El Gobierno de Ayuso boicotea el acuerdo para reconocer a víctimas de violencia sexual sin denuncia

En blanco, sin centros que puedan reconocer a las víctimas de violencia sexual sin necesidad de que denuncien. Así es como figura la Comunidad de Madrid en el listado de recursos autorizados para emitir esta acreditación administrativa acordada por el Gobierno y las comunidades el pasado 17 de noviembre y que deriva de la ley del 'solo sí es sí'. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado viernes el acuerdo, en el que figuran todas las autonomías junto a los centros autorizados en cada una. La gobernada por Isabel Díaz Ayuso es, sin embargo, la única en la que no aparece ninguno.

Todas las comunidades salvo Madrid han enviado al Ministerio de Igualdad este listado de servicios, que van desde ONG habilitadas hasta servicios sociales o centros municipales y servicios especializados. El objetivo es que las víctimas que hayan sufrido agresiones sexuales puedan acceder a derechos y prestaciones sin necesidad de que hayan presentado denuncia, un sistema que ya existe desde hace años para las víctimas de violencia de género en el seno de la pareja o expareja. Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, un 18,6% de mujeres en España han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de sus vidas.

Igualdad y las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo de protocolo común a mediados de noviembre, en una reunión en la que varias comunidades votaron en contra, entre ellas la presidida por Isabel Díaz Ayuso, según fuentes presentes en el encuentro. Eso a pesar de que la medida está también incluida en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrita por todos los partidos a excepción de Vox y que el procedimiento es similar al que el que ya se aplica para las víctimas de violencia de género.

Fuentes del Ministerio de Igualdad ponen el foco en que el protocolo ya está en vigor porque salió adelante en la Conferencia Sectorial y que “todas las comunidades” deberán articularlo con independencia de cuál fuera el sentido de su voto entonces.

Por su parte, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno regional justifica su falta de apoyo porque considera que el procedimiento planteado por Igualdad “no proporciona los requisitos mínimos de seguridad jurídica” y apunta a que el Gobierno “se negó” ante su petición de un sistema “más seguro”. “Estamos desarrollando nuestro propio sistema de acreditación. El Ministerio de Igualdad no nos ha dado el margen suficiente para enviarlo”, sostiene un portavoz de la Consejería, que añade que “ninguna víctima de violencia sexual va a quedar sin su ayuda”.

Una “dejación intencionada”

La situación ha motivado las quejas del PSOE madrileño, que este martes enviará una carta a la consejera Ana Dávila en la que califica de “inaceptable” que el Ejecutivo autonómico “no haya remitido” la relación de órganos, organismos y servicios que emitirán los informes de valoración y acreditarán que las víctimas lo son. “Esta dejación intencionada de responsabilidades provoca la incertidumbre total en los ayuntamientos y, muy especialmente, en las víctimas de violencia sexual”, reza la misiva, que “exige de manera inmediata” la información.

En la práctica, el reconocimiento oficial como víctimas de violencia sexual permite que las mujeres puedan acceder a las ayudas económicas previstas en la ley y a derechos como aquellos reservados en el ámbito del empleo. La legislación especifica que, a ojos de la Administración, será una víctima quien tenga sentencia condenatoria, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial en este sentido, como un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de delito. Sin embargo, la inmensa mayoría no denuncia: el porcentaje de las que acude al juzgado o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no alcanza el 5%,

Por eso la ley recoge otras vías de acreditación sin necesidad de denunciar, que es el camino para la que son indispensables los centros habilitados en cada comunidad: mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la Administración pública competente, de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social o por sentencia recaída en el orden jurisdiccional social.

“Es una situación muy grave y de una gran irresponsabilidad. Con tal de tensionar al Gobierno central, al Ejecutivo de Ayuso no le importa que quienes salgan perjudicadas sean las propias mujeres”, sostiene la diputada socialista en la Asamblea de Madrid y secretaria de Igualdad del partido en Madrid, Lorena Morales, que firma la carta junto a la diputada Cristina González.

A ella se han adherido alcaldesas y concejalas de ayuntamientos madrileños que se están viendo afectados por la falta de información de la comunidad. Entre ellas, la alcaldesa de Alcorcón Candelaria Testa, que lamenta el “abandono institucional” que a su juicio representa que el Gobierno madrileño no haya enviado esta información. “No puede ser que en toda España haya un protocolo y la única comunidad que vote en contra y no se adhiera sea esta”, dice la regidora, que apunta a “dos consecuencias principales”: por un lado, “la desprotección a las mujeres” y por otro “la desigualdad territorial”.

Testa habla de “contrasanchismo” refiriéndose a la posición de la Comunidad de Madrid de “oponerse a todo lo que haga el Gobierno de España” y asegura que “se traduce en desventajas” que tienen que ver “con los derechos de las mujeres”. “Es sumamente grave”, concluye la alcaldesa.