Plus Ultra aportó un certificado de la Seguridad Social para demostrar que cumplía los requisitos del rescate

“Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social”. Así arranca este documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, que fue expedido el 20 de agosto de 2020 para la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA y que lleva la firma de Belén Fluiters, la jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el mismo se detalla que la compañía “no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social” y subraya que “se hace constar que a fecha 31 de diciembre de 2019 la empresa se encontraba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”. Esto es relevante porque una de las obligaciones que se impuso por parte del Estado a las empresas que pretendían acceder a un rescate público era precisamente estar al corriente con la Seguridad Social. Plus Ultra presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020, 11 días después de la fecha del certificado.

En la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se investiga si el expresidente del Gobierno pudo mediar de manera ilícita en ese rescate, lo que podría haber pasado por gestiones ante la Seguridad Social. Se recoge como indicio una reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Esa reunión, que sí tuvo lugar según han reconocido ambos, se produce 18 días después de que la aerolínea obtuviera el certificado de la Seguridad Social.

La línea temporal queda clara: el 20 de agosto se expide este certificado de estar al día con la Seguridad Social; el 1 de septiembre -11 días después- la aerolínea presenta la documentación necesaria de manera oficial para optar a esa financiación pública que ascendió a 53 millones de euros; el 7 de septiembre se produce esa reunión entre Zapatero y Escrivá; el 10 de septiembre la SEPI pide a Plus Ultra algunas aclaraciones y subsanaciones sobre la documentación presentada.

Sobre ese encuentro, Escrivá, ahora gobernador de Banco de España, explicó el pasado mes de junio que esa reunión fue en realidad un desayuno sin vinculación con el rescate de la aerolínea. “El 7 de septiembre de 2020 me reuní con Zapatero. Me he reunido con los presidentes del Gobierno. Queríamos aprobar con el máximo consenso el acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo”, respondió a preguntas de la diputada del PP María Pilar Alía en una comparecencia en el Congreso. “Quería acceder, a través de Zapatero, a toda una parte de la izquierda parlamentaria. Nos entregamos el móvil y el WhatsApp, esa fue la única razón. Usted establece una conexión con algo que es falso”, recalcó.

En esa comparecencia, Escrivá dio otra de las claves sobre ese certificado emitido por la Seguridad Social: “Se exigía a las empresas que acudieron al fondo (para el rescate) estar al día con la Seguridad Social, que es compatible con tener deudas aplazadas con la Seguridad Social”. “Plus Ultra pidió aplazamientos, se resolvieron en tres meses, está en los periodos medios”, añadió.

En la entrevista que concedió a RTVE el expresidente, volvió a salir ese encuentro, y Zapatero fue tajante al indicar que no se reunió ese 7 de septiembre con Escrivá para atar el rescate: “Esa es otra de las locuras que han circulado por ahí, y quien lo insinúa lo tiene que probar (...) porque llega un momento en el que estamos ante la prueba diabólica”.

La visión de Calama

La UDEF, así lo recoge el juez Calama, sostiene que la aerolínea en realidad no aportó uno sino dos certificados ese 20 de agosto, y añade que la Tesorería General a requerimiento judicial informó de que existía “deuda vigente”. Algo que, como señaló Escrivá, no era impedimento para obtener el certificado. Pero la Policía subraya que ha detectado “indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda”.

Destaca además que ese 1 de septiembre, a la par que se entregaba a la SEPI la documentación, Julio Martínez Martínez -amigo de Zapatero y asesor a sueldo de Plus Ultra- remitió a Roberto Roselli -director financiero de la aerolínea- el contacto de Cristóbal Cano. Roselli, según recoge el atestado policial “confundió” a Cano con un funcionario de la SEPI, pero 'Julito' le aclaró que era su responsable de facturación.

El propio juez, en su auto, habla de que a pesar de ese certificado, “la información obtenida a tenor de un requerimiento judicial dirigido a la Seguridad Social existía una deuda”. Detallaba que Deloitte en el informe técnico elaborado por el asesor externo contratado por la SEPI para la concesión de la ayuda pública indicaba que la aerolínea tenía una deuda que ascendía a 451.954 euros y comprendía un periodo desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020.

Esa deuda, indicaba la consultora, fue objeto de varios aplazamientos. El primero se solicitó con fecha de 30 de agosto de 2017 y ascendía a un total de 136.505,94 euros. Posteriormente, se solicitó reconsiderar el aplazamiento para incluir la deuda generada en el periodo de febrero de 2020 y que ascendía a un importe de 237.084 euros. Ese nuevo aplazamiento fue otorgado en abril de 2020 y la deuda total aplazada ascendió a 308.475 euros. Por último, según Deloitte, el 29 de junio de 2020 se solicitó una segunda reconsideración del aplazamiento para incluir la deuda de mayo de 2020, que ascendía a 200.878 euros. En este caso, la Seguridad Social concedió con fecha de 5 de octubre de 2020 ese nuevo aplazamiento que englobaba ya la deuda contraída por la compañía durante el periodo comprendido entre el mes de julio de 2017 y mayo de 2020: el importe ascendía a 451.954 euros.

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es ya señalaron en mayo de este año en realidad la compañía sí se hallaba al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. Y que el concepto de “estar al corriente de las obligaciones” se produce tanto en el supuesto de que estén las deudas pagadas como en el supuesto de que hayan sido aplazadas, fraccionadas o suspendidas. Resaltaban así que no es incompatible estar al corriente de las obligaciones con el hecho de que exista una deuda aplazada, que es lo que certificó la administración. Asimismo, aclaraban que aplazar una deuda con la Seguridad Social es algo habitual y prácticamente un automatismo.

Por otro lado, el juez, basándose en el informe pericial de Deloitte, sostiene que la compañía Plus Ultra no cumplía con otra condición establecida para ser rescatada, referida a si la sociedad se encontraba o no en “situación de crisis” a fecha de 31 de diciembre de 2019. El informe señalaba que, a pesar de que la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar.

En este sentido, considera el juez que los informes presentados por los asesores externos contratados por la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, a pesar de que una auditoría señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables, como un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo esto permitía “maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo”.