Rafael Rubio, ex subdelegado del Gobierno procesado en el 'caso Azud', niega ser el “RR” de las mordidas

La defensa de Rafael Rubio, ex subdelegado del Gobierno y exconcejal socialista en el Ayuntamiento de València, ha recurrido su procesamiento en el 'caso Azud' al considerar que el presunto cohecho que se le imputa estaría prescrito. El escrito, al que ha tenido acceso este diario, pide el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento y alega que la jueza instructora no “individualiza una dádiva, favor, retribución, ofrecimiento o promesa efectivamente recibida, solicitada o aceptada por él”.

Virgilio Latorre, letrado de Rubio, también desliza que las iniciales “R” o “RR” vinculadas a supuestas mordidas que constan anotadas en la documentación intervenida al empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de la trama, no prueban por sí solas la entrega al investigado de 300.000 euros, tal como sostiene la instructora, “ni el pacto corrupto”.

Además, el recurso también reprocha que el importe de la supuesta mordida ha ido variando en el marco de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, oscilando finalmente en una amplia horquilla de entre 300.000 y 750.000 euros.

La UCO mantiene la tesis de que Rafael Rubio habría cobrado durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de València la supuesta mordida a cambio de callar o de aflojar las críticas contra una de las operaciones urbanísticas vinculadas a la presunta trama. Rubio fue detenido en 2021, cuando era subdelegado del Gobierno en València.

El escrito también desliza que las iniciales de “R” o “RR” cuenta con unas variables “infinitas” de atribución a una persona en concreto. La defensa de Rafael Rubio desliza —“sin ánimo de causar perjuicios a nadie”— que una de las personas investigadas en el 'caso Azud' fue “Ricardo Rubio” y otra de las personas “sospechosas” fue un individuo apellidado “Ramírez”.

Por otro lado, el recurso asegura que la defensa desconoce la finalidad y a quién estaban dirigidas las cantidades anotadas en las tablas de costes de Febrer. “O a quien se pretendía hacer creer con las mismas lo que quiera que allí se anotó”, apostilla.

Por el contrario, el letrado alude a la “absoluta seguridad” por parte del expolítico socialista de que “no existió acto de ofrecimiento ni aceptación de dádiva alguna en relación al objeto de la imputación cuya formulación se pretende autorizar”.

La defensa tilda la instrucción del 'caso Azud' de “policial” y “no judicial”, habiendo asumido “aquella información e interpretación que aparece en los informes como dogmas de fe, sin la más mínima fiscalización ni cuestionamiento propio”. El auto de procedimiento abreviado, que procesa a un total de 38 personas, se erige en “una suerte de resumen o compendio de diversos informes” de la UCO, agrega.

La defensa ve meras “especulaciones de terceros”

“No consta identificada una transferencia, entrega, intermediario, soporte documental de pago o comunicación atribuible a mi mandante que cierre la cadena inferencial de la proposición y aceptación de la recepción de una dádiva concreta”, argumenta el recurso.

Además, la defensa también niega la “realidad material” de las citas entre Rafael Rubio, el abogado José Luis Vera y Jaime Febrer reseñadas en la agenda del empresario.

El escrito ve una acumulación de “sospechas”, de “hipótesis no contrastadas” y de “especulaciones de terceros”, aunque “sin individualizar el elemento nuclear del cohecho” imputado indiciariamente a Rubio.

Por otro lado, también cuestiona que los regalos navideños de Febrer acrediten la supuesta comisión de 300.000 euros “ni el pacto de silencio o de omisión funcional que se pretende conectar a la operación de las parcelas”, una de las subtramas de la causa.