La excuñada del alcalde de Alicante también fue agraciada con una VPO en el mismo edificio y rellano que su mujer

El escándalo de las 140 viviendas protegidas de Les Naus que se han adjudicado personas vinculadas al PP y familiares de funcionarios y de personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante no es un caso aislado, o al menos no es el único que se ha dado. Y es que, hacía 20 años que no se construía una promoción de VPO en la capital alicantina. Y precisamente, ese tiempo atrás sucedió algo similar en otra urbanización, en concreto, entre 2005 y 2006.

Este es el caso del residencial Los Lirios, también con zonas comunes con piscina, donde la mujer del alcalde, Luis Barcala, se hizo con una vivienda protegida para destinarla a alquiler, tal y como avanzó elDiario.es. A tenor de la información y la documentación recabada por esta redacción, también la ahora excuñada del primer edil se hizo con otra casa ubicada precisamente en el mismo rellano que la de su mujer, en concreto en la puerta de en frente en un piso en el que solo hay dos inmuebles.

La excuñada del alcalde adquirió la vivienda cuando aún estaba casada con Carlos Barcala, hermano del alcalde y piloto aeronáutico de profesión, aunque años después se separaron. Fuentes de alcaldía han asegurado a elDiario.es que el inmueble siempre ha estado a nombre de la ahora exmujer. Pese a todo, diversas fuentes conocedoras de la situación han asegurado que era Carlos Barcala el que normalmente se encargaba de todas las gestiones relacionadas con esta vivienda protegida, incluso tras separarse de su mujer.

El inmueble se puso en venta en el año 2020 una vez transcurridos los 10 años de protección con que contaba y en los que se debía destinar a alquiler con un precio tasado por la Generalitat y destinado a inquilinos que cumplieran los requisitos establecidos en la normativa autonómica en cuanto a límites de renta y demás restricciones. Algunas fuentes del sector inmobiliario aseguran que se habría vendido por unos 165.000 euros, casi tres veces su precio inicial. Desde alcaldía han insistido en que fue la exmujer de Carlos Barcala como propietaria del piso la que lo vendió cuando ya estaban divorciados.

Así, en una misma promoción de VPO y puerta con puerta, la mujer y la entonces cuñada del alcalde de Alicante consiguieron sendas viviendas en unas condiciones más que ventajosas y con la posibilidad de comerciarlas a precio de mercado a los diez años de adquirirlas. La excuñada ya la ha monetizado, mientras que Sagrario Martín, la mujer de Barcala, todavía la tiene en alquiler, aunque su valor se ha disparado. Necesitaría una autorización de la Generalitat para poder transferirla a un precio de hasta 250.000 euros.

El peculiar marco legal aprobado por el PP en 2002

Como informó este diario cuando destapó el caso de la VPO que se quedó la mujer del alcalde, la fórmula jurídica para poder hacerse con estas casas fue aprobada por el PP a inicios del presente siglo y permitió a los compradores beneficiarse de un negocio redondo. En esta promoción había un total de 12 viviendas protegidas que la promotora podía vender a terceros, previa autorización de la Generalitat Valenciana, que a su vez debían destinarla de forma obligatoria a alquiler con los parámetros establecidos por la administración. De esas 12, una se la quedó la mujer del alcalde y otra su excuñada. La identidad de los otros 10 propietarios de momento se desconoce.

La promotora de la promoción de VPO Los Lirios de Alicante, donde tiene la VPO la mujer del alcalde y su excuñada hasta que la vendió, fue Antares Inmoinvest SA, una conocida empresa alicantina que en la actualidad sigue presentándose a la gestión de viviendas protegidas.

En el caso de Sagrario Martín, mujer del primer edil, se quedó un piso de 90 metros cuadrados, una plaza de garaje y un trastero, además de la parte proporcional de las zonas comunes, donde hay una piscina, mediante la subrogación de un préstamo con Caja Madrid por valor de 68.489,73 euros. Unas condiciones que no debieron ser muy diferentes a las que obtuvo la exmujer de Carlos Barcala.

A cambio de este precio ventajoso, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar, y según el decreto en el que se amparaban estas viviendas, se debía mantener la vivienda en alquiler durante un plazo de entre 10 y 25 años a un precio tasado. Después, y según la misma norma, “en el supuesto de que el inquilino no comprase la vivienda, el arrendador podrá optar por continuar con la explotación de la misma en régimen de arrendamiento o venderla, previa autorización del cambio de uso por parte de los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, coincidiendo con la terminación del plazo del contrato de arrendamiento o de alguna de sus prórrogas”. Sagrario Martín pudo acogerse al plazo de 10 años de limitación del precio del alquiler y a buen seguro también la excuñada del alcalde, ya que de lo contrario no se hubiera cumplido el plazo legal para poder ponerla en venta.

De esta manera, mientras se cobra el alquiler se va pagando la hipoteca subrogada y una vez liquidada y liberado el inmueble de la protección, se puede alquilar o vender en el mercado de renta libre. El procedimiento que se siguió para elaborar listas de posibles adjudicatarios para estas viviendas y para su adjudicación es una incógnita, más allá de lo señalado por Barcala cuando se hizo público el caso de su mujer: “La compradora se entera porque el plan parcial de Benisaudet fue una actuación en la que el entonces Instituto Valenciano de Vivienda promovió suelo para varios edificios de viviendas protegidas y fue muy conocido en todo Alicante”.

Según la norma de 2002 por la que se rigen estas VPO, “en caso de venta por cualquiera de los supuestos indicados, el precio máximo de la vivienda, que figurará en el visado del contrato de compraventa expedido por los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, no podrá superar, por metro cuadrado de superficie útil, 1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en el momento de la transacción. Si la vivienda tuviera garaje o trastero, será de aplicación el porcentaje establecido en el párrafo b) del artículo 14 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, a efectos del cálculo del precio de los mismos”.

Así pues, en el caso de la mujer del alcalde Luis Barcala, si quisiera vender la vivienda hoy podría aspirar a 1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en el momento de la transacción, que actualmente es de 2.230 euros por metro cuadrado, según el Instituto Nacional de Estadística. Si se multiplica por 90 metros, en estos momentos el piso VPO podría ser traspasado por hasta 250.875 euros, siempre que el cambio fuese autorizado por la Conselleria de Vivienda.