Incendios y responsabilidad institucional

Los incendios forestales no distinguen entre ideologías ni competencias administrativas. Cuando el fuego avanza sobre los montes, amenaza poblaciones y pone en peligro vidas humanas, debería desaparecer la retórica política y preguntarnos sobre dos cuestiones esenciales: si las administraciones públicas están preparadas y si responden con la eficacia que la ciudadanía tiene derecho a exigir.

La reciente decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de solicitar la declaración de emergencia nacional trasladando su responsabilidad al Gobierno del Estado, merece una reflexión que trasciende el propio incendio. No se trata de cuestionar la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles cuando una situación alcanza una gravedad extraordinaria porque el Estado tiene el deber de acudir allí donde una parte del territorio nacional necesita ayuda. Así debe ser en un Estado que se fundamenta en la solidaridad entre territorios y en la protección efectiva de las personas.

Ahora bien, la solidaridad institucional no puede confundirse con la sustitución de las responsabilidades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada administración. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece con claridad un modelo basado en la corresponsabilidad. Las comunidades autónomas son las administraciones competentes para prevenir, planificar, organizar y dirigir los dispositivos ordinarios de protección civil en su territorio. Solo cuando la emergencia adquiere una dimensión excepcional que supera objetivamente la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma puede declararse una emergencia de interés nacional, asumiendo entonces la Administración General del Estado la dirección de las operaciones.

Ese mecanismo constituye una garantía para la ciudadanía. Pero precisamente por su carácter excepcional obliga a formular una pregunta: ¿qué significa asumir competencias autonómicas si, cuando llega la prueba más exigente, resulta necesario trasladar al Estado la dirección de la emergencia? Las competencias no son únicamente espacios de poder político, son, sobre todo, ámbitos de responsabilidad. Quien reivindica capacidad de autogobierno debe garantizar también que dispone de la organización, la planificación y los recursos suficientes para ejercerlo eficazmente.

La paradoja resulta especialmente significativa cuando hablamos de la Comunidad de Madrid, la autonomía con mayor capacidad económica de España y una de las que con mayor intensidad ha defendido una política continuada de reducción de impuestos a las empresas y a los grandes patrimonios. Nadie puede cuestionar la legitimidad democrática de esa opción fiscal. Lo que sí merece debate es si esa estrategia resulta compatible con la necesidad de mantener unos servicios públicos suficientemente robustos para afrontar los riesgos cada vez más complejos derivados del cambio climático.

Los incendios forestales no comienzan cuando aparece la primera llama. Empiezan mucho antes, cuando se deja de invertir en prevención, cuando se desatienden estrategias que pongan en valor el patrimonio natural que son nuestros montes, cuando disminuye la gestión forestal o cuando la planificación deja de considerar los escenarios climáticos extremos con desprecio chulesco hacia lo que viene adelantando la ciencia y los expertos respecto a esta nueva generación de incendios forestales.

En este punto adquieren especial relevancia las reflexiones del biólogo Ricardo Almenar (El Monte Protector, 2018), quien ha insistido en que el monte, con bosque o con matorral, no puede contemplarse únicamente como una superficie vegetal o un espacio desconectado del funcionamiento de nuestra sociedad. Constituye un capital natural cuyos servicios ecosistémicos sostienen buena parte del bienestar colectivo.

Los bosques y el resto de la vegetación regulan el ciclo hidrológico, favorecen la infiltración del agua y la recarga de los acuíferos, reducen la erosión del suelo, capturan millones de toneladas de dióxido de carbono, moderan las temperaturas, preservan la biodiversidad, amortiguan inundaciones, protegen los cultivos, generan paisajes que sustentan el turismo y mejoran incluso la salud física y mental de la población.

La economía ambiental denomina a estas funciones servicios ecosistémicos, precisamente porque representan beneficios reales, aunque habitualmente no aparezcan reflejados en la contabilidad pública. Su pérdida supone costes enormes para toda la sociedad, sin embargo, estos se manifiesten años después en forma de inundaciones, desertificación, pérdida de biodiversidad, incapacidad para absorber emisiones contaminantes, disminución de recursos hídricos o empobrecimiento del medio rural.

