incumplidas y temen ser expulsadas en 2028

En el barrio donostiarra de Benta Berri, más de 500 familias tienen sus viviendas, en las que viven de alquiler, en una cuerda floja. Tras 28 años en viviendas de protección oficial (VPO), existe la posibilidad de que en 2028 tengan que desalojarlas. Con un derecho de adquisición preferente a los 12 años de alquiler que nunca se cumplió, la asociación de vecinos de Benta Berri, Alokairu, le cuenta a este periódico su lucha y los pasos que han dado para que el Gobierno vasco les ayude a mantener sus viviendas.

En Euskadi, antes de 2003, las viviendas de protección oficial tenían fechas de liberalización de entre 30 y 50 años. Es decir, se convertían en libres y su valor de mercado se disparaba. Sin embargo, como recuerda el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, desde 2003 las VPO son ya “de calificación permanente”. ¿Qué pasa en Benta Berri es particular? Como el concurso de estas viviendas se realizó antes de la legislación actual, no se contempla ninguna prórroga de la calificación. Por esa razón, los vecinos temen que, una vez entren en el mercado libre, les resulte imposible asumir el coste de sus apartamentos.

Las VPO de Benta Berri salieron a concurso en 1994, explica la asociación. La oferta incluía el terreno, la construcción de 540 viviendas protegidas y el derecho de superficie durante 75 años. En 1996, el Gobierno vasco anunció a la adjudicataria: UTE Benta Berri, compuesta por las constructoras Metrovacesa y Vallehermoso. Un año después comenzó la promoción de las 510 VPO destinadas al alquiler -los 30 espacios restantes quedaron en manos del Ayuntamiento para otros objetivos municipales-.

Antxon Pró y Josetxo Varadero, miembros de Alokairu, relatan que en aquel entonces las promociones del Gobierno vasco se difundían mediante folletos impresos, donde se explicaban los requisitos y el proceso para optar a una vivienda protegida. La asociación todavía conserva uno de esos documentos, en el que se indicaba que, tras 12 años de alquiler, los inquilinos podrían acceder al derecho de adquisición preferente para comprar el piso a un precio tasado.

No obstante, a la hora de firmar el contrato, explican los miembros de Alokairu, ese punto no aparecía en los documentos. Ante la incertidumbre, Pró y Varadero aseguran que el Gobierno les garantizó verbalmente que podrían comprar las viviendas a los 12 años aunque no figurara por escrito. Ambos recuerdan haberse sentido presionados para firmar. “Si no quieres, hay más de mil familias esperando”, recuerda Varadero que le dijeron entonces. Pró añade que recibió “la misma contestación”.

Pró admite que confió en la palabra del Gobierno, igual que muchas otras personas. La mayoría de los inquilinos, según explican desde la asociación, tenía interés en comprar la vivienda. “Nos dijeron que a los 12 años se haría realidad” el derecho de adquisición preferente, insiste Pró. Pasado ese tiempo, la posibilidad de compra nunca llegó porque la propiedad no quiso vender. El viceconsejero recuerda que, para aplicar ese derecho, “es necesario que el propietario de la vivienda quiera venderla”, tal y como recoge el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Con los años, la propiedad de las VPO ha cambiado de manos. Primero, en 2016, UTE Benta Berri traspasó los inmuebles a Testa Residencial. Más tarde, la sociedad quedó vinculada al fondo de inversión Blackstone. Este fondo acumula denuncias internacionales por desahucios y subidas de alquileres, aun así se hace con más de treinta mil apartamentos en toda España.

Ahora, 28 años después, al menos cuarenta inquilinos de Benta Berri han recibido cartas de no renovación, explican desde Alokairu. Temen que quienes todavía no las han recibido acaben siendo expulsados igualmente mediante subidas drásticas del alquiler una vez las viviendas pasen al mercado libre. Según Pró, un alquiler que actualmente ronda los 900 euros mensuales podría ascender hasta los 1.600 euros. Además, recuerdan que esos 900 euros ya representan el precio de VPO más alto de España.

Ante los posibles desahucios, Alokairu se ha movilizado junto a Stop Desahucios y ha conseguido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco muestren interés por la situación. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha mantenido reuniones con los afectados y ha logrado frenar, por ahora, los primeros desalojos. “Ha bloqueado esas no renovaciones, y eso es un hecho”, admite Pró. Itxaso lidera además las negociaciones con la propiedad para evitar que las viviendas entren en el mercado libre.

A pesar de algunos avances, la desconfianza sigue presente. Varadero cuenta que “siempre han sido muy amables, muy interesados… y luego, ni caso”. Aun así, ambos miembros de Alokairu valoran positivamente la implicación de Itxaso, quien ya se ha reunido dos veces con los vecinos afectados. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana asegura a este medio que se están “analizando las posibles alternativas” en caso de que no se alcance un acuerdo con Blackstone.

El departamento también recuerda que, una vez transcurridos los 75 años del derecho de superficie, las viviendas revertirán al Gobierno vasco. Hasta entonces, se supervisará la actividad de la propiedad, especialmente teniendo en cuenta que Donostia es una zona tensionada, lo que implica limitaciones en los precios del alquiler de larga duración. Por el momento, el departamento no contempla restringir el acceso de grandes fondos como Blackstone a viviendas protegidas, “aunque no se descarta” hacerlo en el futuro.

Desde Alokairu no descartan ninguna vía para resolver el conflicto: mantener el alquiler protegido, impulsar fórmulas de compra colectiva o cooperativa, o incluso una intervención pública más ambiciosa. “Más vale algo que nada”, expresa Pró a este diario. Aun así, reconocen que su opción preferida sigue siendo la compra colectiva, para que los inquilinos que siempre quisieron adquirir sus viviendas puedan finalmente hacerlo.