El TSJ de Aragón da la razón a la escuela pública y acepta la suspensión cautelar del Bachillerato concertado

El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón a los colectivos de la escuela pública y ha suspendido la orden de concertación del Bachillerato impulsada por el Gobierno de Aragón. Según han informado algunas de las entidades demandantes, el TSJA ha tumbado cautelarmente la concertación del Bachillerato y suspende la orden del Gobierno PP-Vox.

El recurso lo presentaron 17 organizaciones vinculadas a la escuela pública —entre ellas sindicatos docentes, federaciones vecinales, asociaciones de familias y partidos políticos— presentaron hace un mes un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra la orden del Gobierno autonómico que destina fondos públicos a enseñanzas de Bachillerato en centros privados. Entre los firmantes se encontraban sindicatos docentes como CCOO, UGT, STEA-i, CGT, CSIF y ANPE; asociaciones como FAPAR, FABZ o FADEA; y partidos políticos como PSOE, CHA, IU, Podemos, Movimiento Sumar, Aragón Existe o Zaragoza en Común. Además del recurso, las entidades solicitaron medidas cautelares para paralizar la aplicación de la orden mientras se resuelve el procedimiento judicial, que se han aplicado.

El recurso se dirige contra la Orden ECD/515/2026, aprobada el pasado 6 de abril por el Departamento de Educación y que modifica la convocatoria de conciertos educativos para el curso 2026-2027. Según sostienen las organizaciones, la norma “abre una habilitación general para la concertación de enseñanzas postobligatorias” y cambia el modelo que existía hasta ahora.

Esta suspensión cautelar ha sido celebrada por las organizaciones que recurrieron la orden. La primera en notificarlo ha sido Fapar, que esta tarde dará más detalles en una rueda de prensa. En el plano político, Tomás Guitarte lo ha celebrado en la red social X: “Hoy es un buen día para la libertad de elegir estudiar con calidad vivas donde vivas”. También lo han aplaudido desde el Partido Socialista de Aragón: “Una grandísima noticia”. Por su parte, CHA ha incidido en que la Justicia “da la razón a la comunidad educativa” y ha avanzado que seguirán defendiendo que “todo el dinero público debe ir para la educación pública”. Zaragoza en Común lo ha calificado como una “excelente noticia”.

Según anunciaron en su día, uno de los principales argumentos del recurso es el impacto que puede tener sobre la red pública. Las organizaciones alertan de que los conciertos tendrían una duración de seis años y afectarían directamente a la planificación educativa, las plazas disponibles y las plantillas docentes. En el escrito advertían de que la pérdida de alumnado en institutos públicos podría traducirse en reducción de grupos, reorganización de recursos y ajustes de profesorado. Precisamente esta medida impulsada por el Gobierno de Azcón tuvo una gran contestación social el pasado mes de mayo, cuando miles de docentes y familias se manifestaron en toda la comunidad durante las dos jornadas de huelga educativa.

La medida llega un día después de que el Gobierno de Aragón anunciase la renovación de los conciertos educativos para el periodo comprendido entre los cursos 2026-2027 y 2030-2031 por 56,7 millones de euros, una decisión que consolidaba la financiación pública del primer curso de Bachillerato en centros privados y concertados. Durante el anuncio de esta medida, Mar Vaquero aseguró que habían actuado con el respaldo de sus servicios jurídicos: “Estamos seguros de que cumple con la legalidad independientemente de que se esté valorando en los servicios judiciales. No tenemos conocimiento de ninguna resolución y seguiremos adelante con este concierto educativo”. La portavoz insistió en que el sistema de enseñanza concertada “convive pacíficamente” con la red pública y ha defendido que responde a una realidad consolidada en Aragón. “Es un sistema que responde a una demanda social y que vemos con total normalidad”. 

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han indicado que los servicios jurídicos están analizando la decisión del TSJA.