“Es una alegría compartida”: la escuela pública celebra el frenazo judicial al plan para concertar el Bachillerato en Aragón

“Satisfacción” y “alegría”. Eso es lo que se respiraba este jueves por la tarde en la sede de la Federación de Barrios de Zaragoza, donde las organizaciones que recurrieron la concertación del Bachillerato han comparecido tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de suspender cautelarmente la orden impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón. Los colectivos consideran que el auto avala sus principales argumentos y garantiza que la medida no podrá aplicarse el próximo curso.

“Es una alegría que compartimos con todos los que defienden los servicios públicos y la escuela pública”, ha afirmado la presidenta de FAPAR, Nieves Burón, que ha reconocido que la resolución les ha cogido por sorpresa. “Llevábamos muchos días sin saber nada y empezábamos a pensar que no había habido ni siquiera respuesta a la cautelar”, ha explicado.

La federación forma parte de las 17 organizaciones educativas, sindicales, vecinales y políticas que el pasado 8 de mayo presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la orden aprobada por el Ejecutivo autonómico para facilitar la concertación del Bachillerato. Desde entonces, solicitaron como medida cautelar la suspensión de la norma para evitar que se pusiera en marcha la concertación durante el curso 2026-2027, como preveía el Ejecutivo.

El argumento principal que ha llevado al TSJA a acordar la suspensión es que la orden fue aprobada por un Gobierno en funciones. La Sala considera que la norma era un paso imprescindible para posibilitar posteriormente la firma de los conciertos educativos y recuerda que un Ejecutivo en esa situación no puede adoptar decisiones que comprometan actuaciones futuras salvo que exista una circunstancia extraordinaria o urgente debidamente justificada. “Los argumentos eran que era el mismo Gobierno y que la orden no suponía todavía la firma de ningún concierto. La Sala viene a decir que es precisamente la que posibilita que todo eso se haga”, ha resumido Burón. Según ha destacado, el tribunal entiende que no se acreditó ninguna urgencia que justificara la adopción de la medida cuando el Ejecutivo estaba en funciones.

El auto también recoge otro de los argumentos defendidos por los recurrentes: que la modificación suponía una alteración de la planificación educativa al abrir la puerta a la concertación de todas las unidades de Bachillerato autorizadas en centros privados, y no únicamente de aquellas que pudieran acreditar necesidades concretas de escolarización. “Nosotros nunca hemos recurrido la posibilidad de que exista una concertación singular cuando haya una necesidad justificada. Lo que recurrimos es esta concertación generalizada y en este momento”, ha señalado la presidenta de FAPAR.

Las organizaciones han celebrado además que el tribunal haya rechazado exigir una caución económica para conceder la suspensión cautelar. Según ha explicado Burón, las patronales de la enseñanza concertada reclamaban garantías por una cuantía superior a los once millones de euros. La Sala descarta esa posibilidad al entender que los recurrentes defienden intereses generales y que imponer una cantidad de ese calibre dificultaría su derecho a la tutela judicial efectiva.

A corto plazo, la principal consecuencia de la resolución será la planificación del próximo curso escolar. Burón ha asegurado que la concertación del Bachillerato no podrá ponerse en marcha en septiembre y que las vacantes que el Departamento de Educación publicará el próximo lunes se ajustarán a la oferta existente hasta ahora. “El lunes saldrán las vacantes con la oferta de los centros públicos y de los que ya tienen concertado el Bachillerato. En este momento esta concertación queda parada”, ha afirmado.

Seguirán las movilizaciones

No obstante, el conflicto judicial está lejos de concluir. El Gobierno de Aragón dispone ahora de cinco días para presentar recurso contra la medida cautelar, aunque por el momento no ha trasladado cual va a ser su hoja de ruta. Después continuará la tramitación del procedimiento principal, en el que se analizará la legalidad de la orden recurrida y que podría prolongarse durante meses o incluso años. Burón ha dicho que es ahí cuando solicitarán toda la documentación relacionada con la concertación, incluidos los informes de la Inspección educativa: “Cada año cuando los centros solicitan la concertación del Bachillerato Inspección emite informes negativos al amparo de la Ley Orgánica de Educación, que solo contempla la concertación cuando haya necesidades de escolarización”.

“Queremos conocer todos los expedientes y saber si esos informes han cambiado o si, como sospechamos, seguían siendo negativos y aun así el Departamento decidió seguir adelante”, ha señalado. La presidenta de FAPAR tampoco ha descartado nuevos recursos si el Ejecutivo autonómico intenta impulsar una nueva regulación, al estar ya constituido y tener mayoría parlamentaria gracias a la colación entre PP y Vox. “Si el Gobierno decide modificar la norma y sacar una convocatoria en otras condiciones, lo estudiaremos y valoraremos si es recurrible”, ha advertido.

Pese al fallo favorable, las organizaciones aseguran que la movilización en defensa de la escuela pública continuará. De hecho, mantienen la concentración prevista para la próxima semana, que inicialmente iba a servir para cerrar el curso y que ahora tendrá también un componente de celebración: “Vamos a celebrarlo porque no tenemos muchas ocasiones para hacerlo y creemos que nos corresponde”, ha dicho Burón.

Con todo, ha insistido en que la concertación del Bachillerato era solo una de las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa durante los últimos meses. “La gota que colmó el vaso fue la concertación, pero siguen estando ahí las necesidades de la escuela pública”, ha señalado, en referencia a cuestiones como las plantillas, la climatización de los centros, los comedores escolares o las necesidades de personal.