La década de manipulación informativa en Galicia que Feijóo olvida cuando reclama ahora una prensa libre

“No a insultar a ningún periodista como hacen los ministros. No a pedir campañas orquestadas contra ellos como está haciendo el Gobierno. No a que militantes socialistas dirijan medios públicos. Y no a que este Gobierno, o cualquiera, pida callar o deslegitimar a los periodistas. Y sí a la prensa libre en España”.

Precisamente así, “Sí a la prensa libre en España” es el texto del post que acompaña el vídeo de 38 segundos, que el autor de ese discurso, Alberto Núñez Feijóo, colgó en su cuenta de la red social X –antes twitter–. La palabras fueron pronunciadas en el Congreso, ante un grupo parlamentario que interrumpía con sus aplausos. Varios de ellos, los que ocupan la primera fila, formaban parte de su núcleo duro ya en Galicia, donde al frente del gobierno de la Xunta llevó adelante exactamente lo contrario de lo que ahora predica.

Esa aparente caída del caballo ha sido recibida con ironía en la CRTVG, la corporación de medios públicos que el PP ha convertido en paradigma del órgano de propaganda gubernamental mientras lanza sus dardos contra RTVE. El movimiento Defende a Galega, que lleva casi seis años luchando contra la manipulación informativa, respondió desde la misma red con el hashtag #QueNonCheContenPelículas, y no fueron pocos los trabajadores de la casa que mostraron su disgusto, a título individual, ante las afirmaciones de Feijóo.

Más institucional fue la presidenta del comité intercentros de la corporación, Raquel Lema. “Celebramos que después de hacer oídos sordos durante años a nuestras reclamaciones, demande una prensa libre”. Lo instó a que “ya que no lo hizo durante su gobierno en Galicia, ni durante los 310 Venres Negros”, movilizaciones semanales de la plantilla contra el control político de la CRTVG, “sea su partido –con mayoría absoluta en el Parlamento gallego– quien lo aplique de inmediato en los medios públicos gallegos”.

La forma de hacerlo, para la representante del personal, sería con un relevo del director general y la creación del Consello de Informativos y el Estatuto Profesional, dos medidas recogidas en la Lei Galega de Medios de 2012. Por su parte, el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado por Feijóo a los pocos días de llegar a la presidencia de la Xunta, lleva desde 2016 en situación de interinidad.

Con 75 años recién cumplidos e investigado por acoso laboral –en una causa que salpica a otros siete cargos y excargos de la CRTVG–, ha expresado en numerosas ocasiones, aunque siempre en privado, su interés por abandonar el puesto. El relevo no será fácil, ya que requiere una mayoría cualificada del Parlamento, una reforma legal o encontrar una puerta trasera como la que, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, permitió eternizar en su cargo a Izquierdo.

El argumento final de Lema choca de frente con las palabras de Feijóo en el Congreso. La sindicalista rechaza “la manipulación informativa por parte de periodistas afines colocados en los puestos de dirección” y también “las represalias y el ostracismo de periodistas y otras trabajadoras que se niegan a manipular o discrepan de la línea editorial”.

“No a que militantes socialistas dirijan medios públicos”

El adjetivo en la negativa de Feijóo no es casual. Podía haber dicho “no a que militantes de un partido dirijan medios públicos”, pero lo ha restringido a los socialistas. El expresidente de la Xunta nombró como primera responsable de los informativos de TVG a Pilar Bermúdez, “la única redactora amonestada por faltas graves de asistencia y puntualidad” y “la única que presumía de que marchaba para casa a ver una película cuando no le gustaba la noticia que le mandaban hacer”.

Así lo recordaba en la revista Luzes otra extrabajadora de la casa, Susi Quintana, para quien aquélla fue “la primera alerta de lo que vendría después”. Pero había algo que convertía a Bermúdez en valiosa para la causa por encima de todas esas desventajas: su fidelidad a las siglas y su pasado como interventora electoral para el PP. Hoy, todavía continúa en la cúpula de la Corporación.

“No a que este Gobierno, o cualquiera, pida callar o deslegitimar a los periodistas”

En la CRTVG no se pedía callar: se ordenaba. Y, cuando no bastaba con la orden directa, se abría un expediente. Intentaron hacérselo a Tati Moyano, presentadora que reclamó el fin de la manipulación en una gala a la que asistía Feijóo y sufrió un acoso que, finalmente, quedó en nada. Quienes salieron a apoyarla supieron lo que era recibir llamadas intimidatorias desde el departamento de comunicación de la CRTVG con las correspondientes menciones a los servicios jurídicos.

No se hablaba de “triturar”, pero el espíritu era el mismo. Seguramente, Feijóo las hubiese considerado “conversaciones privadas”, como las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es. “Las personas que dirigen este tipo de comunicaciones, tendrán que hacer, por supuesto, la valoración que consideren oportuna”, dijo entonces, todavía sin el uniforme de campeón de la prensa libre.

De vuelta a Galicia, quien sí sufrió un expediente fue Carlos Jiménez. Rostro y, sobre todo, voz más que conocida en el audiovisual gallego, fue sancionado por realizar locuciones para productoras que emitían sus programas en la TVG. Después de años haciéndolo, sus jefes descubrieron que en ese casino se jugaba justo cuando se integró en el movimiento Defende a Galega. Lo que no tuvieron en cuenta fue que él contaba con un permiso de compatibilidad que le permitía realizar esa actividad. En su sentencia, la jueza no tuvo dudas al encontrar una “directa relación” entre el expediente “con la manifestación de su discrepancia periodística respecto a la política informativa de la corporación”. “No puede excluirse de modo indubitado el propósito de represalia en su actuación sancionadora contra el trabajador”.

“Sí a la prensa libre en España”

La estabilidad económica es la mejor garantía para una prensa libre y la Xunta –tanto de Feijóo como de su sucesor, Alfonso Rueda– se han asegurado siempre de que, en lo que toca a la publicidad institucional, esa estabilidad carezca de los criterios medibles y objetivos que piden, entre otros, el Colexio de Xornalistas.

El dinero calla bocas y Feijóo lo sabía –y lo sabe–. A lo largo de sus 13 años en San Caetano distribuyó 45 millones a dedo a los medios de comunicación. Los últimos, 3,5 millones, cuando estaba ya en la rampa de lanzamiento hacia Madrid, listo para sustituir a Pablo Casado. Su aterrizaje en la capital encontró un mullido sueldo de 1,2 millones en ayudas a empresas periodísticas de la capital del Estado.

Uno de los momentos más comprometidos de su mandato fue la publicación en El País de sus ya míticas fotos con el narcotraficante Marcial Dorado. Tras intentar cerrar bocas con una rueda de prensa que dejó más incógnitas que respuestas –además de frases socráticas como el “sólo sé que había nieve” al ser incapaz de recordar dónde había ido de vacaciones invernales con Dorado–, Feijóo tiró del método tradicional: repartió 900.000 euros entre los medios. En la prensa mayorista gallega –conocida cariñosamente como la concertada–, “del caso no se habló más”, como en aquella canción de Los Fabulosos Cadillacs.