Como ha defendido Almenar en sus trabajos sobre gobernanza ambiental el bosque debe entenderse como una auténtica infraestructura pública natural. Del mismo modo que una administración invierte en carreteras, hospitales o depuradoras porque prestan un servicio esencial, también debería invertir de manera estable en la conservación y gestión forestal, pues el rendimiento social y económico de esa inversión resulta extraordinariamente elevado. Los incendios no son meros accidentes estivales ni desastres inevitables de la naturaleza. Son la consecuencia de décadas de abandono rural, de políticas forestales erráticas o inexistentes y de una visión reduccionista del monte como un espacio marginal. La obra de Almenar pretende revertir este diagnóstico proponiendo un cambio de paradigma: contabilizar los beneficios que los bosques aportan a la sociedad y devolver a esos ecosistemas, en forma de políticas públicas de inversión, ayudas y fomento a los productos agropecuarios, una parte de esa riqueza.

Hoy, mientras el humo asfixia aldeas, pueblos y llega al mismísimo Madrid, mientras miles de personas ven cómo sus casas y recuerdos se reducen a cenizas, incluso algunos pierden sus vidas, es urgente recuperar propuestas y prácticas como las que Almenar formula: el bosque como manto protector, el monte como bien común que garantiza la vida presente y futura. Sigue proponiendo establecer reglas claras para medir lo que los bosques aportan, más allá de la producción maderera, esos otros beneficios invisibles. Enumeró servicios ecosistémicos, que en su ensayo definió desde un enfoque pedagógico sin que ninguna administración haya hecho el mínimo caso hasta hoy. Es más, los incendios se han convertido hoy en otro motivo de bronca política buscando obscenos rendimientos y, no hace muchos años, también en fuente de enriquecimiento sucio como el caso del exconseller valenciano del PP, Serafín Castellano, condenado en el proceso que se conoció como La trama del fuego por cobrar sobornos por adjudicar servicios de extinción a empresas corruptoras. Unos jugándose la vida o perdiendo sus haciendas, otros enriqueciéndose con tanta desgracia. Y a pesar de que se hayan producido hechos tan bochornosos, un verdadero reconocimiento debe dirigirse a los miles de profesionales que, con enorme riesgo personal, trabajan defendiendo vidas humanas y patrimonio natural muchas veces con medios escasos. Bomberos, agentes forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y voluntarios representan lo mejor del servicio público. A estos traicionan quienes convierten los incendios en motivo de carnaza política, huida de sus responsabilidades o en vía de enriquecimiento corrupto.

La prevención nunca ha sido un gasto en ningún ámbito. Y menos en la prevención de incendios forestales, muy al contrario, es una inversión. La buena gestión forestal es inseparable de esas estrategias de prevención que pasan por integrar conocimientos y profesionalidad de técnicos, agentes forestales, bomberos especializados, propietarios forestales, la ciencia y las administraciones locales. Es una estrategia continua que no debe depender exclusivamente de cada campaña estival. El objetivo no consiste únicamente en apagar incendios, sino en evitar que se produzcan y, en su caso, que alcancen una intensidad incontrolable. El 90 por 100 de los incendios tienen causas humanas, mayoritariamente negligencias y accidentes, sobre ellas se debe actuar. Además, el cambio climático convierte los incendios forestales en un desafío estructural para las próximas décadas. Ante esa realidad, las administraciones no pueden limitarse a reaccionar cuando aparece la emergencia. Deben anticiparse mediante políticas públicas sostenidas en el tiempo, financiación suficiente, planificación científica y una gestión del territorio basada en el conocimiento y en el interés general.

La solidaridad del Estado seguirá siendo imprescindible cuando una catástrofe supere objetivamente la capacidad de respuesta de cualquier comunidad autónoma. Pero esa solidaridad no puede convertirse en una fórmula para diluir responsabilidades políticas o administrativas o en una maniobra de confusión de responsabilidades en la que tal vez subyazca la enfermiza obsesión con un gobierno al que se quiere ver fracasar ante unos incendios desbocados como los de Madrid. El gobierno autonómico solo adquiere pleno sentido cuando se vincula inseparablemente con la responsabilidad y con el compromiso con su territorio y con los ciudadanos que lo habitan. A no ser que la agenda oculta sea prescindir del Estado de las autonomías.

Porque como hemos dicho, proteger el monte no significa únicamente preservar árboles. Significa proteger agua, clima, biodiversidad, economía, salud, paisaje y calidad de vida. En definitiva, significa proteger un patrimonio y un futuro común cuyo valor excede con mucho cualquier cálculo presupuestario anual. Y esa es una responsabilidad que ninguna administración debería delegar y menos cuando se dispone de los recursos necesarios para asumirla como es el caso de la Comunidad de Madrid, el territorio que mayor riqueza acumula de España.