España restituirá por primera vez a las mujeres encerradas en los reformatorios para 'inmorales' de Franco

Las mujeres que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer, la institución represora más longeva del franquismo, van a recibir un 'perdón' público del Estado por primera vez. En un acto que se celebrará el próximo 20 de marzo en Madrid, 53 de estas mujeres recibirán documentos de reconocimiento como víctimas del franquismo de manos del Gobierno, una de las políticas de reparación simbólica previstas en la Ley de Memoria Democrática, según confirman fuentes del Ejecutivo. El objetivo es hacer una restitución pública de quienes, cuando eran adolescentes, fueron encerradas en reformatorios creados para chicas que transgredían las normas morales de la dictadura.

Tras décadas de silencio en torno a esta institución, que empezó a funcionar en 1941 y sobrevivió al dictador —cerró en 1985—, cada vez son más los testimonios de mujeres que recuperan su historia y cuentan lo que supuso para ellas pasar por los centros, a lo que se ha sumado un interés creciente de la historiografía. El Patronato de Protección a la Mujer, presidido por Carmen Polo, la mujer de Franco, fue el organismo encargado de vigilar y controlar la conducta social de las adolescentes, para lo que dispuso de una red de centros regentados por congregaciones religiosas en los que confinaba a las jóvenes “caídas o en riesgo de caer”, según la terminología del régimen.

El Gobierno está organizando el acto a tres bandas entre el Ministerio de Memoria Democrática, el de Justicia e Igualdad, coordinados por el Comisionado de los 50 años de España en libertad, que fue creado el año pasado en torno al medio siglo de la muerte de Franco pero que continúa su actividad. Si nada cambia, el evento se celebrará en el Auditorio Nacional de Música. “Es de justicia”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo.

Con motivo del acto, el Gobierno entregará a medio centenar de mujeres declaraciones de reparación y reconocimiento de carácter personal “por la represión y la violencia ejercida por el Patronato de Protección a la Mujer por razones políticas, ideológicas y de género”, señalan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Los documentos declaran “ilegales e ilegítimos” los tribunales u otro tipo de órganos, ya sean penales o administrativos, que tomaran decisiones al respecto y declaran “nulas” posibles sanciones que se les impusieran.

Hasta el momento, el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres ha otorgado más de 1.600 declaraciones de este tipo, entre ellas a la familia de la exalcaldesa socialista de O Porriño (Pontevedra), Eva García de la Torre, fallecida en 2022, que fue reconocida el pasado octubre como la primera víctima del Patronato de Protección a la Mujer franquista.

En su caso, fue encerrada en un centro religioso bajo “la sospecha de homosexualidad” después de escribir una carta sobre su orientación sexual. La misiva le valió una denuncia y el Tribunal Tutelar de Menores ordenó su puesta a disposición de la institución, bajo la que estuvo hasta 1985, ya entrada la democracia. Pero casi cualquier motivo servía para denunciar y encerrar a una chica en el Patronato de Protección a la Mujer: algunas fichas que figuran en los archivos esgrimen motivos como “no obedece a su madre”, “le gusta mucho la calle”, no acudir a misa o trabajar como camareras.

“Es muy importante que se reconozca como víctimas del franquismo. Debería haber sido muchísimo antes, pero esto nos permite dar un paso adelante”, reconoce Consuelo García del Cid, que pasó por varios centros y fue una de las pioneras en visibilizar la experiencia de las víctimas. Hace unos años, su voz era prácticamente la única y, desde entonces, se ha dedicado a escribir y reunir testimonios de mujeres afectadas. Aun así, las mujeres reclaman que el Gobierno dé un paso más y reforme la Ley de Memoria Democrática para incluirlas específicamente como víctimas de la dictadura más allá del epígrafe genérico en el que están incluidas.

Lo que ya va a hacer la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es crear un “grupo de trabajo interno” sobre el organismo e impulsar una subcomisión específica dedicada la represión que ejerció el Patronato dentro de la Comisión dedicada a esclarecer las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, según apuntan fuentes del Gobierno. La ley obliga a crear dicha comisión en el seno del Consejo de la Memoria Democrática y será constituida el próximo 25 de febrero. Entre sus funciones, estará ecopilarar información, testimonios y documentos para elaborar “con objetividad e imparcialidad” conclusiones y recomendaciones “para la reparación de las víctimas y para evitar que los hechos vuelvan a repetirse”.

“Reeducar” a las jóvenes

Para entrar al Patronato bastaba la denuncia de la policía o las autoridades, pero la mayoría acababan allí entregadas por su propio entorno. “La gente se convirtió en su mejor aliada, en una especie de cómplice. Se había asimilado tanto el discurso de lo que era ser una buena y mala mujer y lo considerado desviado de lo femenino, que la sociedad era la que denunciaba a las chicas. Era una especie descontrol panóptico ejercido por sus familias y vecinos”, explicaba a este medio la historiadora Carmen García Guillén, autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica).

Difícilmente la institución podría haber llevado a cabo sus fines sin las órdenes religiosas que regentaban los reformatorios, que tenían un papel crucial. Eran las monjas las que los dirigían y marcaban las duras condiciones de vida del día a día, según han narrado las víctimas, que eran encerradas sin haber cometido ningún delito. Aunque los había más y menos duros, en general en los centros lo habitual era el silencio y la disciplina, la oración y el trabajo. El objetivo era “reeducar” a las jóvenes. El pico máximo de internas se alcanzó en 1961, con 3.360 adolescentes. Entre las congregaciones más activas estaban las Adoratrices o las Oblatas del Santísimo Redentor.

Hace menos de un año, las órdenes religiosas —agrupadas en la Conferencia Española de Religiosos (Confer)— pidieron perdón a las mujeres en un acto celebrado en Madrid, un gesto que no fue suficiente para las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, que acabaron coreando “no” y “verdad, justicia y reparación” al unísono. Al enfado contribuyeron las palabras del presidente de la Confer días antes, cuando aseguró que la “experiencia” de las víctimas había que situarla “en el contexto de la época” y afirmó que a muchas “les sirvió como promoción personal y profesional”. Además, según apuntaron las propias mujeres, se les impidió hablar en sus discursos de bebés robados.