Del “indignante” no hay dinero a los supuestos 3.338 millones: las claves de la última oferta de Educación a los docentes valencianos

El pasado 14 de mayo, cuatro días antes de que diera comienzo la huelga indefinida en la educación pública valenciana no universitaria, se produjo la primera reunión de la mesa de negociación entre la Conselleria de Educación, encabezada por la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy, y los representantes de los docentes —los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE—. De aquella reunión salió una primera propuesta que el profesorado consideró “insultante”, en la que la Administración autonómica no contemplaba la cuestión retributiva y se remitía a su primera oferta de incremento salarial de 75 euros a aplicar a partir del 1 de enero.

El 19 de mayo, el departamento de Campanar presentó un documento en la mesa de negociación que los sindicatos también rechazaron. Aquella propuesta de acuerdo fue sometida a consulta por las organizaciones mayoritarias —STEPV, CCOO y UGT—; una votación en la que participaron más de 41.000 docentes que rechazaron de forma abrumadora la oferta de la conselleria. Ahora, el profesorado valenciano debe decidir sobre el último escrito de la Administración autonómica antes de comunicarle a Educación si rubrican o no el pacto. Analizamos las diferencias entre aquel borrador y la actual propuesta de acuerdo.

En la propuesta de “acuerdo global” de Ortí y McEvoy, que en un primer momento se negaron a plantear porque “no hay dinero”, se refleja una profunda evolución, fruto de cinco semanas de presión del colectivo docente con numerosas y masivas movilizaciones. Así, la conselleria ha pasado de un redactado lleno de intenciones y “estudios de viabilidad” a un compromiso normativo y presupuestario (3.338,26 millones de euros) a desarrollar en el periodo 2026-2031.

Ratios y planificación plurianual

El cambio más radical se observa en la cuestión de las ratios, ya que la propuesta inicial carecía de un horizonte temporal y las dejaba en manos de lo que dictara el Ministerio de Educación. Ahora, sin embargo, se fijan cifras concretas y plazos que se adelantan a la planificación estatal.

De este modo, en Infantil y Primaria, el borrador inicial proponía una ratio de 22 alumnos solo para el curso 2027/2028 y congelaba el resto. La propuesta final establece un recorte estructural y progresivo del 12%, y fija el límite estricto en 22 alumnos por aula en todo el tramo hasta el curso 2029/2030 de manera generalizada.

En Secundaria y Bachillerato, el texto inicial se lavaba las manos remitiendo al criterio que dictara reglamentariamente el ministerio, mientras que ahora se estipula una bajada del 17% en la ESO (hasta los 25 alumnos) y del 20% en Bachillerato (28 alumnos por aula), una oferta completamente calendarizada año a año hasta el curso 2030/2031.

Por su parte, en la Formación Profesional (FP) y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), inicialmente solo se contemplaba una mesa técnica vacía para desdobles. El último acuerdo introduce un recorte del 17% en FP (15 alumnos en Grado Básico y 25 en Medio y Superior) y del 10% en las EOI (máximo 20 alumnos por aula en todos los idiomas y niveles).

Plantillas docentes

En materia de plantillas se observa un planteamiento técnico y presupuestario. El borrador inicial proponía un polémico 'Plan de sustitución anticipada' en Primaria (asignar un maestro extra al centro para que asumiera internamente las bajas, obligando al colegio a reorganizarse de forma autónoma ante una segunda baja). En el documento final, este modelo desaparece por completo y es sustituido por el 'Pla +Mestre', dotado con 469,12 millones de euros.

Además, el acuerdo final cuantifica un incremento estructural de 7.742 docentes en cuatro años, que se divide en 5.000 nuevas contrataciones directas, la estabilización de 10.000 plazas (con el 50% reservado expresamente para la inclusión) y 2.742 maestros específicos vinculados por ley a sostener el descenso de las ratios.

De igual modo, ante las críticas sindicales, la conselleria sustituye el plan de autoorganización interna por un compromiso informático auditable: reducir el tiempo medio de sustitución externa de 10 días a un máximo de 8 días de media a partir de septiembre de 2026.

