Los presupuestos bárbaros (II)

Decíamos en el artículo anterior que los presupuestos públicos nunca son un documento neutro. No constituyen una simple relación de ingresos y gastos, sino la expresión de cómo se pretende plasmar en la realidad una determinada concepción de la sociedad. Detrás de cada partida presupuestaria hay una idea de cómo debe organizarse una colectividad, una escala de prioridades y una respuesta implícita a una pregunta básica: quién debe soportar los costes del Estado y quién resultar beneficiado del funcionamiento del propio Estado. Y esta pregunta se repite en los respectivos niveles locales y autonómicos.

Por eso los presupuestos pueden servir para fortalecer las instituciones o para debilitarlas, también para hacerlas desaparecer. Pueden proteger a la ciudadanía o por el contrario dejarla desarmada frente a riesgos perfectamente previsibles. Las primeras decisiones adoptadas por el gobierno del Partido Popular y Vox tras acceder al Consell en 2023 constituyen un ejemplo paradigmático de esa forma de entender la acción pública. Entre ellas figuraron la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, concebida para mejorar la respuesta, coordinación, planificación y dirección de los distintos servicios que intervienen en las catástrofes naturales; y por otra parte la desaparición de la Agencia Valenciana del Cambio Climático, llamada a diseñar estrategias de mitigación, adaptación y evaluación de la huella de carbono en las políticas públicas, al sumir aquel viejo principio plenamente vigente de pensar globalmente y actuar localmente derivado del Informe Brundtland publicado por Naciones Unidas en 1987 y cuyo objetivo principal fue alertar al mundo sobre las consecuencias medioambientales y humanas de un desarrollo económico insostenible.

Ninguna de aquellas cancelaciones fue consecuencia de un análisis serio sobre su eficacia, su coste o su utilidad social. No existió un estudio que demostrara su innecesaridad. La única justificación repetida hasta la saciedad por determinadas corrientes ideológicas fue la de quitar gastos superfluos o eliminar los llamados “chiringuitos”. Curiosamente, ese rigor desaparece cuando se trata de multiplicar altos cargos, asesores, estructuras paralelas o nombramientos cuya utilidad nunca se somete a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas como la plaza hiper retribuida adjudicada a la pareja del actual presidente. Y también desaparece cuando se trata de subvencionar o de adjudicar contratos de dudosa utilidad a los afines. Que además pontifiquen sobre gastos superfluos y chiringuitos aquellos que arruinaron el país con sus ruinosas Formula-1, regatas elitistas millonarias, fundaciones y empresas públicas saqueadas, quiebra del sistema financiero valenciano, corrupción sistémica… da como resultado un desvergonzado monumento al cinismo.

Sin embargo, nadie razonablemente puede sostener que preparar a una sociedad frente a desastres, sean incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos constituya un gasto superfluo. Del mismo modo que nadie cuerdo puede negar seriamente que el cambio climático representa hoy uno de los principales desafíos para cualquier gobierno responsable. La tragedia provocada por la DANA no hizo sino demostrar, con un dramatismo insoportable, el precio que puede llegar a pagarse cuando el fanatismo ideológico sustituye a la planificación y el dogmatismo desplaza al conocimiento científico y técnico. Aún permanece en la memoria colectiva el desconcierto delictivo de aquella reunión del CECOPI en la víspera del puente del 1° de noviembre, convertida ya en símbolo de la ineptitud y de indignidad que nunca podrá borrarse de la conciencia de la sociedad valenciana. Un presidente necio en el reservado de un restaurante mientras morían 230 personas ajeno a lo que les ocurría a sus ciudadanos; una vicepresidenta de fiesta desatendiendo las áreas de su competencia; y una consellera incapaz de organizar nada, ni siquiera el envío a tiempo de una alerta que tantas vidas hubiera podido salvar. Y una frase amenazante del alter ego presidencial planeando sobre tanto desastre “Salo, de confinar nada”.

