El juicio al gerente de Okupacción por supuesto acoso a una familia se pospone: podría ampliarse por delito continuado

El juicio contra José Antonio R. C., gerente de la empresa de desalojos Okupacción y acusado de acosar supuestamente a una familia con tres hijos para que abandonen el piso en el que están alquilados, pese a que están al día con los pagos y tienen contrato en regla, ha sido pospuesto. El motivo es que las partes han acordado que, ante la existencia de una primera denuncia de la madre –archivada y recurrida–, sea la titular del Juzgado donde recayó este escrito inicial la que resuelva. Así, la causa podría dar lugar a diligencias previas de investigación por lo Penal al haberse prolongado en el tiempo el presunto acoso.

Dos vecinos han corroborado a este periódico los gritos y las supuestas amenazas que proferían los miembros de Okupacción para forzar a que la familia deje el piso. Hasta el punto de que la madre ha tenido que cogerse la baja médica y que los pequeños no van al colegio por miedo. “Me levantaba por la mañana y me conectaba a la cámara a las 7.00, a las 7.30, a las 7.59, porque sabía que venían a las 8.00. Los escuchaba gritando, mi hija tenía que salir al instituto y yo nerviosa perdida. Del trabajo me tenía que ir con ataques de ansiedad y por eso me dieron la baja. Así no se puede vivir”, explicaba. “Nada justifica que mande a unos matones”, dijo uno de estos vecinos, que explicó un episodio en el que los integrantes de Okupacción le interrumpieron el paso.

Esa primera visita en abril dio lugar a una denuncia que fue archivada y posteriormente recurrida por la acusación. Pero, tras sucesivas presiones desde Okupacción en el bloque de pisos de la Margen Izquierda, a finales de junio se produjo el segundo suceso que ahora es objeto de litigio. Ese día, la madre optó por grabar con su móvil la visita de los cuatro hombres. En un momento determinado, según la denuncia, José Antonio R. C. –vocal de Vox en el barrio zaragozano de Montañana y que fue en listas por esta formación en las pasadas municipales– le golpeó y le tiró el móvil, justo antes de que otro de ellos –el exboxeador S. M.– hiciera ademán de cargar contra la mujer, que tenía a su hija de un año agarrada a su pierna.

Este periódico ha podido acreditar el episodio mediante un vídeo.

Tanto la mujer como el gerente de Okupacción estaban citados este viernes en el Juzgado de Instrucción nº7 de Zaragoza para un juicio rápido a José Antonio R. C.por lesiones. Ahí se ha presentado con sus abogados tanto la pareja como el acusado, acompañado este por otros dos miembros de la empresa de desalojos. La acusación ha propuesto, ante la existencia de hechos similares, esperar a que el Juzgado de Instrucción nº10 resuelva el recurso y que incorpore la segunda denuncia. La defensa ha aceptado.

Esto puede suponer, según argumenta la acusación, que se conviertan en diligencias previas de investigación, lo que podría desembocar en un juicio con petición de penas de cárcel al tratarse de un presunto delito continuado. Y conllevaría también responsabilidades legales para la propietaria de la vivienda, M. C. R. H..

Mientras, en la vista también se ha dado cuenta de una denuncia interpuesta por el gerente de Okupacción contra la mujer por supuestas lesiones. José Antonio R. C. ha insistido en que no son ciertos los hechos y ha manifestado que posee vídeos que lo acreditan y que reserva para el juicio.

Okupacción ofrece como servicios en su página web la “mediación con inquilinos”, la “mediación con okupas”, “consejería y vigilancia” y “limpieza de superficies”. Nació, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada desde 1999 especializados en la seguridad personal”.

La firma fue contratada por M. C. R. H., que aspira a que los inquilinos dejen el piso para que lo pueda ocupar su madre, que según dice se encuentra enferma en una residencia que no puede costear. En abril envió al matrimonio un burofax manuscrito reflejando esta circunstancia. M. C. R. H. manifestó a este periódico que ya había mandado otra comunicación en enero por los supuestos impagos; sin embargo, la pareja niega tanto los impagos como el documento y la propietaria ha renunciado a acreditar su existencia a este diario.