La “delicada” situación del PSE-EE en la crisis de Getxo: a la expectativa, pidiendo contundencia y con la coalición en el aire

El PSE-EE reconoce que está en una situación “delicada” ante la crisis de Getxo con la imputación de tres concejales del PNV y tres técnicos por el caso del derribo del palacete Irurak Bat, que se suman a cuatro investigados de antes. Los socialistas se debaten entre la prudencia de ser partido de Gobierno en el consistorio y la exigencia de “contundencia” al PNV y a la alcaldesa, Amaia Agirre, mientras se mantienen a la expectativa de cómo transcurren los acontecimientos, la investigación, y si las actuaciones en consecuencia que tenga su socio le permiten mantener la coalición a nivel local.

El secretario general del partido, Eneko Andueza, ponía voz en público este lunes a lo que otros miembros del partido reconocen en privado, refiriéndose a la gravedad de una situación que les coloca en una postura complicada y que pone en cuestión el acuerdo de Gobierno. Andueza ha exigido “contundencia” a la alcaldesa en sus actuaciones para zanjar la crisis y, en una entrevista en Onda Vasca, ha señalado que en función de las decisiones que se tomen por parte del Ayuntamiento irán valorando “cuál es el papel” del PSE-EE“ y ”la continuidad en el Gobierno“.

No ha dado pistas sobre las acciones que debe tomar los jeltzales, después de que los tres concejales investigados, -Ignacio Uriarte e Irantzu Uriarte, que son pareja y cooperativistas de la promoción de viviendas de lujo que se iba a levantar en solar, e Iñigo Urkitza- hayan dimitido de sus cargos tras conocerse su imputación. “Todo lo que corresponda a las acciones o decisiones a tomar a nivel orgánico le corresponde al PNV y no soy yo quién para decirle al PNV qué tiene que hacer o qué no debe de hacer”, ha indicado. Pero sí ha insistido en la necesidad de “contundencia”. “Institucionalmente, la alcaldesa de Getxo tiene que ser contundente, la Justicia tiene que llegar hasta hasta el final y se tiene que restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, ha señalado.

Ha reconocido que la posición del PSE-EE en Getxo “ahora mismo cómoda no es”. “Se produce un caso de este tipo en un ayuntamiento en el que tú estás en el Gobierno y hay miembros del partido con el que conformas una coalición que no han tenido una actitud éticamente correcta”, ha indicado. De ahí que se haya exigido a la alcaldesa “contundencia” y explicaciones mediante la convocatoria de varias reuniones.

En la misma línea, el vicelehendakari Mikel Torres, que es secretario general del PSE-EE de Bizkaia, ha señalado preguntado por la cuestión durante una comparecencia que el caso del palacete, si se demuestran las presuntas irregularidades, supone “una nube negra sobre lo que tiene que ser la actuación de los ayuntamientos”. Ha recordado Torres que se ha pedido una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno y de la junta de portavoces, y que quieren que “la justicia actúe en todo el ámbito sin dejar ninguna duda”. Sobre el fondo, remitía a las explicaciones ya dadas por la portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Getxo, Carmen Díaz, que el mismo día que la Ertzaintza registraba las instalaciones municipales, ya mostraba su preocupación porque se están hablando de “cuestiones que empiezan a sonar muy mal como posibles delitos de prevaricación”.

Lo cierto es que desde que el viernes se hiciera pública la imputación de los tres concejales del PNV tras levantarse el secreto de sumario, el PSE-EE se ha movido entre la “preocupación” por la gravedad y el intento de desmarcarse de las decisiones irregulares que hayan podido tomarse en el seno de ayuntamiento, pese a formar parte del Gobierno. En este sentido, puntualizan desde el PSE-EE de Getxo que la Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de octubre de 2022 aprobó la “concesión de licencia de obras para el derribo de las construcciones auxiliares existentes y posterior rehabilitación y construcción de 12 viviendas, garajes y trasteros” en el solar en el que estaba el palacete, pero “esa licencia no autorizaba el derribo del edificio principal, Irurak Bat, sino el derribo de construcciones auxiliares y una actuación de rehabilitación sobre el mismo”. Se desmarca así de las posibles decisiones irregulares que se tomaran al margen de esa junta. La componen la alcaldesa y ocho concejales: seis del PNV , entre ellos dos de los imputados -Ignacio Uriarte e Iñigo Urkitza- y dos del PSE-EE.

En este sentido, señalan los socialistas de Getxo que “la licencia que se aprobó en la Junta de Gobierno Local daba la conformidad a una obra de rehabilitación y en ningún caso de derribo, siendo conforme al expediente que se elevó por el área de Urbanismo a la Junta de Gobierno y a la tramitación administrativa operada por el personal técnico, avalada a su vez por el secretario municipal, máxima autoridad técnica municipal”. En este sentido, recuerdan que el expediente “contaba con los avales técnicos en ese momento, por lo que no cabe desde la parte política el voto en contra, ya que es un acto reglado no sujeto a discrecionalidad”. “Queremos subrayar que fue en agosto de 2024 cuando se produjo el derribo, lo que contravino la licencia concedida que era de rehabilitación”, señalan.