Bolaños recurre el archivo de sus denuncias contra el juez Peinado y acusa al Poder Judicial de “corporativismo”

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. 

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro sostiene que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y critica que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” haya sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas “y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial”. 

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente es competente para decidir sobre los recursos de alzada impuestos frente a decisiones de la autoridad disciplinaria, lo que augura que este recurso tiene pocas opciones de prosperar.

De hecho, el propio Bolaños admite que no confía en que ese órgano revoque su propia decisión y anuncia que su objetivo es agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que dice que está seguro de que “hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor carece de “motivación”, dado que no realiza “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explica “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”.

Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil, incompatible con la posición que le correspondía” durante el interrogatorio.

Así, en la grabación consta que apenas iniciado el interrogatorio, el juez advirtió a Bolaños que en cualquier momento de la declaración podría modificar su condición procesal de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”.

En su escrito, el ministro denuncia que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. Además, sostiene que durante ese tiempo la investigación fue “limitada” y se llevaron a cabo “un número muy reducido de diligencias de investigación”.