Carmen, la matriarca de 97 años del imperio industrial valenciano Climent, al borde del desahucio pese a ser dependiente

Carmen Viguer, una mujer a punto de cumplir 98 años y un avanzado grado dependencia, perdió a su hijo Juan Ramón Climent en 2021, asesinado por el exnovio de su nieta, que fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal popular en un caso de violencia vicaria. Desde hace más de cincuenta años vive en el municipio de l'Eliana, ahora con su otra hija, Carmen Climent Viguer, de 71 años, y su nieta, Patricia, en una vivienda familiar que construyó el matrimonio. Ambas van a ser desahuciadas en un mes en un proceso impulsado por la entidad semipública Afín SGR y una empresa privada, que reclaman la propiedad del inmueble que fue adquirido en una subasta. El desalojo estaba previsto para el pasado martes, 7 de julio, pero la familia consiguió un aplazamiento de un mes in extremis. La familia reclama ayuda para paralizar el desalojo y conseguir una alternativa: “Esta casa es su vida”, señalan.

Los Climent son un apellido que cuenta con su propio epígrafe en la historia de la industria valenciana: es la familia que impulsó La Maquinista Valencia, una centenaria empresa que se dedicó a la construcción de máquinas de vapor, faros y otros sistemas auxiliares de navegación. En sus instalaciones se forjaron esculturas emblemáticas como la de Jaume I en la Plaza Alfons El Magnànim de València o el puente de hierro de Alzira, y la familia cuenta con un importante archivo documental que lleva el nombre de Francisco Climent, primer propietario de los talleres. La firma nació en la década de los ochenta del siglo XIX y se especializó en navegación y en maquinaria para la industria del tabaco. Su fundador, Francisco Climent, participó en numerosas reformas sociales de València: la primera Junta Local de Reformas Sociales, la ampliación de la Escuela de Artesanos, asociaciones de socorro de la propia firma o la Cooperativa de Casas Baratas. Carmen Climent, a cargo de los cuidados de su madre, es la bisnieta del fundador, y junto a sus hermanos estuvo al frente de la firma hasta que la vendieron en 2007.

Pocos años antes de la venta, la familia suscribió un préstamo con una entidad bancaria para obtener liquidez. De aquel contrato, hace ya dos décadas, deriva una situación límite para la familia: una petición de embargo y un lanzamiento judicial. Esta rama de la familia Climent empleó su parte de la vivienda, dividida en varias participaciones y valorada en 260.000 euros en la subasta, para avalar el préstamo ante la Sociedad de Garantía Recíproca. Según explica Carmen Climent, bisnieta del fundador, la empresa se vendió, los nuevos compradores no pagaron la totalidad del préstamo que habían suscrito con Bancaja, del que continuaron siendo avalistas y terminaron en una subasta judicial por un retraso en el pago. La SGR fue a juicio contra la empresa y contra los avalistas: la familia. Carmen explica que los nuevos propietarios les convencieron para seguir abonando la deuda paulatinamente y un retraso en los pagos derivó en este procedimiento judicial. Asímismo, apunta que otra empresa adquirió también la deuda.

En el proceso intervienen la mercantil Gesvenacem SL, dedicada a la compraventa inmobiliaria y la firma Satisfacción Legal Util, del mismo administrador, firma que adquirió una parte de la vivienda que se subastó para saldar la deuda -algo más de la mitad de la propiedad- y además de de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), que figura como parte demandante en el proceso. Les reclaman una deuda de 280.000 euros más 64.000 euros en intereses de demora, por un préstamo suscrito hace veinte años. Satisfacción Legal Útil es propietario de la mayor parte de las cuotas en pleno dominio de la vivienda, adquirida en la subasta en 2023 y reclama la posesión del inmueble. Gesvenacem SL figura junto a la SGR como parte demandante en el lanzamiento.

La cosa se fue enrevesando con la SGR y la deuda suscrita, explica Carmen en conversación telefónica. Otra empresa con el mismo administrador que quien compró la mitad de la vivienda en una subasta adquirió también la deuda que habían contraído, y ahora se encuentran flanqueadas por todos los costados: el mismo titular les reclama la vivienda para saldar el préstamo. La mercantil que adquirió la mitad de la vivienda no consiguió la posesión en primera instancia, pero sí en la Audiencia Provincial en junio de 2024, como explican desde su entorno a elDiario.es, obviando que la vivienda es la primera residencia de una familia. Las afectadas también alegan que la vivienda no se puede dividir, por lo que no podían entregar la parte que se les reclamaba.

En primera instancia, el juzgado entendió que la empresa adquirió las cuotas indivisas especificadas en la subasta y en la adjudicación, y esto determina que “no se pueda proceder a la entrega de la posesión material de la finca”. La Audiencia lo revocó al entender que la empresa tiene mayoría de las cuotas de propiedad, que no de usufructo. Carmen recuerda que el Código Civil señala que en caso de haber dos poseedores prevalece el derecho del más antiguo, y que su madre tiene el usufructo de la otra parte.

Finalmente, y al borde de la fecha del lanzamiento hipotecario, el juzgado ha admitido el informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de l'Eliana en el que se recoge el grado de dependencia de la 'matriarca', evaluada con el grado 3. “Esa casa es su vida”, señala Carmen por teléfono, que ya cree que su familia “parece que tenga una maldición”, tanto por la pérdida de su hermano como de la vivienda familiar. El juzgado también estima que la vivienda es el domicilio habitual de Carmen y de su hija, que depende de ella, y acuerda un mes para la entrega voluntaria.