El Tribunal de Cuentas detecta “carencias” en la supervisión de las retribuciones de concejales canarios

El pleno del Tribunal de Cuentas del Estado ha advertido de la existencia de “significativas carencias de control interno” en la gestión de las retribuciones de los miembros de los gobiernos locales de seis grandes ayuntamientos españoles, señalando la necesidad de reforzar la prevención ante eventuales conflictos de intereses y mejorar la fiscalización de las declaraciones de bienes y actividades de los cargos electos.

Según ha informado el propio Tribunal de Cuentas a través de una nota de prensa, la fiscalización, que analiza el ejercicio 2024 en los consistorios de Alicante, Bilbao, Córdoba, Murcia, Palma y Las Palmas de Gran Canaria, concluye que, si bien existe un “nivel aceptable de cumplimiento legal”, se identifican “amplios márgenes de mejora” en la regulación, integridad y transparencia de estas percepciones.

Según el informe, los alcaldes y concejales de estos municipios percibieron un total de 9,3 millones de euros en retribuciones, además de 363.357 euros en asistencias y 134.245 euros en indemnizaciones por razón del servicio. Aunque los ayuntamientos respetaron los límites máximos legales, el Tribunal de Cuentas subraya deficiencias en el control del “régimen de incompatibilidades o acumulación de cargos en las entidades instrumentales”.

Limitación por datos tributarios

Asimismo, el organismo ha destacado que su labor se vio condicionada por una “limitación al alcance”, al no haber podido acceder a la información tributaria necesaria para contrastar posibles “situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses”.

Por ello, el informe plantea la necesidad de “revisar el marco jurídico vigente para facilitar el acceso a esta información” cuando sea requerida para funciones fiscalizadoras.

El Tribunal pone de relieve que el desarrollo normativo local sobre el estatuto económico de estos cargos “continúa siendo incompleto y desigual”, detectando también un cumplimiento dispar de las obligaciones de transparencia y la necesidad de avanzar hacia una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la dirección de las entidades instrumentales.

Ante esta situación, el Tribunal formula recomendaciones para lograr una gestión “más homogénea, transparente y con mayores garantías”, instando a las entidades locales a fortalecer las políticas de integridad y mejorar los sistemas de control interno sobre las percepciones de sus representantes.