El absentismo, con bisturí y no con motosierra

Hay una manera seria de abordar un problema y hay una manera rentable de explotarlo. La patronal española ha elegido la segunda. Desde hace meses, la CEOE repite que el absentismo laboral es un agujero de 33.000 millones de euros, y Alberto Núñez Feijóo ha rematado la faena calificándolo de “cáncer que no podemos pagar” y proponiendo, sin más diagnóstico, recortar la prestación de quienes están de baja. Alarma, brocha gorda y tijera. Lo que merecería un bisturí se despacha con una motosierra.

Empecemos por la brocha gorda. Ese 7,6% de “tasa de absentismo” no mide gente que falta sin justificar: un 6,5% son bajas médicas certificadas por facultativos del sistema público y el resto son permisos reconocidos por ley, como el nacimiento de un hijo o la hospitalización de un familiar. Lo advirtió en julio el Consejo General de Graduados Sociales: bajo la palabra “absentismo” se agrupan realidades distintas, y llamar absentismo a todo por igual pone en peligro derechos laborales. Una baja no es una decisión del trabajador; es una prescripción médica. Quien la rebautiza como fraude no describe un problema: fabrica un culpable.

La cifra estrella merece el mismo escrutinio. Los famosos 33.000 millones no salen de ninguna estadística oficial, sino de estimaciones de AMAT —la asociación de las propias mutuas patronales— y de consultoras con interés comercial en el asunto. Según la fuente, el “coste” baila entre 30.000 y 59.000 millones: no es un dato, es un eslogan. Y su grueso son prestaciones de la Seguridad Social, salario diferido que los trabajadores ya han pagado con sus cotizaciones.

Que las bajas hayan crecido es cierto: según la Encuesta de Población Activa que elabora Eurostat, entre 2018 y 2024 el porcentaje de ocupados ausentes por incapacidad temporal subió un 73% en España, frente al 16% de la UE-27 —un dato de la oficina estadística europea, no de una consultora con intereses en el asunto. Pero antes de gritar “fraude” conviene mirar dónde se concentra ese aumento: solo el 16,6% de los trabajadores acumuló más de una baja en 2023, y ese grupo concentró el 64,5% de las jornadas perdidas. No es un país fingiendo dolores de espalda; es una minoría con procesos crónicos quien carga con la mayor parte, y tiene nombre clínico: dolores de espalda, cuello y articulaciones (32,6%) y salud mental (18,4%), ya primera causa de baja no traumática, mientras cuatro de cada diez empresas ni siquiera evalúan riesgos psicosociales.

El bisturí revela un problema real, que no se llama pereza. Hay más bajas porque las plantillas han envejecido de golpe —los afiliados de 50 a 64 años crecieron un 36,3% entre 2019 y 2025— y un país que celebra trabajar hasta más tarde no puede escandalizarse de que esos cuerpos enfermen más. Y hay bajas más largas porque la sanidad pública acumula 853.509 pacientes en lista de espera quirúrgica, con 121 días de demora media: quien aguarda cinco meses un quirófano no ha elegido su incapacidad; se la han impuesto los recortes sanitarios.

La comparación europea, que la patronal evita, termina de desmontar la premisa. En Alemania, Austria, Bélgica o Noruega, un trabajador enfermo cobra el 100% del salario desde el primer día por mandato legal. En España, el marco legal mínimo hace que pierda tres días completos de sueldo y cobre solo el 60% del cuarto al vigésimo. Feijóo no propone recortar un sistema generoso: propone empobrecer uno de los regímenes menos protectores de Europa occidental. Y el experimento ya se hizo: Alemania recortó esa prestación por ley en 1996, del 100% al 80%. La investigación académica documentó que, aunque redujo las bajas por dolencias no contagiosas, disparó el presentismo entre quienes tenían enfermedades infecciosas, anulando el ahorro en ese terreno. La reforma se revirtió en 1999 y nadie ha vuelto a tocarla.

¿Por qué, entonces, la CEOE elige el alarmismo en lugar del rigor? Porque prefiere controlar antes que prevenir. Es más barato fiscalizar la baja que invertir en que no llegue a producirse, y más barato esperar un recorte legislativo que sentarse a negociar lo que la patronal prefiere no contabilizar: los dos millones y medio de horas extraordinarias semanales que no se pagan, o los casi veinte millones de días perdidos por accidentes de trabajo. La propia posición empresarial delata la impostura: la CEOE no pide menos absentismo, pide dejar de pagar los días 4 a 15 de la baja y trasladar la factura a la Seguridad Social.

El camino serio existe, pero lleva dos años sin recorrerse. La mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal se abrió en diciembre de 2024 y sigue sin acuerdo. El Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, anunciado en febrero para analizar causas en lugar de intercambiar consignas, no ha dado ningún paso más desde entonces. Y del acuerdo de 2023 para que las mutuas aliviaran las listas de espera, solo cinco comunidades autónomas han firmado el convenio. Activar de verdad esas herramientas, reforzar la sanidad pública —porque cada día menos de espera es un día menos de baja— y asumir lo que ya han dictado los tribunales, con el Supremo anulando en 2025 y 2026 las cláusulas que penalizan al trabajador por enfermar, es el camino. Las organizaciones que invierten en la salud de sus plantillas reducen las bajas prolongadas y ganan en productividad: el bienestar no es un gasto, es una inversión.

Un problema con tantas caras exige la paciencia del cirujano, no la euforia del leñador. Exige diálogo social con datos auditables y propuestas que curen. Pero la CEOE no puede disimular que prefiere la comodidad de la motosierra que le ha prometido Feijóo. Con esta actitud, el diálogo social en esta materia se hace imposible.