La fiebre por los minerales críticos pone en riesgo la salud del agua
¿Minerales cruciales a cambio de agua tóxica? La búsqueda de materias primas críticas en la que está inmersa Europa pone en riesgo la salud del agua de la que dependemos. La “simplificación para la concesión de permisos y las evaluaciones ambientales” que planifica Bruselas lleva aparejada la “reducción de los requisitos de protección ambiental o la rebaja de los mecanismos de control de las autorizaciones”, según analizan científicos y ambientalistas. Y una de las potenciales víctimas es la normativa de protección del agua.
“A todos los que amamos los ríos nos duele ver el trabajo de 20 años en riesgo de irse por la borda”, dice la investigadora sobre agua y cambio global del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Annelies Broekman. La normativa —añade— “fue revolucionaria por colocar como principio de eficacia la salud ambiental y sirve para preservar la fuente de la que depende toda la vida, no solo la humana. Porque todo depende de la salud de las masas de agua. Eso no puede sustituirse con ninguna tecnología”.
Aunque la Comisión no ha dejado ver muchos detalles sobre qué planea hacer, los cambios en la directiva Marco del Agua han levantado una nube de preocupación. Según la directora adjunta del Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, Agathe Euzen, “el objetivo de la reforma es relajar o limitar las restricciones que impone la directiva, sobre todo para facilitar la extracción minera en Europa”.
A todos los que amamos los ríos nos duele ver el trabajo de 20 años en riesgo de irse por la borda. La directiva sirve para preservar la fuente de la que depende toda la vida, no solo la humana. Porque todo depende de la salud de las masas de agua. Eso no puede sustituirse con ninguna tecnología
Porque lo que hay en buena medida detrás de esta desregulación es la necesidad de 34 materias primas críticas de las que 17 son consideradas “estratégicas” por los países de la UE, como el cobre, el cobalto, el litio o el tungsteno. “Son vitales para los sectores de la energía limpia, digital y de defensa”, explica la Comisión. Europa es muy dependiente de las importaciones y este plan prevé que, en 2030, al menos el 10% del consumo sea interior, así como que el 40% sean transformadas, el 25% recicladas y que ningún país acapare más del 65% de las ventas de un material a la UE.
El plan contempla la apertura o reapertura de 47 minas en el continente, siete de ellas en España, cuyos dueños son gigantes mundiales, ultrarricos y directivos multados por la CNMV. Y, para impulsar el proyecto, argumentan, hay que facilitar la vida a las mineras, lo que genera un caso que amenaza con romper el equilibrio entre actividades y ecosistemas.
La industria: “Son pasos en la buena dirección”
La responsable del programa de agua de WWF, Teresa Gil, desgrana que “el primer riesgo es debilitar el principio de no deterioro, el alma de la directiva Marco del Agua”. Según su análisis, “si se rebajan los requisitos para autorizar determinadas actividades, pueden afectarse estos ecosistemas acuáticos desde ríos, acuíferos, humedales o estuarios”. En segundo lugar, señala que se vayan a “ampliar las excepciones por las que se puede dañar un ecosistema para llevar a cabo un proyecto”. Eso abre un abanico para que “no haya que justificar tanto esas excepciones y que se hagan actividades sin todas las garantías”.
Gil afirma que los principales lobbistas son las empresas mineras: “Sabemos que compañías como Boliden [la que estuvo detrás del desastre ecológico con el vertido tóxico al Guadiamar que llegó a Doñana en 1998] están teniendo reuniones bilaterales para que las modificaciones vayan en su beneficio más que en el beneficio público”.
Precisamente, la patronal minera europea Euromines ve con buenos ojos la desregulación de la normativa de aguas: “Son pasos en la buena dirección para desbloquear las autorizaciones de la industria extractiva”. A juicio de las empresas mineras, se debe “mejorar las excepciones, ampliar los plazos y tener objetivos ambientales menos restrictivos”. También instan a redactar una “definición pragmática del concepto deterioro”.
El investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral, aclara que “partimos de una situación problemática: el estado global de las aguas en España, como en el conjunto de Europa, ha empeorado. No solo no han mejorado en estos últimos seis años, sino que han empeorado. Esta es una realidad objetiva”.
Con la legislación que hay actualmente puede haber actividad minera. No se está diciendo que no haya, sino que se realice en el marco de unas garantías ambientales y de salud humana
Se refiere a que alrededor del 60% de las masas europeas ya sean subterráneas o superficiales presentan un mal estado. En España son el 40%. “Si con las medidas actuales que son más rigurosas no se ha avanzado, si se flexibilizan, si se debilitan, si se amplían las exenciones, lógicamente no se va a mejorar la recuperación. Es de perogrullo”.
Ahora ya es posible extraer
Gil específica que, “con la legislación que hay actualmente, puede haber actividad minera. No se está diciendo que no haya, sino que se realice en el marco de unas garantías ambientales y de salud humana”.
Y Leandro del Moral añade que los usos urbanos e industriales no solo están permitidos, sino que pueden autorizarse “incluso cuando deterioran el estado de las aguas”. Lo que ocurre —prosigue— “es que deben justificar una necesidad pública superior y demostrar la inexistencia de alternativas”. El catedrático reflexiona que lo que se pretende “es suavizar o simplificar los mecanismos para autorizar usos humanos, sociales o económicos que tienen impacto sobre las aguas y sobre el medio ambiente”.
Euromines va más allá: exige que se detenga la incorporación como norma de lo que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que debe entenderse como “deterioro del agua”. Los magistrados entendieron en 2015 —a cuenta del dragado del río Weser en Alemania— que bastaba con que un indicador oficial empeorara, aunque no hubiera un daño generalizado, para considerar que ha habido deterioro.
Y, como actualmente está en proceso un proyecto legislativo para incorporar ese concepto a la directiva europea, las empresas quieren que eso se detenga porque socavaría las medidas para mejorar sus actividades.
Partimos de una situación problemática: el estado global de las aguas en España, como en el conjunto de Europa, ha empeorado. No solo no han mejorado en estos últimos seis años, sino que han empeorado. Esta es una realidad objetiva
Annelies Broekman contrapone a los argumentos de la industria que “ya hemos visto cómo la minería rompe las masas de agua”. La ingeniera detalla la “ruptura de vetas de los acuíferos, de la conectividad entre aguas subterráneas y superficiales o cómo se secan fuentes, aunque sean muy lejanas. Y lo que queda está supercontaminado”. La legislación actual, reitera, “no permite ese nivel de destrozo. Sería ilegal. Por eso tienen que desaparecer los condicionantes ambientales y con ellos el bien común”.
Aunque el proceso de modificación está yendo a alta velocidad, todavía quedan trámites por cubrir. De hecho, más de 270 entidades científicas y académicas han avisado del “claro retroceso” que supone esta potencial modificación de la legislación. El Gobierno de España ha expresado que, “aunque requiere algún ajuste puntual, no resulta oportuno ni conveniente reducir las exigencias ambientales en una eventual revisión”, según una carta remitida por la Dirección General del Agua a la Fundación Nueva Cultura del Agua.
“Hacerlo debilitaría la resiliencia hídrica de Europa y abriría la puerta a presiones sectoriales que prioricen los beneficios económicos a corto plazo”, sentencia el Ejecutivo en su misiva. Al final del trámite se verá qué parte ha prevalecido.
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