Madrid dará continuidad a las huelgas indefinidas del profesorado y anticipa un otoño caliente en las aulas

Se prevé un otoño caliente en las aulas. Más de 20 organizaciones de docentes, personal de servicio, universitario, estudiantes y familias van a convocar una huelga indefinida para el próximo curso en la Comunidad de Madrid, dando así continuidad a los paros docentes que atraviesan el país. Catalunya y la Comunitat Valenciana han liderado las protestas en las últimas semanas, pero en realidad solo han ido un poco más allá que otros antes: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura, Galicia o Madrid también han realizado paros este curso o el pasado. Las educadoras infantiles de Madrid llevan desde el pasado 7 de abril.

Y el profesorado no está dispuesto a conformarse con cualquier oferta. Los docentes de Catalunya y de la Comunitat Valenciana han descolocado a sus representantes sindicales al rechazar en las últimas dos semanas los acuerdos que estos habían alcanzado con sus respectivas consejerías de educación, que incluían subidas salariales de cientos de euros. El mensaje es claro: no es solo una cuestión de dinero, también de aliviar la carga docente, especialmente la que tiene que ver con el modelo de escuela inclusiva. Las razones se repiten una y otra vez, desde el Cabo de Creus hasta Doñana.

El profesorado catalán fue el primero en poner el pie en pared al rechazar el pacto que sus sindicatos habían firmado con la Generalitat. Más de dos tercios de los 60.686 docentes que votaron en la consulta (un 61% del censo) dijeron que no a una mejora de 600 euros al mes en sus nóminas (en tres años) y un refuerzo de 6.413 profesionales más en el mismo periodo. Los docentes coincidían en que el refuerzo de plantillas es insuficiente para apuntalar la inclusión del alumnado con discapacidad y alertaban que las ratios se mantienen (en 20 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato), cuando la expectativa, explicaban, eran de un salto de escala en cuanto a recursos para la tarea docente. La huelga sigue en la comunidad en un conflicto al que no se le ve una salida clara.

En la Comunitat Valenciana un contundente 87% del profesorado rechazó el pasado miércoles el acuerdo pactado entre sindicatos y Generalitat. Un 90% de los docentes dijo que no al acuerdo salarial, el 84% se opone a firmar el bloque lingüístico, el 78% de los docentes que han votado no ve suficientes las condiciones de contratación y el modelo del “Pla + Mestre” y los bloques de ratios e inclusión han recibido un 70% de votos en contra.

Pero, tras un mes de paro indefinido y mucha presión en la calle, los docentes también votaron a favor de suspender la huelga indefinida tras un mes continuado de paros y rearmarse de cara al próximo curso. El resultado de la consulta sitúa ahora la pelota en el tejado de la Conselleria de Educación, que tiene dos meses y medio por delante para evitar que el próximo curso empiece con paros. Los sindicatos se sentarán en las próximas mesas de negociación con el respaldo de más de 26.000 firmas que exigen mejoras sustanciales en los salarios, el blindaje del valenciano y un mayor aumento de las plantillas.

A ellos se sumarán sus compañeros de la Comunidad de Madrid —que aún tienen que decidir si empiezan en octubre o enero—, que se unen a su vez a las educadoras de infantil de la región. Toda la comunidad educativa preuniversitaria puede juntarse en un paro indefinido sin precedentes en la comunidad. Un total de 23 organizaciones trabajan estos días para diseñar una huelga unitaria —los sindicatos conservadores tienen dudas— bajo unas reivindicaciones muy similares a sus colegas catalanes o valencianos.

Algo más particular, aunque no tanto, es la situación del 0-3. Las maestras y educadoras de infantil son las profesionales peor tratadas de todo el sistema educativo, con salarios en ocasiones poco mayores que el SMI (es un sector fragmentado con realidades muy diversas), y han dicho basta. En Madrid van por la décima semana de huelga indefinida y el sector se unió en una huelga general histórica por pionera. ¿Sus reivindicaciones? Parecidas a los de otros compañeros, pero desde una situación peor. “Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, explica Rosa Marín, portavoz de la Plataforma convocante, PLEI.

