El efecto mariposa y la condena a David Sánchez

Aquí les propongo catorce escenas para una tragedia griega. Todas son tomadas de la realidad salvo la segunda y la séptima, que son pura ficción. Saquen sus propias conclusiones.

Escena primera. Nacho Duato es entrevistado por Marc Giró y habla de David Sánchez: “Es un director de orquesta excelente. Con todos los respetos por Badajoz, ¿cómo le van a enchufar para ser director de orquesta en un conservatorio de Badajoz? Si fuese del Liceo o de la ópera de París... pero que llame el presidente a enchufar a su hermano en el conservatorio de Badajoz, con todos mis respetos, pues no”.

Escena segunda. Dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hay una célula de extrema derecha dirigida a derribar a todo precio al Gobierno socialista. Cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo responsable, según indican varias fuentes, el PP le habría prometido la Fiscalía General del Estado.

Escena tercera. Llegan a la UCO noticias de un procedimiento abierto en Badajoz contra el hermano del presidente del Gobierno. Se lanzan con denuedo y piden acceder a multitud de correos y comunicaciones, iniciando la senda de una investigación infinita. Cuando el DAO se entera, monta en cólera; llama a sus subordinados, les dice que están realizando una labor prospectiva, que en las actuaciones no se advierte nada de nada y que espera que lo aclaren al juzgado cuanto antes. En la UCO se empieza a cocinar un oscuro rencor.

Escena cuarta. Tirando de una práctica cada vez más consolidada, que avanza el progresivo ninguneo de los jueces, las Fuerzas de Seguridad están tomando al asalto el proceso penal: deciden iniciativas, recogen declaraciones en asuntos judicializados, marcan el ritmo y el rumbo del asunto. El DAO les vuelve a llamar y les dice que, en asuntos políticos, se limiten a cumplir las órdenes de los jueces y que no sean proactivos, “debiendo dejar que fueran los jueces los que impulsaran las investigaciones”, como reconoce la fiscalía. ¡Menuda herejía! La UCO sale de la reunión descompuesta; sin embargo, lo que les ha dicho el DAO es justo y exactamente lo que dice la ley: la policía judicial solo puede hacer lo que un juez les dice que hagan.

Escena quinta. Como era previsible, en los correos escrutados en Badajoz no se encuentra nada, para desorientación de los inquisidores. Sin embargo, pasa algo extraño. A la hora de remitir al juzgado los correos que pudieran tener interés, la UCO aporta unas instrucciones para acceder a su lectura; para ilustrar cómo se hace, se incluyen como ejemplo imágenes de un correo con datos sensibles y personales, que había sido descartado porque no tenía relación con la causa y que, por jugoso, no tardó en ser filtrado. Pueden pensar que la elección de aquel correo como ejemplo fue un simple accidente; allá ustedes. Conociendo los antecedentes y renunciando a chuparse el dedo, la Guardia Civil ordenó abrir una información reservada contra los responsables de la chapuza, supuestamente inconsciente. Y aquí es donde los puentes se rompen: la UCO toca a rebato y se dispone a ir de frente contra la dirección de la propia Guardia Civil. El encono se vuelve insoportable cuando se abren otras dos informaciones reservadas por otras supuestas filtraciones a la prensa.

Escena sexta. La UCO tiene un privilegio: no tiene necesidad de denunciar nada. Considerándose víctima de un ataque injusto, investigará por su cuenta las actuaciones en su contra, convirtiéndose al mismo tiempo en víctima y en investigador. Para este fin, se servirá de una pieza útil pero inservible: la maniobrera Leire Díez, a quien numerosos testimonios sitúan al nivel de una cuentista profesional, comprometida, según dice ella, en investigar la corrupción policial. A pesar de que esta señora ya estaba imputada en Plaza de Castilla por sus manejos, la UCO decide canalizar sus actuaciones por otro lado. Así, en el marco de un procedimiento abierto para investigar algo que no tenía nada que ver, relacionado con ayudas de la SEPI, abre unas actuaciones paralelas para escudriñar conductas dirigidas a inquietar el buen nombre de la UCO, su probidad y la necesaria tranquilidad con la que deben trabajar, que algún delito debe de ser eso. Investigan, toman declaraciones sin presencia del juez y, a través de una fiscalía especial, presentan los resultados ante un tribunal especial. La Audiencia Nacional, caracterizada desde siempre por su escasa proactividad, acepta el encargo.

Escena séptima. Metido todo el día en la cabina del peaje, el empleado de la autopista alardea de la importancia de su trabajo, gestionando el tráfico, controlando el paso de vehículos y garantizando los derechos de los viajeros. Sin embargo, tiene la barrera permanentemente abierta a los coches que pasan con distintivo oficial. Los saluda con indolencia y bosteza. No sirve para mucho.