Retribuciones

Aunque la cuantía nominal de la subida salarial lineal se mantiene en 200 euros mensuales en el complemento específico —tal y como recogía la primera propuesta sometida a votación del profesorado—, las condiciones técnico-jurídicas han cambiado drásticamente para ofrecer más garantías. La propuesta retributiva fue firmada por CSIF y ANPE, mientras que STEPV, CCOO y UGT insisten en reabrirla para renegociarla.

El borrador inicial fragmentaba los pagos fijos (75 euros en 2026, 75 en 2027 y 50 en 2028) de manera plana. El Acuerdo Global introduce un desembolso acumulado de 802,3 millones de euros y vincula formalmente los incrementos salariales a la evolución del IPC, blindando el poder adquisitivo frente a la inflación. También se añade una partida extra e independiente de 658 millones de euros destinada exclusivamente a la gratuidad del tramo de 0 a 3 años y a la mejora de sus ratios asociadas.

Infraestructuras educativas

Acerca de las infraestructuras, el Gobierno autonómico ha pasado de un redactado de intenciones enfocado en el Plan Edificant tradicional a un desglose presupuestario plurianual cuantificado en 1.409,7 millones de euros, gestionado bajo un nuevo Plan Director.

Concretamente, se crea el 'Pla EduClima', una partida blindada de 140 millones de euros (con un ritmo de ejecución de 32 millones en 2026 y 36 millones anuales entre 2027 y 2029) para garantizar la climatización del 100% de las aulas. Asimismo, se dota con 40 millones de euros (10 millones anuales) una línea de subvención directa a ayuntamientos para reformas energéticas en colegios y centros de educación especial, eliminando las trabas de la delegación de competencias del Edificant original.

La propuesta definitiva también incorpora de manera explícita 2 millones de euros extraordinarios dentro del plan térmico para las zonas afectadas por la DANA, además de obligar a la conselleria a aportar un anexo técnico detallado con memorias de reconstrucción. Por último, el nuevo texto introduce una obligación contractual prioritaria: todos los planes de inversión directa deben exigir por escrito la eliminación total de los barracones.

Inclusión educativa y salud mental

La primera propuesta se limitaba a ligar las plazas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) a la matrícula corriente, mientras que el texto consolidado establece mínimos estructurales inamovibles.

Por ejemplo, el primer borrador hablaba vagamente de abrir 150 aulas en toda la legislatura, mientras que la última versión concreta la creación inmediata de al menos 36 aulas UECO para el curso 2026/2027, lo que conlleva la contratación automática de 108 profesionales de inclusión. Además, se limita por ley la ratio de estas aulas a un máximo de ocho alumnos.

Se garantiza el mantenimiento de un suelo de 187 plazas de Pedagogía Terapéutica para el próximo curso y se fija la conversión de plazas en estructurales si la necesidad se prolonga durante tres años consecutivos. En cuatro cursos, todos los centros de Infantil y Primaria recibirán entre 0,5 y 1,5 docentes extra de Pedagogía Terapéutica y especialistas en Audición y Lenguaje, según su volumen de unidades.

Respecto a la salud mental, se pasa del desarrollo normativo del plan 'Conviure' a una medida ejecutiva compartida con la Conselleria de Sanidad: el refuerzo de psicólogos generales sanitarios en las unidades de detección precoz y un estudio específico de la salud mental del profesorado en las zonas afectadas por la dana.

Simplificación burocrática

En este bloque, las 20 medidas se han dotado de plazos jurídicos concretos (tramitación por decreto del Consell en un plazo máximo de seis meses) y se introduce tecnología avanzada. Por ejemplo, se añade el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para la generación automática de documentos del centro y sistemas de traducción automática bidireccional valenciano-castellano para aligerar las labores de secretaría.

Por último, se concreta de forma nítida la regulación del trabajo presencial fuera del centro durante el mes de julio. Los docentes solo tendrán la obligación de acudir físicamente a las reuniones de coordinación o claustros indispensables, blindando el resto del tiempo para tareas no lectivas telemáticas. Asimismo, se reconoce explícitamente el derecho a la desconexión digital y la reducción de horas lectivas para mayores de 55 años.