El juez busca relanzar la investigación a Montoro por beneficiar a gasistas a cambio de comisiones

Hace escasos días, el juez Rubén Rus, que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro desde su juzgado de Tarragona, tomó la decisión de prorrogar la instrucción. En su resolución explicaba que la investigación era “sumamente compleja” y que desde que se levantó el secreto de la causa allá por junio de 2025 solo se ha tomado declaración a la mitad de los imputados, de los que solo uno quiso responder. Montoro aún no ha sido citado para que explique si, como sostiene la investigación, se valió de un despacho fundado por él, Equipo Económico, para recibir pagos a cambio de modificar leyes desde el propio Gobierno del que formaba parte a conveniencia de determinados clientes.

Además, añadía el juez, hay varias diligencias (hasta cuatro) de las que debe ser informado por los Mossos d'Esquadra, que ejercen de policía judicial en este caso. Y advertía de que, de esos atestados, bien pudieran generarse nuevas vías de investigación. Así, más allá de esa sensación de que nada se mueve en ese juzgado de Tarragona, Rus no parece haber dejado de lado la instrucción ni parece haber sucumbido ante la montaña de escritos y de recursos presentados por los investigados.

Entre la tarea pendiente de los Mossos está la de analizar los movimientos bancarios de Montoro y de seis personas más de su entorno, incluido su hermano: quiere rastrear cada paso desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, porque le atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

No obstante, hay una realidad a la que el juez se enfrenta: la causa lleva abierta desde 2018, ya son ocho años, y desde 2025 la treintena de investigados ven afectada su vida laboral de forma drástica. Por eso, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es ven con expectación el mes de septiembre porque será entonces cuando la Audiencia Provincial de Tarragona se pronuncie sobre si el caso debe quedárselo el juez instructor o si, por el contrario, debe ser remitido a los juzgados madrileños, tal y como quieren las defensas.

Así pues, la vuelta de las vacaciones —agosto es mes inhábil en la Administración de Justicia— se antoja crucial para el devenir de esta causa. Y mientras, las defensas de los encausados no dan puntada sin hilo y ya han presentado recursos contra el auto por el que el juez prorrogaba la instrucción. Se basan en múltiples defectos, como que ha acordado prorrogar sin pedir previo pronunciamiento de las partes personadas en el procedimiento.

En el recurso del ministro, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detallan lo que, a su juicio, son una serie de irregularidades que se habrían producido a lo largo de la instrucción, como que permaneciera bajo secreto siete años, que se produjeran a lo largo de ese periodo filtraciones a medios, que se acordara revisar movimientos bancarios remontándose a diez años antes de los hechos investigados, o que no se les haya dado traslado de la totalidad de la causa aun a día de hoy. A esto añade que ha tenido conocimiento de que los Mossos podrían estar tomando declaración a testigos sin control judicial, y entiende que se está ante una instrucción prospectiva.

Por su parte, el despacho que los investigadores consideran epicentro del tráfico de influencias, Equipo Económico, ha presentado también su recurso contra la prórroga. Hace hincapié en que no se ha cumplido con el trámite de audiencia a las partes sobre la procedencia de la misma. Y advierte de que esta “no es una mera irregularidad formal carente de trascendencia” porque genera “una evidente indefensión” y puede determinar la nulidad de esa resolución.

“La actuación del órgano judicial que ahora impugnamos abunda en lo que no es si no una manifestación más del absoluto desprecio por parte de este órgano judicial al derecho de defensa de los investigados”, lamentan, para acto seguido recordar que en la ampliación de la prórroga del mes de enero ocurrió algo parecido, ya que si bien el juez les preguntó su parecer, no les dio tiempo a contestar cuando ya había acordado otros seis meses de instrucción.

Por otro lado, la defensa del despacho indica que la resolución del juez carece de motivación suficiente y recuerda que consta en el sumario un informe de la UCO que resolvía que todos los ingresos en ese despacho fueron declarados a Hacienda, que hay trazabilidad de cada ingreso, y que las cantidades fueron utilizadas para cubrir costes operativos habituales, impuestos y gastos personales de los socios “sin que se haya identificado una derivación de estos fondos”.

Añade que el auto recurrido “incurre en una patente contradicción interna que compromete gravemente la claridad y certeza de su contenido” porque en la parte dispositiva se afirma que procede acordar la prórroga del plazo de instrucción por seis meses y, sin embargo, establece que el plazo de instrucción finalizará el 26 de julio de 2027, lo que supone una ampliación de un año.

El caso Montoro

Según constaba en el auto de julio de 2025 por el que se levantaba el secreto de la investigación, el núcleo de esa trama se ubicaba presuntamente en el despacho de abogados que fundó Montoro tras pasar por el Gobierno de Aznar. Despacho que luego abandonó cuando entró en el Ejecutivo de Rajoy, y que le habría servido, según las pesquisas, para beneficiarse de forma ilegal, favoreciendo a empresas del sector gasistas.

Junto al exministro, el juez y Anticorrupción investigan a antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre esos altos cargos del Ministerio durante la etapa Montoro, también imputados, están el ex secretario de Estado Miguel Ferré, y la exsubsecretaria Pilar Platero, así como los ex directores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.

Según describía ese auto por el que Rus imputaba formalmente al exministro, Montoro habría hecho “uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio” para así asegurar “una ganancia al despacho”. El juez considera que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través del despacho del ministro, que habría cobrado a cambio de su influencia para llevarlas a cabo.

Siempre según esa resolución, las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), que serían Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, en al menos dos ocasiones, según las pesquisas, habrían contratado al despacho “a fin de que hiciese uso de su red de influencias” para impulsar las reformas legislativas pretendidas. La primera vez, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

La segunda vinculación contractual hace referencia a una rebaja fiscal a las gasistas. Así, reza el auto, “solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas”, con una modificación legislativa. El juez indica que el pago realizado al despacho de Montoro “no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia”.

Así, durante el periodo 2011-2019, el despacho de Montoro recibió 779.705 euros de las gasísticas, aunque los informes técnicos —precisa la resolución— los elaboraba un tercero (EY) y “en el mejor de los casos eran retocados por Equipo Económico”.

Para imputar al exministro de Hacienda, el instructor apunta que “presuntamente, haciendo uso de sus potestades en el cargo”, permitió a su despacho ofrecer a “sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”. Para ello da por constatado que nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas a su empresa, “lo que aseguraría la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley y reglamentos a 'demanda' de las mercantiles investigadas”.