Escena octava. Al presentar sus conclusiones ante la Audiencia Nacional, la UCO propone diligencias, que la fiscalía especial secunda de inmediato. El mismo día de practicarlas, y sin conocimiento del juez, la UCO acude a los domicilios de varias empleadas del PSOE y, tras aporrear sus puertas, les comunican que están imputadas (cosa que el juez no había acordado), les informan de sus derechos (sin saberlo el juez), les requisan sus móviles (sin permiso del instructor) y les requieren a entregar de inmediato las claves de acceso a sus terminales, todo ello sin la presencia de sus abogados. Nada de esto está permitido por la ley. Decía Churchill que la democracia consiste en que si llaman a las seis de la mañana a tu puerta, puedes tener la tranquilidad de que es el lechero. Perdónenme el chiste fácil, pero no dijo nada de las lecheras.

Escena novena. El 22 de junio de 2026 el Tribunal Supremo dicta sentencia contra Ábalos y Koldo. En una sentencia durísima, con penas muy superiores a las previstas para un homicidio, el Supremo avala el papel de la UCO, a quienes tiene por “‘expertos”, y ratifica en su integridad la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción, que se ve reforzada.

Escena décima. Todo apunta a que detrás del procedimiento abierto por supuestas contrataciones vinculadas a la SEPI no hay gran cosa, si es que hay algo. El juez abrió en diciembre de 2025 un procedimiento imputando a más de veinte personas, aunque no llamó a declarar a nadie. De repente, tres días después de la sentencia contra Ábalos y Koldo, la fiscalía especial pedirá ahora imputar a la actual presidenta de la SEPI, que no estaba denunciada originalmente. El juez la imputa sin levantar la mano, pero no la llama a declarar. Es solo otra flecha a la barbacana del Gobierno.

Escena undécima. El 16 de junio de 2026 la Directora General de la Guardia Civil acude al Senado a dar explicaciones, al verse apuntada por haber querido investigar supuestas conductas irregulares de miembros de la UCO y, además, por haberse reunido con Leire Díez. Ese mismo día la fiscalía especial carga la ballesta y pide al juez que llame a declarar al general al mando de la Jefatura de Información y a un comandante. Aunque el juzgado tenía ya señaladas fechas para otras declaraciones testificales hasta mediados de julio, no llamará a estos nuevos testigos después del resto sino extrañamente antes que ninguno. Tras prestar declaración, el 2 de julio la fiscalía especial pide la imputación del DAO y de la Directora General. Esa misma mañana el juez lo acuerda. A diferencia del caso de la presidenta de la SEPI, en este caso el juzgado sí que los llama a declarar.

Escena duodécima. A un buen magistrado le tocó en suerte, a principios de los ochenta, un asunto mediático. Llamado después por cánticos de sirenas y fama, dejó la carrera y se puso de abogado, aunque nunca le abandonó el elevado carisma de su antigua profesión. En sus informes finales de juicio hacía expresa reminiscencia de su carácter: “Les doy mi palabra de honor, mis señorías, de que mi cliente es inocente”, decía. Los jueces se daban codazos entre ellos y condenaban al pobre diablo.

Escena décimotercera. Se celebra el juicio contra el hermano del presidente de Gobierno. Como era previsible y como bien sabía el DAO, no hay delito alguno. Pero comparece la UCO para dar su palabra de honor de que el acusado es culpable. En este caso, ya nadie se ríe.

Escena décimocuarta. El tribunal se retira a deliberar. Apenas iniciadas las deliberaciones, los magistrados habrán advertido algo inquietante: la imputación de la Directora General les ha cambiado el objeto procesal del pleito. Hasta ahora, se trataba de dilucidar si en el nombramiento de David Sánchez había existido un trato de favor. Sin embargo, una vez que se ha convocado a la responsable de la Guardia Civil como imputada, el tema es otro. Ahora lo que está sobre la mesa es la integridad y competencia de los miembros de la UCO, que ha comparecido en Badajoz no como experta sino como víctima de una trama dirigida a silenciarla. Si absuelven al acusado, los magistrados estarán dando pábulo a quienes desautorizan y atentan contra la Benemérita, vilmente agredida; cambiada la perspectiva, ya no es el director de orquesta sino la Guardia Civil la que se ha sentado en el banquillo pacense. Arrastrando su condición de juez y parte, al no haberse abstenido de intervenir, la UCO obliga a la Audiencia de Badajoz a elegir entre ellos o el acusado. Y esta es una elección que David Sánchez no puede ganar.