Un juzgado admite las querellas de PP y Vox por el rescate de Air Europa y cita como investigado al vicepresidente de la SEPI

El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha admitido las querellas interpuestas por los partidos políticos PP y Vox en las que solicitaban que se abriera investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa en el préstamo público de 475 millones de euros concedido a la aerolínea Air Europa en noviembre de 2020. Como primera diligencia cita como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora -quien era máximo responsable del órgano que dio luz verde a ese rescate- , el próximo 3 de julio.

En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, el el juez José María Escribano señala que las querellas recibidas reúnen los requisitos marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, las admite a trámite. Añade que dado que no se ha determinado ni la naturaleza ni las circunstancias de los hechos, ni las personas que en ellos han intervenido, procede a abrir diligencias previas y practicar la prueba esencial antes de decidir el procedimiento aplicable. Eso sí, acuerda casi la totalidad de lo que solicitó el PP en su querella.

Además de la declaración como investigado de Lora, requierer a la SEPI y al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para que aporten una serie de datos y documentos, como el expediente del rescate público, los informes de fiscalización, todos los correos al respecto, los contratos de financiación y todos los detalles relativos al consejo gestor que participó en decisiones sobre el rescate de la aerolínea.

Según la querella del PP, a la que tuvo acceso elDiario.es, Air Europa no cumplía con los requisitos legales para acogerse a ese préstamo público porque, según información publicada en prensa Globalia -matriz de la aerolínea- “mantenía a cierre del ejercicio 2019 una deuda tributaria por importe aproximado de 5,8 millones de euros, derivada de actuaciones de inspección del IVA correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015. Lamenta así que, pese a que uno de los requisitos exigidos para la concesión del rescate era no mantener deudas con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social, la SEPI recabó informe de la Abogacía del Estado que fue favorable.

Al hilo, los 'populares' recordaban en la querella que el apoyo financiero público no se concedió directamente a la aerolínea operativa, sino a través de Air Europa Holding SLU, una “sociedad interpuesta (...) que carecía de actividad real, no tenía empleados y no había generado ingresos, actuando exclusivamente como vehículo tenedor de participaciones”. Y sumaban a esto que el rescate por importe total de 475 millones de euros se estructuró en dos tramos diferenciados para así evitar “la obligación de someter la operación al control directo previo de la Comisión Europea”.

El PP entiende que los hechos encajan en el delito de prevaricación administrativa porque se trata, a su juicio, de “una resolución arbitraria” en un asunto administrativo dictada por autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. Explica que fue el consejo gestor del FASEE el órgano administrativo que instruyó y decidió materialmente si la empresa cumplía o no los requisitos.