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Prisión para un conductor cazado con 3,6 kilos de hachís en Escucha al poco de ser condenado por narcotráfico en Málaga

Vehículo de la Guardia Civil.

ElDiarioAragón

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El juez de instrucción de la plaza nº 2 de Teruel ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza a R. L., el hombre al que la Guardia Civil interceptó el pasado 9 de noviembre en la N-420a, a la altura de Escucha, con 3.651 gramos de hachís ocultos en un compartimento habilitado en la zona de carga de su furgoneta. El investigado había sido condenado por un tribunal de Málaga el 27 de agosto por un delito contra la salud pública de la misma naturaleza, con una pena de ocho meses de prisión que no llegó a cumplir porque su ejecución quedó suspendida durante dos años.

Según el auto, fechado el 11 de noviembre, los agentes localizaron en la furgoneta, una Opel Combo, cuatro bolsas con un total de diez bloques de una sustancia resinosa de color marrón que dio positivo en derivados cannábicos en las pruebas orientativas. El análisis definitivo, que deberá determinar el peso neto, sigue pendiente.

El instructor considera que la cantidad intervenida, su reparto en bloques compactos y, sobre todo, su ocultación en un hueco acondicionado al efecto permiten inferir que la droga estaba destinada al tráfico y resultan “manifiestamente incompatible[s]” con el autoconsumo. Atribuye indiciariamente los hechos a R. L. por ser quien conducía el vehículo.

El peso bruto supera el umbral jurisprudencial de 2.500 gramos fijado para el hachís, lo que permite apreciar de forma indiciaria la agravante de notoria importancia del artículo 369.1.5.º del Código Penal. Con ella, el delito investigado pasa a tener señalada una pena de entre tres años y un día y cuatro años y seis meses de prisión, muy por encima de los dos años que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige como mínimo para poder decretar la prisión provisional.

El Ministerio Fiscal pidió el ingreso en prisión para asegurar la presencia del investigado en el juicio y evitar que cometa nuevos delitos. La defensa se opuso, al entender que no hay indicios suficientes contra su cliente, y reclamó su inmediata puesta en libertad o, en su caso, medidas menos gravosas.

La condena previa “no ha constituido un elemento disuasorio”

El juez hace suyo el criterio de la Fiscalía y sitúa el peso de su decisión en los antecedentes del investigado. La condena firme dictada por la Plaza nº 15 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga castigó un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, la misma modalidad que ahora se le atribuye. Apenas dos meses y medio después, R. L. fue sorprendido de nuevo con una cantidad considerable de droga.

Para el instructor, la proximidad temporal entre ambos hechos, su identidad y la cantidad intervenida revelan un riesgo real de que siga traficando si queda en libertad. Subraya como “especialmente relevante” que los nuevos hechos se produjeran durante el periodo de suspensión de la pena anterior, lo que, a su juicio, indica que aquella condena no le disuadió.

El auto aprecia además un riesgo concreto de fuga, tanto por la pena que podría imponérsele como porque una nueva condena podría hacer caer la suspensión de la anterior. Y añade que no consta acreditado un arraigo suficiente: aunque R. L. tiene señalado un domicilio en Vélez (Málaga), el juzgado no dispone de datos sobre la estabilidad de su residencia, su situación laboral o sus vínculos familiares. El investigado se acogió a su derecho a no declarar, algo que el juez precisa que no puede valorarse en su contra, aunque tampoco ha aportado información sobre su arraigo.

Medidas alternativas como las comparecencias periódicas o la retirada del pasaporte no bastarían, según el auto, para neutralizar esos riesgos. La resolución no es firme y puede recurrirse en reforma en un plazo de tres días y en apelación en un plazo de cinco.

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