Absueltos Fernando Roig y dos consejeros del Villarreal CF en un caso de facturas falsas

La Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto al presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, y dos consejeros de la entidad de los delitos de falsedad por los que habían sido condenados en julio de 2024 en una causa relacionada con una trama de facturación falsa en las obras del estadio de La Cerámica realizadas en 2004 y 2005.

Los magistrados de la Audiencia Provincial han apoyado el recurso de apelación presentado por los procesados y finalmente han concluido que no conocían la referida trama de facturación falsa, que sí se produjo por parte de empresas externas.

Roig fue condenado a una pena de once meses y 28 días de prisión, junto a otras diez personas, en julio de 2024 por los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública, un pronunciamiento que ahora queda anulado.

Entonces se consideró probado la existencia de un fraude a la Hacienda por un total de 525.440 euros -187.840 euros del ejercicio fiscal 2004 y 336.600 por el de 2005- por cuotas de IVA soportado deducidos indebidamente tras un exceso de facturación de 1.174.00 euros en 2004 y de 2.110.000 euros en 2005 a través de “precios sobredimensionados” por trabajos que no correspondían a la realidad para eludir el pago del IVA correspondiente.

El pronunciamiento de la Audiencia pone en cuestión los hechos probados de la sentencia anterior, del tribunal de Instancia de Castellón número 1.

Los magistrados consideran acreditado que durante 2004 y 2005 se realizaron reformas en la Ciudad Deportiva y en el campo de El Madrigal (actualmente La Cerámica) por parte de la entidad Villarreal CF.

En concreto, una nueva grada y una gran remodelación del estadio contratados por el presidente de la entidad, Fernando Roig, con la entidad Estructuras, viviendas y carreteras (ECV) SA.

Se hizo “sin proyecto de ejecución por parte de la promotora, no constando firmadas las certificaciones de obras y no correspondiendo parte de la facturación recibida con los trabajos realmente ejecutados”.

Esta “facturación ficticia” fue emitida por ECV y provenía a su vez de una subcontratación a la mercantil Spain GES-PRO SL, cuyos administradores subcontrataron las obras de nuevo, en un tercer escalón en el proceso productivo y se emitieron facturas que no se correspondían con los trabajos realizados.

El Villarreal CF, “con el visto bueno de su presidente, Fernando Roig, y la firma de sus consejeros delegados, Manuel Sarrión Camañas y Miguel Pérez Ferrer, pagaban las facturas recibidas de la constructora EVC con pagarés que se ingresaban a ECV, la que a su vez emitía nuevos pagarés a Spain Gespro”.

Las cantidades pagadas a través de pagarés ascendieron en 2004 a 1,4 millones, “coincidentes con la facturación falsa” recibida por Spain GES-PRO y en 2005 los pagarés ascendieron a 2,5 millones.

El Villarreal CF, con el visto bueno de sus consejeros delegados y su presidente, “asumió la facturación ficticia recibida de EVC, ”sin constar que tuviera conocimiento de que no se correspondía a trabajos ejecutados“, concluye ahora la Audiencia Provincial.

Tampoco conocían los procesados “el exceso de facturación en relación con los trabajos realmente ejecutados, ni las maquinaciones y sistema de facturación ficticia ideado por los responsables de EVC y Span GES-PRO con los contratistas del tercer escalón del proceso productivo, ni las cantidades dejadas de ingresar en los correspondientes años fiscales 2004 y 2005”.

La sentencia señala que “no queda probado que el Villarreal CF tuviera conocimiento de que las facturas emitidas en EVC incurrían en falsedad en relación el IVA repercutido”.

Tampoco consta probado que el Villarreal CF “resultase beneficiaron tributariamente de las facturas, fechadas en 2004 y 2005 en relación con el IVA soportado de dichos ejercicios fiscales”.

La sentencia explica que, por el contrario, sí queda “probada la red de facturación falsa y las maquinaciones entre EVC, Spain GES-PRO y subcontratistas de tercer nivel”.

Tanto el delito contra la Hacienda Pública como el delito de falsedad documental son delitos dolosos, que exigen que el sujeto sepa que está defraudando (o colaborando en una defraudación) y quiera hacerlo, subrayan los magistrados de la Audiencia.

También se ha tenido en cuenta por parte de la Audiencia Provincial que el procedimiento ha permanecido paralizado por causa no imputable a los acusados en diversos momentos de su tramitación, tratándose de hechos de 2004 y 2005, cuya instrucción comenzó en 2009. Pese a la complejidad del pleito, han estimado que el tiempo de tramitación ha sido excesivo.