También en Aragón ha habido jornadas de huelga en las últimas semanas. En este caso, con un fin más concreto: evitar que el Gobierno regional impusiera el Bachillerato concertado en la región. Pero la motivación final es la misma: proteger la escuela pública y que se destinen más fondos a los institutos y colegios del estado. Los manifestantes han obtenido una victoria parcial con una sentencia del Supremo que ha tumbado las concertaciones porque las dictó el Ejecutivo en funciones, pero son conscientes de que ganar una victoria no es ganar la guerra y de que el presidente Azcón volverá a la carga porque, admite el tribunal, es su competencia hacerlo. Pero siguiendo los cauces legales. Los defensores de la escuela pública —17 organizaciones de todo tipo firmaron el recurso– saben que habrá un segundo capítulo. Ahí estarán, avisan, esperando preparados.

Ignorando el malestar

El malestar era evidente. Estaba ahí para el que quisiera verlo, y si las protestas no eran suficiente indicador, varios estudios lo explicitaron. El think tank EsadeEcPol hablaba de “una creciente desafección y pesimismo en una parte importante del profesorado”, en su informe El estado de la profesión docente en España, del pasado mes de marzo. El estudio señalaba la mencionada diversidad, un peor clima de aprendizaje en clase, salarios estancados durante años, un reparto de la jornada laboral estresante, mucha temporalidad y poco reconocimiento social pese al aumento de la presión y una ausencia total de políticas públicas centradas en maestros y profesores como causantes de ese desasosiego.

El cansancio viene de atrás. Ha pasado ya más de una década desde que el exministro José Ignacio Wert, con la ayuda de las comunidades autónomas, sacó la tijera y dejó la educación pública en el esqueleto, pero hay comunidades que aún no han revertido aquellos recortes. Son años de un lento pero constante deterioro del sistema, exacerbado en los últimos años por la multiplicación de la diversidad en las aulas, la exigencia de atenderla de manera individualizada que impone la ley, acompañada de una burocracia que aplasta en cada paso, y la falta de recursos —económicos, humanos— para hacerlo.

CCOO puso cifras a este fenómeno en un estudio: el conjunto del alumnado con necesidades educativas de algún tipo se ha incrementado por encima del 75% en seis años y ha pasado de suponer un 7,59% del total al 13%, según un cálculo conservador. Más necesidades de atención individualizada en formas variadas que no han ido acompañadas de las correspondientes (o suficientes) subidas de los recursos para atenderlas. La partida que se destina a atender esta diversidad ha subido la mitad que la incidencia, un 31%.

“Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, explica Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Educación del sindicato.

Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, traduce el impacto de estas cifras. “Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... y hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Por el momento las protestas se dirigen contra los Gobiernos de las comunidades autónomas porque son los que tienen las competencias para resolver los problemas que plantea el profesorado, pero el Ministerio de Educación no queda exento de críticas. El departamento, que bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez han liderado primero Isabel Celaá, luego Pilar Alegría y ahora Milagros Tolón, y que solo se ocupa propiamente de Ceuta y Melilla, no decide la inversión en educación de una autonomía. No contrata profesorado fuera de las ciudades autónomas ni establece los complementos de destino que generan las diferencias salariales entre comunidades autónomas que tanto enervan a los trabajadores. Pero sí tiene la capacidad de establecer un marco mínimo para todo el país en algunas cuestiones y también la de aprobar un Estatuto Docente –una aspiración histórica del sector que se intentó hacer infructuosamente en 2009– que regule y desarrolle la carrera, que ahora no existe, y varios aspectos básicos de la profesión.

Lo está haciendo ahora en parte, ocho años después de llegar a La Moncloa. Cuando Celaá tramitó la Lomloe, algunos partidos como Podemos le pidieron que bajara las ratios de alumnado por clase, que había subido el exministro José Ignacio Wert en 2012. Pero el PSOE optó por no meterlo en la ley finalmente. Lo está abordando estos meses con la aprobación de un anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que para muchos llega tarde, entre otras cuestiones porque establece unos mínimos que muchas comunidades ya habían alcanzado motu proprio en los últimos años. Será, en el escenario bueno de que el Congreso lo apruebe, la primera medida que tome el Gobierno en favor de los docentes en la “legislatura del profesorado”, según la han definido las dos últimas ministras.