Justicia española (y de las Jons)

Están siendo semanas aciagas para el buen nombre de la justicia en España. Al atrabiliario auto de apertura de juicio oral del juez Peinado siguió la elocuente conferencia del juez de Violencia sobre la Mujer David Yehiel Maman Benchimolen el Colegio de Abogados de Madrid, donde parece que algunas de sus señorías se sienten muy cómodas y dejan fluir su verbo. Ahora, con los juicios simultáneos sobre el caso mascarillas -en el Supremo- y el caso Kitchen -en la Audiencia Nacional- estamos asistiendo a unas representaciones de las que habría que esperar que saliera un fortalecimiento de ese poder del Estado, pero por el modo que están teniendo el presidente y la presidenta, respectivamente, de esos tribunales, yo no me haría muchas ilusiones. De entrada, habría que remitirse a cómo fueron las instrucciones de ambas causas. La de las mascarillas, en el Supremo, donde se sienta un exministro y ex secretario de Organización del PSOE, fue rapidísima, vamos a pensar que porque el alto tribunal español está mucho más descargado de tarea que otros. Tiene otra cualidad muy destacada, que es la presencia en el banquillo de un empresario corruptor, Víctor de Aldama, que, por lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, ha colaborado con la investigación se supone que aportando unas pruebas que está costando convertir en solventes. Gracias a esa presunta colaboración, el fiscal jefe de ese departamento, Anticorrupción, le ha otorgado grandes beneficios: de entrada, la libertad de la que no gozan los demás acusados, y eso a pesar de que es el principal encartado en otra trama, la de los hidrocarburos, por la cual le birló al Estado casi 200 millones de euros en IVA. Pero, ya ven, mientras los demás están en prisión por riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, De Aldama está libre y tan campante repartiendo acusaciones, siempre en la misma dirección, que es una de la calle Ferraz, y las mismas cabezas, altos cargos del PSOE, empezando por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros. Mientras dispare por ahí no habrá presidente de tribunal que lo llame al orden o a que se ciña al procedimiento, ni fiscal que pida para él la pena que le corresponde como el gran corruptor de esa trama de las mascarillas. 

Lo de Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama ha decidido liberar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de la pesada losa acusatoria que colocó sobre él al señalarlo como receptor de comisiones corruptas, ora en forma de mordidas de hasta 50.000 euros, ora como beneficiario de los favores de unas señoras con las que habría compartido meublé en la calle de Atocha. A pesar de no haber presentado ni una sola prueba durante todo el tiempo durante el cual ha durado esta chaflamejada, este corrupto ha gozado no solo del respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, sino también de todos los medios de la derecha española, que han relatado con todo lujo de detalles unos hechos que jamás ocurrieron. Y no solo eso, se permitieron incluso anunciarlos con semanas de antelación dando por buena la palabra de este impresentable que estos días, ante el Tribunal Supremo, se ha permitido decir que Pedro Sánchez es el cabecilla de la trama sin que ese asunto esté en la causa que se está enjuiciando y sin que el presidente del tribunal, el que estuvo tan diligente contra los testigos incómodos en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, lo haya interrumpido para reconducirlo. Espero que Ángel Víctor Torres ejerza (si no lo ha hecho ya) acciones contra Víctor de Aldama, y que la justicia y la fiscalía que tenemos no vuelvan a protegerlo como han hecho con él tan vergonzosamente.

