Sindicatos nacionalistas vascos, gallegos, catalanes, valencianos y baleares se unen para que cada comunidad fije su propio SMI

Los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia -“los sindicatos de las naciones sin Estado”, se denominan- unirán sus fuerzas en la presión a los partidos políticos para que cada comunidad autónoma tenga capacidad normativa a la hora de fijar su propio Salario Mínimo Interprofesional (SMI), algo que hasta ahora es competencia exclusiva del Estado. Los sindicatos vascos lo llevan meses intentando mediante iniciativas legislativas populares en el Parlamento Vasco e intentos de negociación con la patronal vasca, aunque sin éxito, y el 17 de marzo tiene convocada una huelga general para exigir el SMI propio. Ahora la iniciativa conjunta con el resto de centrales trata de presionar a los partidos políticos y al Ministerio de Trabajo para que se cambie la legislación mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores, que tendría que pasar por la aprobación en el Congreso de los Diputados.

En concreto, los sindicatos vascos, ELA, LAB, Steilas, Etxalde, Hiru, la Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, la CIG e IAC, solicitarán a los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados (a excepción del PP y Vox) y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pongan en marcha iniciativas legislativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Las centrales quieren aprovechar el hecho de que hay que modificar el Estatuto para adaptarlo a una directiva europea, para que que se otorgue a las comunidades autónomas la capacidad de legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. En concreto, la propuesta planteada por los sindicatos es añadir al artículo 27 del Estatuto un epígrafe que recoja que “las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio y con independencia del convenio colectivo de aplicación”, y que “el SMI establecido en la comunidad autónoma deberá ser siempre superior al SMI establecido por el Estado en cómputo anual y mensual”. Para establecer este SMI autómico se basarán en las mismas directrices que el estatal, es decir, eI IPC, la productividad media, la coyuntura económica, la renta o el coste de la vida, pero de cada comunidad autónoma concreta.

Aunque saben que es una labor complicada, y que la vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es partidaria de un SMI diferente por comunidades autónoma, creen que cuentan con la ventaja de las mayorías que tienen que conformarse actualmente en el Congreso para sacar adelante las medidas que propone el Gobierno. En este sentido, Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha recordado que “esto es un debate político, y en el debate político lo que hace falta es conformar mayorías. Y hoy las mayorías en el Congreso se apoyan en formaciones independentistas y soberanistas”. Por ello, lo que quieren es que sean estas “fuerzas soberanistas las que ejerzan presión sobre el ministerio, porque somos conscientes de que la ministra no es partidaria, y eso es lo que queremos cambiar”. Lakuntza ha comparecido en Bilbao junto a la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, y representantes de Steilas, Etxaide e Hiru, mientras que los representantes del resto de los sindicatos han intervenido por videoconferencia.

Todos los representantes sindicales han resaltado que el SMI estatal es una forma “centralista y negadora de la realidad plurinacional del Estado” y que sólo sirve para “extender la precariedad”. El calendario de reuniones todavía no está concretado, aunque desde ELA confían en que se lleven a cabo en el mes de febrero, es decir antes de la huelga general del 17 de marzo.