Despide hoy, paga en 2030 (o nunca)

Un trabajador despedido hoy puede tener que esperar tres o cuatro años hasta que una sentencia firme diga si su despido fue legal. En Madrid ya hay juicios señalados para 2030: una reclamación laboral de unos 3.000 euros tiene fijada la vista para el 15 de enero de ese año. En Barcelona, los juzgados de lo Social ya señalan juicios para 2029. No es una exageración: es el calendario de la justicia laboral.

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha lanzado la campaña SOS Social con un lema que lo resume todo: Justicia retrasada, justicia denegada. Los juzgados de lo Social madrileños cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes, la cifra más alta desde 2006, tras crecer un 26,8% en un año.

Y Madrid no es una excepción. Según un estudio de los servicios jurídicos de CCOO sobre más de mil expedientes de todo el país, llegar a juicio por un despido individual, que legalmente tiene carácter preferente, cuesta de media 375 días; reclamar salarios, 450. Si hay recurso, hay que sumar más de siete meses en los Tribunales Superiores de Justicia y otros trece si se llega al Supremo. Conseguir una sentencia firme puede suponer más de tres años de pleitos.

Conviene dejar de hablar del retraso como si fuera una fatalidad meteorológica. El retraso tiene un precio: alguien lo paga y alguien sale beneficiado.

Lo paga, en primer lugar, quien reclama. Cada mes de espera es un mes más con el paro agotándose y el alquiler, la hipoteca, las facturas y la vida familiar corriendo mientras el expediente duerme en una agenda judicial. En los procedimientos de incapacidad permanente o de prestaciones de la Seguridad Social, lo que está en juego es precisamente el ingreso que permite vivir.

Hay situaciones especialmente sangrantes. La ley permite al trabajador pedir la extinción indemnizada de su contrato cuando la empresa incumple gravemente: impagos o retrasos continuados del salario, determinadas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo u otros incumplimientos graves. Pero si el juicio tarda años, el trabajador queda atrapado entre seguir trabajando en condiciones insoportables o marcharse antes de la sentencia, arriesgándose a perder la indemnización y, en determinadas circunstancias, el paro. El retraso convierte así un derecho pensado para protegerle en una espera imposible de soportar.

Hay casos que parecen escritos para demostrar el absurdo. En Sevilla, un trabajador de una mina al que la Seguridad Social denegó la incapacidad permanente tras una grave lesión de espalda presentó su demanda en 2021. El juicio se le señaló para 2026: cinco años de espera. Sin trabajo, sin ingresos y con el paro agotado, se puso en huelga de hambre ante la Audiencia Provincial. Solo así su caso se movió. En Málaga, una trabajadora fija discontinua esperó tres años a que un juez examinara su petición de ser reconocida como indefinida.

El tiempo no pesa igual sobre las dos partes. Hasta la reforma laboral del Partido Popular de 2012 existían, con carácter general, los salarios de tramitación: si el despido se declaraba improcedente, el trabajador cobraba los sueldos dejados de percibir mientras duraba el proceso. Aquella reforma los suprimió cuando la empresa opta por indemnizar. Hoy la empresa sabe que, aunque el juicio llegue dentro de tres años, la indemnización no crecerá ni un euro. El coste de la lentitud judicial recae entero sobre quien ha sido despedido sin causa. Eso ha cambiado la lógica de la negociación y ha debilitado mucho la posición de quien reclama a la hora de alcanzar un acuerdo.

Lo saben bien los abogados laboralistas, que viven la escena a diario: la empresa no acude a la conciliación o no ofrece nada; pasan los meses; llega por fin el día del juicio y, en la misma puerta de la sala, aparece una propuesta de acuerdo. Para entonces, el trabajador puede llevar años esperando, haber agotado sus prestaciones y estar económicamente exhausto. La empresa, en cambio, ha ganado tiempo. El derecho sigue intacto sobre el papel, pero la capacidad real de ejercerlo ya no es la misma.

Con los salarios impagados sucede algo parecido: si obtener una sentencia que obligue a pagar tarda un año y medio, el impago se convierte en financiación gratuita para la empresa a costa de quien trabaja.

La necesidad de recuperar los salarios de tramitación no es una idea nueva. En octubre de 2025, el Ministerio de Trabajo defendió su recuperación, y en mayo de este año se comprometió con CCOO y UGT a trabajar en un texto articulado para reformar el despido, una iniciativa que la CEOE rechazó de plano. No es de extrañar: el colapso de los juzgados le sale gratis a quien despide mal, y la patronal no tiene ninguna prisa por renunciar a esa ventaja. Espera, más bien, la motosierra de Feijóo, que no pierde ocasión de anunciar sin ningún reparo sus recortes de derechos laborales.

El debate sobre la indemnización y el derecho a una reparación adecuada plantea una pregunta de fondo: ¿qué valor tiene un derecho laboral si hacerlo efectivo exige esperar años y, en esa espera, se devalúa?

Despedir hoy y pagar en 2030, o no pagar nunca, no debería formar parte del funcionamiento normal del mercado de trabajo. Por eso urge que el Gobierno de coalición no pierda un minuto en revertir esta injusticia: recuperando los salarios de tramitación y dotando de una vez a los juzgados de lo Social de los jueces y los medios que necesitan. Porque sí: justicia retrasada es justicia denegada.