Más dificultades para migrantes y mujeres con burka: PP y Vox endurecen el acceso a la renta valenciana de inclusión

Las personas migrantes tendrán más dificultadas para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) una vez se apruebe el reglamento que se someterá a debate y votación en el pleno de finales de este mes.

El PP y Vox pactaron la semana pasada varias enmiendas de aproximación al proyecto de ley, entre ellas una para elevar hasta los 15 meses (la anterior propuesta era de 12 meses) el tiempo mínimo de residencia continuada en la Comunitat Valenciana para poder acceder a la ayuda y otra para considerar como infracción de carácter muy grave el hecho de haber sido acreditada mediante resolución judicial firme la situación de ocupación de una vivienda sin título habilitante.

Entre sus enmiendas transaccionales, PP y Vox incorporan al término “violencia sobre la mujer” el de “violencia intrafamiliar” y suprimen el carácter “indefinido” de la RVI para sustituirlo por el de “periódico y vinculado al mantenimiento de los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción”.

En este sentido, fijan la duración inicial en los seis años renovables, “transcurridos los cuales, dicha renovación se efectuará cada tres años en las condiciones que se establezca reglamentariamente, y siempre que persista la situación de vulnerabilidad social y económica que motivó su reconocimiento”.

Por otro lado, elevan a los 15 meses el periodo mínimo de residencia habitual de manera continuada en la Comunitat Valenciana y, excepcionalmente, ante la imposibilidad de empadronamiento, establecen que el requisito de residencia habitual “se entenderá cumplido cuando se acredite la residencia efectiva mediante la asignación de Tarjeta Sanitaria Individual (SIP), la inscripción como persona demandante de empleo, la escolarización de personas descendientes o la ocupación de una plaza de acción concertada en el sector de atención a personas en situación de riesgo de exclusión pertenecientes a colectivos vulnerables”.

También suprimen la posibilidad de no exigir los periodos mínimos de residencia habitual a personas titulares de una renta mínima concedida en otra comunidad autónoma que pasen a fijar su residencia en cualquier municipio de la Comunitat y, en el caso de ser víctima de violencia sobre la mujer y/o violencia intrafamiliar, añaden que deberá haberse constituido “una nueva unidad de convivencia”.

Además, se considera el silencio administrativo como negativo, es decir, transcurrido un plazo de cinco meses desde la petición de la ayuda, si no hay respuesta, se considerará denegada.

Abre la puerta a dejar sin ayuda a mujeres con velo

Respecto a los Planes de Atención Individual de Inclusión (PAI), especifican que deberán “ajustarse a las prioridades, capacidades y circunstancias de las personas a quienes se dirige y adecuarse a un modelo integral de intervención, contemplando todas las actuaciones que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos de inclusión, tanto desde el ámbito de los servicios sociales como, en su caso, de los de empleo y formación, educación, vivienda, salud, deporte y cultura con igualdad de oportunidades”.

Establecen también que todas las personas que integren la unidad de convivencia mayores de 16 años “deberán conocer, suscribir y participar activamente en el PAI” y su participación en el mismo “tendrá carácter obligatorio” para mantener el derecho a la prestación de la RVI. Mientras, indican que la competencia para determinar si existen motivos de exoneración temporal y/o parcial del PAI será de las personas profesionales de referencia de intervención social de atención primaria.

Además, fijan entre las actuaciones específicas “aquellas que garanticen la alfabetización y el aprendizaje del idioma, la participación social, cultural y comunitaria, promoviendo la convivencia desde el respeto a los valores democráticos, constitucionales y estatutarios y a los derechos fundamentales, que facilite la inclusión y el acceso a empleo y que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, renunciando a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres”.

Una manera de introducir la restricción al burka impuesta por Vox y aceptada por el PP de una manera abstracta y abierta a la interpretación. Se trata de una forma de que los populares se sientan relativamente cómodos con la redacción pero también de que Vox, por su parte, pueda presumir de que ha arrancado un compromiso relacionado con la inmigración, como así viene haciendo.

El PSPV califica las restricciones de “racistas”

La portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en las Corts, Silvia Gómez, ha denunciado que la nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión “racista y xenófoba” que han aprobado “la coalición de extrema derecha que forman PP y Vox” tendrá “graves consecuencias para las personas más vulnerables, a las que se ataca y se pone trabas para impedir el acceso a estos recursos de subsistencia que son necesarios para que puedan salir de la exclusión social”. “Ya sabíamos que los ultras de Vox odian y desprecian a las personas pobres; ahora lamentamos que el PP se ha metido en una carrera con Vox para ver quién es más ultra, de forma que, a través de una enmienda, llega a endurecer el requisito de empadronamiento que pedía Vox, y que pasa de 12 a 15 meses anteriores a la solicitud de la renta”, censura la parlamentaria.

Silvia Gómez reclamó al Consell de Pérez Llorca “que pare esta ley ultra que tanto sufrimiento va a causar en las personas más necesitadas” y que tras pasar por la comisión de Política Social de las Corts ha quedado ahora pendiente del último trámite de debate y votación en el pleno de la Cámara. La diputada censuró que la nueva Renta “es una carrera llena de trampas y obstáculos para las personas vulnerables”, de forma que la ineficacia de la Administración les penalizará, ya que se ha cambiado el silencio administrativo, de positivo a negativo: si en 5 meses la Administración no responde, verán denegada su petición.

“Esta ley ha sido una vergüenza para los valencianos y valencianas, ya que el director general de Inclusión, Pedro Carceller, llegó a acuerdos sobre una batería de enmiendas con la oposición pero fue desautorizado por el PP, que está sometido al sectarismo xenófobo y racista de Vox, un partido parásito del sistema, que no aporta nada positivo a la sociedad y que solo se alimenta del conflicto y de generar odio”, advierta la diputada del PSPV-PSOE.