Maltratar al perro de la pareja para dañarla también puede ser violencia machista

Hacer daño a lo que más quiere la víctima, también a través de terceros. Cuando un maltratador decide hacer la vida imposible a su pareja o expareja, el camino que encuentra además de la violencia física, psicológica, económica o verbal pasa también por atacar a su entorno. Cuando los que sufren son, por ejemplo, los hijos, se habla de violencia vicaria. Y cuando esa violencia alcanza a las mascotas de la víctima, de violencia instrumental. En Madrid la Fiscalía ha pedido año y medio de prisión para un hombre que mató a la mascota de su pareja, una perra llamada Bella, “con la finalidad de causarle daño” a la mujer.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre abril y julio de 2020, en el domicilio que víctima y agresor compartían en Madrid en un momento de grandes restricciones a la movilidad por la pandemia de coronavirus. Con el objetivo de amedrentar y dañar a la mujer, el acusado, según el Ministerio Público, decidió agredir al animal: golpes en la cabeza y en las patas y una paliza final que terminó con su vida tras reventarle el hígado.

La acusación pública pide que se le condene por un delito continuado de maltrato animal pero solicita aplicar una agravante de género, porque el verdadero objetivo era su pareja, para quien pide una indemnización de 3.000 euros por daños morales. La última reforma del Código Penal sobre el maltrato animal, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, introdujo una serie de agravantes para quien ataque a un animal para hacer daño a su pareja o, por ejemplo, lo haga delante de un menor de edad.

“Teníamos una sensación de permisividad a la hora del maltrato animal con respecto al Código Penal”, explica en declaraciones a elDiario.es Sergio Torres, director general de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio que dirige Ione Belarra. Las penas siguen sin superar los dos años de prisión, el límite para que la entrada en la cárcel para cumplir condena sea obligatoria, pero la existencia de agravantes y la posibilidad de que existan más condenas por otros episodios de maltrato lo convierten en algo más probable.

En España no existen estudios al respecto, pero la experiencia del ministerio apunta a que, en ocasiones, una mujer víctima de violencia machista no abandonará el domicilio donde es agredida si eso pone en peligro a su mascota.

En España existe el programa VioPet, puesto en marcha en 2020 para que los animales domésticos de víctimas de violencia de género tengan una casa de acogida mientras sus dueñas abandonan la casa donde están siendo maltratadas y encuentran un lugar seguro. En su primer año de vida, el Ministerio de Derechos Sociales reveló que la mitad de las mujeres maltratadas que tienen una mascota no denuncian o se marchan por miedo a que su agresor tome represalias contra los animales.

“Hay mujeres que, directamente, nos han dicho que no se van de casa si no consiguen que el animal salga con ellas porque saben que lo va a matar”. Sergio Torres explica a este periódico que, a día de hoy, la ciudadanía entiende que las mascotas “forman parte de nuestra familia, en planos diferentes por supuesto a las personas, pero con unas vinculaciones emocionales muy importantes”. Gracias a VioPet, explica, “han podido salir con la tranquilidad de que sabían que sus animales estaban a salvo, no en un espacio de violencia donde pueden ser utilizados para la coacción”.

Este programa que va cerca de cumplir su cuarto aniversario, explica, consiste en “una red de casas de acogida para estos animales, hogares transitorios”. Cuando sus propietarias están fuera de peligro vuelven con ellas mientras existe una relación “constante” aunque no directa, por seguridad, entre la casa de acogida y la víctima. “En los centros de protección, para estas mujeres es imposible acceder con estos animales por una cuestión de seguridad, que exista un perro que hay que sacar cuatro veces al día supone un riesgo, esos animales son identificables en la calle”, explica Torres.

Nueva ley de Bienestar Animal

La acusación de la Fiscalía ha trascendido pocas semanas antes de que el próximo 29 de septiembre entre en vigor la nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Una norma que, entre otras medidas, contempla la creación de un Consejo Estatal, de un Comité Científico, establece las competencias de las autoridades autonómicas y municipales y crea una estadística centralizada de los animales domésticos en España. “Era necesaria cierta organización y homogeneidad para establecer normas en torno a la protección de los animales”, explica Torres.

El objetivo al perseguir el “sacrificio cero” o reducir el abandono es, añade, “dar herramientas a las administraciones para que puedan saber qué animales están identificados y para hacer cumplir de una manera efectiva la ley de protección animal”. No hay datos oficiales sobre cuántos animales se abandonan al año en España y según el director general de Derechos de los Animales “es hora de que, desde la Administración, podamos tener datos reales sobre la situación para poder implementar medidas y avanzar de manera progresiva en la reducción de esta lacra que existe en nuestro país”.

Los bulos de la norma

La nueva norma ha sido también objeto de una gran cantidad de bulos y desinformación, que han pasado por afirmar que se van a prohibir los periquitos, que la zoofilia no es delito o que matar a una rata puede llevar a una persona a prisión. Uno de estos puntos polémicos ha sido el curso que tendrán que hacer aquellas personas que quieran llevar un perro a casa con el objetivo, explica Sergio Torres, de que sean conscientes de lo que supone tener un animal doméstico y evitar abandonos. “Es una mínima adquisición de conocimientos sobre las necesidades que tienen estos animales cuando entran en nuestro hogar”.

A veces la llegada de una mascota, añade, choca con un “mal encaje”. “Nos damos cuenta de que tenemos muchas dificultades para mantenerlos en las mejores condiciones, animales que entran de manera compulsiva o no suficientemente reflexionada y que pueden ser abandonados”. Este curso, defiende, no pretende ser un filtro previo sino una “pequeña reflexión” antes de adoptar para saber el tiempo que se necesita o el dinero que puede llegar a costar tener uno de estos animales. Cursos gratuitos que el político compara con un curso de manipulación de alimentos. “Tener un animal no es un derecho, es una decisión, planteamos que sea un poco más reflexionada porque esos animales pueden ser abandonados”.

Una de las consecuencias, espera, es que disminuya la presión que sufren las protectoras de animales que, en muchos casos, se hacen cargo de estos animales abandonados con unos recursos limitados, dependiendo del altruismo propio y ajeno. “Progresivamente se notará la reducción de entrada de animales, porque esta ley además incide en dos cuestiones fundamentales”, explica. El primero es la obligación de identificar animales de compañía: “Es más fácil abandonar un animal que no está identificado”. El segundo es terminar con la cría no controlada de estos animales: “Tienen que ser con criadores registrados para hacer una trazabilidad y reducir la entrada de animales de camadas no deseadas, el principal factor de abandono”.

Los perros de caza, excluidos pero identificados

La tramitación de la ley que entrará en vigor a finales de mes no fue pacífica, tampoco en el seno del ejecutivo de coalición. Finalmente quedaron excluidos, por ejemplo y entre otros, los perros destinados a la caza. “Hay muchas cuestiones que se quedaron en el tintero”, reconoce Torres, pero entiende que la mera obligación de registrar a los animales ya supone un grado superior de protección al que tenían hasta ahora. “Un perro de caza no es solo un galgo, tendrá que estar inscrito y asociado a una licencia de caza para poder estar excluido de la norma, avanzamos en la necesidad de que estos animales estén identificados”, explica.

“Podría haber sido una ley mucho más ambiciosa, pero seguimos trabajando en la ampliación de los derechos de los animales”, dice el director general del ramo a pocos días de la entrada en vigor de la norma. “Nos queda mucho trabajo por hacer para seguir ampliando el marco de derechos de los animales usados en actividades específicas”, añade mientras explica que no habla solo de perros de caza: los utilizados para el pastoreo o, incluso, los cetáceos de los delfinarios y los visones.