El Supremo juzgará el 12 de marzo al senador Pedro Sanginés (CC) por denuncia falsa y falso testimonio

Pedro Sanginés, con su mano en el hombro de Fernando Clavijo, en un congreso insular de CC celebrado en Lanzarote.

Natalia G. Vargas

Arrecife —
3 de febrero de 2026 14:43 h

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El Tribunal Supremo juzgará el próximo 12 de marzo a las 10.00 horas al senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro Sanginés (Coalición Canaria) por un delito de acusación y denuncia falsas y otro de falso testimonio. Los hechos que serán juzgados se remontan a 2009, cuando el dirigente nacionalista presidía el Cabildo insular y el Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo), y, según se recogió en el auto de apertura de la causa, citando un escrito de la Fiscalía, compareció voluntariamente ante las dependencias policiales de Costa Teguise para denunciar unas supuestas irregularidades en la contratación de determinados servicios.

Para que el Supremo pueda juzgar a Sanginés, el Senado levantó su inmunidad en septiembre de 2025, después de que Coalición Canaria lo aforara ante la Cámara al designarlo senador por la comunidad autónoma en 2023. El Tribunal, en un auto, ha declarado pertinentes las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, que incluyen el interrogatorio del acusado, diversa documental y la citación de varios testigos, para su práctica en el acto del juicio oral. La Fiscalía pide para el político un año y seis meses de prisión, además de una multa de 4.050 euros. La acusación particular eleva la petición a tres años de cárcel y 5.400 euros de multa.

El 11 de noviembre de 2009, Pedro Sanginés, entonces presidente del Cabildo de Lanzarote, se presentó a las 22.30 horas en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise. El objetivo de su comparecencia fue denunciar por supuestas irregularidades en un proceso público de contratación al empresario Antonio González, ya fallecido, y al que fue en 2007 consejero delegado de los CACT, el socialista Carlos Espino, denunciante de la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en Lanzarote.

El dirigente de CC declaró ante la Justicia en dos ocasiones por este caso y reiteró sus acusaciones. La causa contra González y Espino se archivó, y la tercera vez que Sanginés compareció ante los tribunales fue como imputado por los delitos de denuncia falsa y falso testimonio. 

A pesar de que en un primer momento el Supremo ordenó el archivo de la causa, la Sala de lo Penal pidió su reapertura al considerar que el archivo fue “precipitado” y que el análisis de los indicios avalarían “una actuación del aforado investigado, motivada en intereses partidistas, capaz de dar asiento a la inferencia de un conocimiento por su parte de la falsedad o un temerario desprecio de la verdad”.

El recurso de reforma presentado por el Ministerio Público contra el archivo sostuvo que Sanginés orquestó “una actuación falsaria” y de “carácter espurio”. ''Fue una denuncia muy extensa respaldada por el partido político al que pertenecía, pero no por la institución a la que representaba“, apuntó la Fiscalía en su recurso. La noche de la denuncia, el expresidente del Cabildo aportó un escrito redactado por el abogado de los Servicios Jurídicos de Coalición Canaria. En esta línea, el Ministerio Fiscal cuestionó que el político no presentara ninguna documentación oficial, ni informes jurídicos de la administración, ”máxime si el denunciante es el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote“.

El pasado septiembre, Sanginés dijo que encarará el juicio con “total tranquilidad” porque cree que quedará de manifiesto que el origen es un “error” de la Fiscalía. Hace menos de un año, en mayo de 2025, Sanginés fue nombrado secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote, con el respaldo del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a quien el senador dio las gracias por ser ''un gran presidente, un grandísimo amigo y una gran persona''. 

El dirigente nacionalista presentó su candidatura para este cargo la misma semana en la que el Tribunal Supremo lo procesó, acusado de denuncia falsa y falso testimonio en su etapa como presidente del Cabildo de Lanzarote.

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