La Ertzaintza entra por orden judicial en el Ayuntamiento de Getxo, del PNV, por el caso del derribo de un palacete

La Ertzaintza está registrando este miércoles el Ayuntamiento de Getxo por orden judicial dentro de la instrucción del denominado 'caso Palacete', en el que se investiga el derribo de un edificio protegido para levantar doce viviendas de lujo y en el que están presuntamente implicados dos concejales del PNV, partido que también tiene la alcaldía. Según informa El Correo y confirman fuentes del PNV a este periódico, los agentes están registrando el área de Urbanismo y se han registrado ordenadores y despachos en edificios del ayuntamiento, muchos de ellos pertenecientes al área de Urbanismo y de Informática.

Los ertzainas han acudido con dos órdenes judiciales dictadas por el juzgado de Instrucción 2 de Getxo. Después de meses de investigación, ya que el edificio se derribó de forma irregular en agosto de 2024.

El registro se produce después de que el juez acabe de decretar el secreto de sumario. Fuentes judiciales explican a elDiario.es/Euskadi que se ha decretado el secreto de las actuaciones para proteger las entradas y registros acordadas, ya que en la causa hay partidos de la oposición personados. El cuerpo encargado de las diligencias es la Ertzaintza y, en concreto, su unidad especializada en delitos ambientales y patrimoniales. La Ertzaintza ha pedido un mes de secreto de sumario. En el marco de la instrucción el 25 de febrero declaran en el juzgado el constructor, el aparejador, arquitecto, jefe de obra y uno de los miembros de la cooperativa.

Los agentes han entrado en los despachos de los concejales presuntamente implicados, Ignacio Uriarte Gorostiaga e Irantzu Uriarte Gómez, y también en el despacho del edil responsable del Servicio de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza.

“No nos consta ninguna irregularidad”, dice la alcaldesa

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Amaia Agirre, (PNV), que gobierna en coalición con el PSE-EE, ha señalado que el Ayuntamiento está prestando “colaboración plena y activa con las autoridades judiciales y policiales, facilitando el acceso a la información y documentación requerida para el desarrollo de las diligencias”. “No nos consta ninguna irregularidad. En lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad. El expediente de San Nicolás 11 ha sido tramitado correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios”, ha señalado la alcaldesa.

Ha defendido, además, que cuando la promotora derribó parte del edificio sin el permiso correspondiente, el Ayuntamiento actuó con rapidez y con firmeza, “se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa. Es decir, cuando se detecta un incumplimiento, se actúa. Y si la investigación en curso acreditara alguna vulneración ética o legal, adoptaremos las medidas oportunas con toda la contundencia”, ha señalado.

Estos dos concejales del PNV en Getxo eran cooperativistas de la promoción de viviendas de lujo cuya constructora derribó sin permiso del Ayuntamiento un palacete del siglo XIX. El edificio, que data del año 1845, estaba ubicado en uno de los dos solares en los que se están construyendo 12 viviendas de lujo, y contaba con protección por parte del consistorio, por lo que la constructora debía mantener la fachada intacta.

El Ayuntamiento zanjó la polémica con una multa de 50.000 euros a la promotora, la empresa Ereaga Atalaya, derribo se realizó sin la “preceptiva licencia urbanística” y con la calificación de sanción “grave”, no “muy grave”, pero EH Bildu llevó a la Fiscalía las posibles irregularidades, después de que este grupo intentara sin éxito que fuera el propio consistorio el que acudiera a los tribunales. También el PP presionó para que se abriera una investigación interna, pero no prosperó su propuesta.

El derribo de este palacete, denominado 'Irurak bat', ubicado en barrio de Algorta, en el municipio vizcaíno de Getxo, se realizó sin licencia y sin previo aviso al ayuntamiento. La constructora argumento que se hizo así por la  “urgencia” para evitar males mayores por temor a que se cayera. El caso traspasó el nivel de polémica urbanística hacia el ámbito político cuando se conoció que dos concejales del PNV del ayuntamiento, Ignacio Uriarte Gorostiaga e Irantzu Uriarte Gómez, que son pareja, eran cooperativistas de la promotora, Atalaya Ereaga S. Coop. La promotora exculpó a los dos concejales, asegurando que los socios de este proyecto “ni han decidido ni han tenido ninguna relación con el derribo de urgencia ni con otras cuestiones técnicas, competencia exclusiva de la dirección de obra. Quien diga lo contrario miente y busca hacer daño”, señalaron en su momento.