Un análisis objetivo de aquellos acontecimientos y sus causas conduciría inevitablemente a revisar aquellas decisiones cancelatorias de 2023 para reforzar por todos los medios las estructuras públicas de prevención y gestión de emergencias. Sin embargo, los presupuestos de la Generlitat para 2026 insisten fanáticamente en el error.

Y es precisamente ahí donde aparece la segunda gran característica de estos presupuestos: la reducción sistemática de los ingresos públicos mediante rebajas fiscales que, casualmente, benefician de forma preferente a quienes disponen de una mayor capacidad económica: Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, deducciones selectivas en la cuota autonómica del IRPF... Frente al principio constitucional de progresividad tributaria, según el cual quien más capacidad económica posee debe contribuir en mayor medida al sostenimiento de los gastos públicos, nos imponen una concepción fiscal que identifica cualquier impuesto con un obstáculo y cualquier reducción tributaria con una virtud.

Y en el cénit de esa lógica alcanzó su máxima expresión la supresión de la posibilidad de establecer una tasa turística aprobada en 2022 por el Consell del Botànic. Presentada esta cancelación por el infame Mazón como una rebaja de impuestos, constituye en realidad exactamente lo contrario. No elimina ningún coste. No reduce un solo euro del gasto que el turismo genera sobre nuestras ciudades. Lo único que hace es desplazar la factura a pagar desde quienes provocan esos gastos extraordinarios hacia el bolsillo de los ciudadanos.

Porque el turismo no nos sale gratis. Nunca lo ha sido. Cada visitante que disfruta de nuestras playas, de nuestros monumentos, de nuestra gastronomía o de nuestras fiestas utiliza un espacio urbano que funciona gracias al esfuerzo permanente de quienes viven en él durante todo el año. Calles que deben limpiarse, playas que requieren mantenimiento constante, parques, jardines, alumbrado, seguridad ciudadana, transporte público reforzado, mobiliario urbano, incremento del consumo de bienes escasos como el agua, su tratamiento y depuración, recogida de residuos, conservación del patrimonio histórico o atención sanitaria. Todo ello supone un coste creciente cuando millones de personas utilizan unas infraestructuras dimensionadas originalmente para una población residente muy inferior.

Ese coste existe, aunque no aparezca reflejado en la factura del hotel o del apartamento turístico. Y alguien debe asumirlo. Existe un principio universalmente aceptado en las finanzas públicas y en el Derecho ambiental: quien genera un coste para la colectividad debe contribuir razonablemente a financiarlo. Es el mismo principio que inspira la fiscalidad ambiental europea y las políticas de recuperación de costes. Quien contamina paga. Quien utiliza intensivamente un recurso común debe contribuir a conservarlo. No como una sanción, sino como expresión elemental de justicia distributiva.

Los presupuestos de la Generalitat hacen exactamente lo contrario. Han decidido que ese coste extraordinario derivado del turismo recaiga sobre todos los valencianos mediante los impuestos generales. La denominada “no tasa turística” no significa que desaparezcan los costes y cargas del turismo. Significa únicamente que cambia el sujeto obligado a pagarlo. Mientras hoteles, apartamentos turísticos, plataformas digitales y otras actividades vinculadas al sector obtienen los beneficios derivados de la afluencia creciente y continúa de turistas, el coste de mantener la ciudad y su ecosistema es soportado por el conjunto de la ciudadanía autóctona. Los beneficios se privatizan, los costes se socializan.

Pocas subvenciones resultan tan invisibles como aquella que nunca aparece escrita en los presupuestos. Pero existe. Consistente en financiar con recursos públicos los costes derivados de una actividad económica extraordinariamente rentable, mientras esos mismos presupuestos reducen inversiones sociales, educativas, sanitarias, culturales o ambientales. En la decisión del Consell de Mazón de suprimir la tasa turística y la de mantener dicha cancelación por parte del actual Consell de Pérez Llorca no es ajeno el lobby hotelero, tan cercano a ellos, que presiona para impedir una tasa no por su ínfimo importe sino porque su mera gestión conllevaría un mayor control de los ingresos descomunales que obtiene el sector. Imponer estas medidas fiscalmente regresivas lo llaman desregulación.

