ELA exige a Pradales que no apruebe los presupuestos “sin destinar al menos el 1% del PIB a vivienda”, 1.103 millones

El sindicato ELA, que cree que la huelga general del 11 ha sido “un hito en la movilización sindical y social” y debe “marcar un antes y un después” en las políticas de vivienda, ha exigido al lehendakari, Imanol Pradales, que no aprueben los presupuestos “sin destinar al menos el 1% del PIB a vivienda” y ha emplazado Ejecutivo vasco, y también al navarro, a crear una banca pública para “promover vivienda y aplicar el impuesto para movilizar 40.000 viviendas vacías”. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha abogado por duplicar el presupuesto para vivienda hasta los 1.103 millones (1% del PIB) en la CAPV -ahora cuenta con 504,1 millones-, y destinar parte del presupuesto para crear y dotar una banca pública que tenga como objetivo financiar la construcción de vivienda protegida en alquiler y ofrecer créditos a las familias “sin someterlas a la lógica del beneficio bancario”.

Lakuntza ha criticado que “en plena crisis habitacional”, el Gobierno vasco “destina únicamente el 2,8% de su presupuesto a vivienda”. “Son unos presupuestos que dan la espalda a todas aquellas personas que tienen problemas para acceder a una vivienda digna”, ha lamentado. Además, ha criticado que en el Gobierno de Pradales “se destinan más recursos a prestaciones de vivienda que a la construcción de vivienda protegida” y ha incidido en que “las ayudas económicas no pueden sustituir la creación de un parque público suficiente”. Así, ha apuntado que esta “insuficiente” inversión pública ha provocado que el parque de vivienda protegida en alquiler “represente únicamente el 2,6% del total de viviendas en la comunidad autónoma del País Vasco”, un porcentaje “muy alejados de la media europea del 6,5% y del 23% de ciudades como Viena”.

Lakuntza considera que la “movilización histórica” de este pasado miércoles obliga a los Gobiernos vasco y navarro, así como a las diputaciones y municipios, a “tomar decisiones concretas para acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda”. Para ELA, “es necesario prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, impedir la compra de viviendas y suelo por parte de empresas con fines especulativos, prohibir los alquileres de temporada y limitar y reducir progresivamente las viviendas turísticas para que prime el derecho a la vivienda por encima del uso turístico”.

Asimismo, exige que ambos Ejecutivos asuman directamente la aplicación de “un canon o impuesto efectivo” sobre las viviendas vacías, sin dejar en manos de los ayuntamientos esta decisión. En su opinión, “mantener una vivienda vacía debe resultar caro para los propietarios” y, de esta forma, “se potenciaría la movilización de 40.000 viviendas en el corto plazo”.

También ha reclamado que se aprueben “las reformas legislativas necesarias para garantizar la calificación permanente” de todas las viviendas protegidas e impedir que “miles de ellas terminen incorporándose al mercado libre”. Finalmente, ELA ha exigido “compromisos concretos, cambios legislativos y presupuestos que permitan garantizar el derecho a la vivienda”. “Después del 11 de noviembre, continuar con las mismas políticas sería dar la espalda a miles de trabajadores que han exigido otra política de vivienda”, ha concluido Lakuntza.