El limbo de los empresarios del CBD: “Hacemos las cosas correctamente y seguimos expuestos a arbitrariedades”

Carlos Ramírez, dueño de la tienda Naturwest en Barcelona, recogió este pasado jueves en la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad condal los casi dos kilos y medio de cogollos de CBD, una suerte de cánnabis light en un limbo jurídico, que le habían sido incautados. La titular de la plaza número 28 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó en un auto dictado el pasado 12 de diciembre el sobreseimiento provisional de la causa, en la que el empresario figuraba como investigado, esgrimiendo un informe del Instituto de Toxicología, que detectó únicamente cannabidol, “sustancia propia de la cannabis sativa que tiene efectos terapéuticos” y sin rastro alguno de THC, la “sustancia tóxica”.

“El propietario de la empresa manifestó en todo momento que se dedica a la venta de cáñamo industrial y no a la venta de sustancia estupefaciente, aportando para su acreditación analítica de sustancias adquiridas, facturas de la empresa proveedora, estatutos de constitución de la empresa y pagos de subvenciones de la Junta de Extremadura por las actividades realizadas”, reza el auto.

El abogado Joan Bertomeu, del despacho valenciano Brostanbert, asegura: “No puede considerarse droga lo que no te coloca, es como considerar la cerveza 0,0 como una bebida alcohólica”. “Haber conseguido que un juzgado devuelva los cogollos a nuestros clientes en el marco de un procedimiento penal supone un paso extraordinario para frenar la ofensiva constante e injustificada que sufre el sector del CBD y el cáñamo”, afirma Bertomeu.

El mismo bufete, especializado en la defensa de un sector al alza, con tiendas en todas las ciudades españolas, también ha conseguido varias resoluciones recientes que cuestionan la tesis dominante en la Fiscalía Antidroga sobre el CBD. La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona acordó el pasado 2 de marzo el sobreseimiento libre (en la práctica, una absolución) y el archivo de un procedimiento similar al de Barcelona. La jueza de Pamplona concluyó que los productos incautados por la Guardia Civil a un empresario no eran constitutivos de delito, “toda vez que se trata de cáñamo industrial, con una concentración de THC que no supera el 4%”.

El auto, a juicio de Joan Bertomeu, descarta que el comercio de este tipo de cogollos pueda considerarse “ni siquiera una hipótesis delictiva”. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante también tumbó el pasado 5 de febrero una condena a un empresario que envió casi un kilo de cánnabis con destino a Luxemburgo, al considerar que fue condenado en primera instancia (a nueve meses de prisión y multa), sin haber contado con un contraanálisis del producto, lo cual causó al acusado una “evidente indefensión”, tal como informó elDiario.es.

Un sector bajo una “persecución constante”

“Nuestro trabajo como abogados consiste en hacer comprender a los jueces que la tesis de la Fiscalía Antidroga del 'todo es droga', que equipara sin distinción el cáñamo a la marihuana, es una sinrazón que ignora el componente científico exigido por el delito contra la salud pública”, sostiene Bertomeu. “Una interpretación”, apostilla el letrado, “sin parangón en Europa”.

Carlos Ramírez, el empresario de Barcelona al que la jueza ordenó devolver el CBD que se le incautó, lamenta que no es la primera vez que vive una situación así: “Irrumpen en la tienda, la desordenan por completo, se llevan productos sin un criterio claro y nos hacen sentir como delincuentes, cuando en realidad trabajamos con cáñamo, un producto sin efectos psicoactivos que, aunque pueda parecerse a la marihuana tradicional, no es lo mismo”.

A Ramírez le resulta “profundamente injusto” que, “debido a la falta de formación y conocimiento por parte de las instituciones”, el sector tenga que “soportar” este tipo de actuaciones y una “persecución constante”. “Es muy difícil convivir a diario con la ansiedad que genera una situación así”, dice el dueño de Naturwest.

Trazabilidad y transparencia del producto

El empresario abrió su negocio con la esperanza de que “con el paso de los años y viendo la realidad del mercado, llegaría una regulación clara”. “Sin embargo, da la sensación de que los políticos están más centrados en sus propios intereses que en abordar la regulación del CBD”, critica.

También contrasta la situación del CBD en España con la regulación de países como Francia o República Checa: “Han sacado el cáñamo de ese limbo jurídico y han proporcionado un marco que permite a miles de empresas, como la nuestra, operar con seguridad y transparencia”.

Su empresa, defiende Carlos Ramírez, aplica una “política interna estricta” para garantizar que el cáñamo cumpla “en todo momento” con la normativa vigente, mediante la trazabilidad y la transparencia de los productos que venden.

Un “gasto público injustificado en represión”

“Sin embargo, incluso haciendo las cosas correctamente dentro de un marco regulatorio limitado, seguimos estando expuestos a situaciones arbitrarias: intervenciones en tienda, retirada de producto y procesos que, en el mejor de los casos, se resuelven meses después con la devolución de la mercancía, como ha ocurrido recientemente”, relata el empresario.

Por su parte, Joan Bertomeu afirma que la Fiscalía y “una parte de la judicatura” sigue “tratando como narcotraficantes” al sector del CBD. Aunque el abogado también vislumbra cierto optimismo y celebra que algunos jueces “vayan entendiendo esta desproporción”.

“Aplicar el derecho penal en estos casos es un atentado a las libertades más básicas, contribuye a la saturación de los juzgados y supone un gasto público injustificado en represión”, concluye Bertomeu. “Esta inseguridad jurídica es insostenible”, remacha su cliente.