Los datos permiten comprender la magnitud del error de esta decisión. La ciudad de València registró durante 2025 cerca de seis millones de pernoctaciones hoteleras. Una tasa de 3 euros por noche (la que se paga actualmente en los municipios turísticos de Cataluña incluyendo Barcelona) habría generado aproximadamente dieciocho millones de euros destinados a financiar limpieza urbana, transporte público, mantenimiento del patrimonio, playas, jardines o políticas de vivienda. Con esa cantidad también se podía financiar la construcción de dos institutos de enseñanza secundaria completamente equipados. Extendida la tasa al conjunto del País Valencià, donde las pernoctaciones fueron de 31,5 millones la recaudación alcanzaría casi 100 millones de euros, el coste aproximado de construir un hospital de 120 camas.

No estamos hablando de crear un nuevo impuesto para incrementar la presión fiscal a la ciudadanía, sino de atribuir de manera justa la financiación de unos costes que ya existen a quienes realmente los generan: los turistas. Eso es exactamente lo que han entendido desde hace años ciudades como Barcelona, París, Roma, Ámsterdam o Venecia entre otras muchas. Ninguna de ellas ha dejado de ser una potencia turística por aplicar una tasa destinada a preservar aquello que precisamente atrae a millones de visitantes: la calidad del espacio público, la conservación del patrimonio, la movilidad, la limpieza, la sostenibilidad y la calidad de vida de quienes residen en ellas. Sin embargo, el Consell con estos presupuestos para 2026 ha decidido recorrer el camino inverso.

Y el problema no termina ahí. La expansión del turismo intensivo ha contribuido también a tensionar el mercado de la vivienda. Miles de inmuebles han abandonado el mercado y el alquiler residencial para convertirse en apartamentos turísticos mucho más rentables. La consecuencia todos la sabemos: disminución de la oferta disponible de viviendas, aumento desmesurado de precios y la dificultad al acceso a una vivienda para miles de jóvenes y familias. Paradójicamente, esos mismos ciudadanos terminan financiando, mediante sus impuestos, parte de los costes derivados del modelo que contribuye a expulsarlos de sus propios barrios. Para más escándalo, las escasas viviendas públicas que construyen se las quedan ellos.

La contradicción resulta difícilmente admisible. Y todavía adquiere una dimensión mayor cuando la renuncia a estos ingresos públicos coincide con nuevas rebajas fiscales dirigidas a quienes poseen una mayor capacidad económica y a una apropiación corrupta de los recursos públicos repartida entre sus secuaces. Las matemáticas presupuestarias son obstinadas y lo terminan cantando todo. Si disminuyen los ingresos mientras los gastos permanecen o aumentan, únicamente existen tres salidas posibles: incrementar el déficit ya de por sí injusto y desmesurado, aumentar el endeudamiento incrementando el gasto por los intereses o deteriorar los servicios públicos. Los presupuestos para 2026 parece que han elegido las tres salidas a la vez. Por eso estos presupuestos no solo deciden qué se financia y qué se abandona. Deciden también quién se queda con los beneficios y quién soporta los sacrificios.

Ese es el verdadero significado de la denominada “no tasa turística”. No desaparece el gasto. Desaparece únicamente la obligación de pagarlo por parte de quienes obtienen el beneficio. Se subvenciona con estos subterfugios a los amigos hoteleros. Y cuando eso sucede, no estamos ante una política presupuestaria razonable. Estamos ante una fragrante injusticia fiscal en la que los beneficios los reciben unos pocos y los costes se reparten entre todos. Ese, probablemente, sea el rasgo más definitorio de estos presupuestos. Y también la razón por la que merecen, con toda propiedad, el calificativo de presupuestos bárbaros.