Lo del juez Ruz

Lo ocurrido con la otra instrucción, la del caso Kitchen, ha sido muy comentado por diversos medios informativos y tertulias radiofónicas y televisivas. Un juez muy agradecido al PP, y con motivos, García Castellón, blindó a la cúpula de ese partido para que el escándalo de la policía corrupta no le afectara. No voy a contar lo que está tan trillado. Pero sí algo que está pasando desapercibido: lo que pasó con el juez Pablo Ruz, que estaba al frente de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional cuando se empezó a investigar lo que todavía se llamaba caso Bárcenas. Según ha declarado ante el tribunal el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, ahí empezaron las presiones de la superioridad policial, alentada desde el Ministerio del Interior. Ni a Morocho y al juez Ruz los dejaron trabajar para profundizar en el espionaje ilegal que se promovió para intentar evitar que los papeles y las grabaciones que tenía el extesorero del PP pudieran incorporarse a la causa que llevaba aquel juzgado, el que pudo concluir con éxito la operación Gürtel, por la que fue condenado el PP como responsable a título lucrativo, mira tú qué cosas. Al juez Ruz lo acabaron desplazando de la Audiencia Nacional, donde se encontraba como sustituto, para mandarlo de nuevo a su juzgado de Móstoles. Para acojonarlo le soplaron al oído que su padre iba a tener problemas con Hacienda, y el hombre entendió el recado. El siguiente recado se lo dieron al juez García Castellón, que por entonces se encontraba disfrutando de un destino extranjero gracias a la generosidad del Consejo general del Poder Judicial, ese que el PP tuvo engrilletado tantos años. Le dijeron que tenía que volver a su plaza de la Audiencia Nacional, donde, ¡oh sorpresa!, le cayó la pieza separada llamada caso Kitchen, que es el que instruyó y el que estos días se repasa (de aquella manera) en un tribunal de la Audiencia Provincial.

Perdonen que hable de mi libro

Tengo motivos de sobra para decir que la justicia en España es un cachondeo, como diría aquel famoso alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al que condenaron por semejante atrevimiento. La única condena penal que tengo en mi historial fue fruto de una trama muy bien orquestada para intentar acabar con un periodista de provincias incómodo con el poder político, entonces en manos, cómo no, del Partido Popular. José Manuel Soria se querelló contra mí precisamente por un Top Secret en el que contamos cómo fue el caso La Favorita, por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando él era alcalde, hizo un pase con el empresario Santiago Santana Cazorla, para que este comprara una vieja fábrica tabaquera (La Favorita, del famoso y asesinado Eufemiano Fuentes) por un precio y el ayuntamiento se lo comprara a él por siete millones más. La operación coincidió con un viaje a Suiza del concejal de Hacienda y con una cuenta en ese paraíso fiscal a nombre de la empresa que hacía la operación. La querella se tramitó por injurias y calumnias y una jueza paracaidista, puesta en aquel juzgado de lo Penal para condenarme, me condenó. Mi recurso cayó en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y un tal Salvador Alba Mesa, actuando de ponente, ratificó la sentencia añadiéndole de su cosecha unos cuantos versos dedicados. Ya por entonces el juez Alba tenía ambiciones personales de altas miras, y una de ellas, mira tú qué cosas, era conseguir una plaza en la Audiencia Nacional, sin despreciar en absoluto que lo hicieran vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que también optó. Y para eso, el querellante, mi querellante, José Manuel Soria, era una pieza trascendental. Como lo fue, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara presidente al actual presidente de la Audiencia Nacional a José Ramón Navarro Miranda justo cuando, en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidía un juicio por corrupción contra el portavoz de Economía del PP canario, Jorge Rodríguez, en un caso destapado por Canarias Ahora. Rodríguez es casualmente ahora el abogado de Salvador Alba mesa en la causa que se sigue contra mí en la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que me tendré que sentar en cuestión de meses para responder a la petición de 22 años de cárcel formulada por ese mismo juez delincuente y su señora esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier. Me acusan de revelación de secretos por contar las aventuras y desventuras de este exjuez corrupto, además de endosar dos delitos más: odio y acoso. He llegado hasta la apertura de juicio oral sin que Alba y su abogado hayan presentado el menor indicio de prueba contra mí después de que él fuera condenado por maniobrar a favor de José Manuel Soria, una vez más, perjudicando a la que en 2015 fue adversaria del ministro de los papeles de Panamá a las elecciones generales, Victoria Rosell, mi pareja. Todavía estoy esperando un comunicado de condena de la Asociación profesional de la Magistratura, la APM, de la que Alba llegó a ser presidente para las Islas Canarias. Un comunicado como el que emitieron cuando miembros del Gobierno y miles de personas criticamos el auto del juez Peinado. Pero ya se sabe, tenemos una justicia a la que le cuesta sacudirse las rémoras del pasado y que está mayoritariamente ejecutando la orden de que el que pueda hacer, que haga.