PP y Vox incluyen la “prioridad nacional” en la renta valenciana de inclusión y excluirán a migrantes irregulares de los servicios sociales por ley
PP y Vox siguen con su agenda ultra en las Corts Valencianes. Solo dos días después de aprobar los Presupuestos de Juanfran Pérez Llorca, los primeros en recoger la “prioridad nacional” como objetivos en las líneas de la ley, ambos partidos han presentado una batería de enmiendas transaccionales a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos, que se debatirá la próxima semana en las Corts.
Los partidos, que tienen mayoría en la Cámara, introducen cambios en la ley de Servicios Sociales y en la de la Renta Valenciana de Inclusión para incorporar el principio de “prioridad nacional” en el acceso a prestaciones. Para esta prestación, como para el Ingreso Mínimo Vital, es un requisito tener la residencia legal en España como mínimo durante un año, salvo en caso de personas asiladas o refugiadas. La derecha y la ultraderecha pactan una nueva subida del mínimo y lo sitúan en “tres años de manera continuada” o diez de los últimos treinta de manera interrumpida.
En el caso de la ley de Servicios Sociales Inclusivos la ultraderecha va un paso más allá de exigir ese “arraigo” al que se refiere Pérez Llorca y dice textualmente que se ha de desarrollar reglamentariamente el concepto de prioridad nacional y este debe contemplar “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”.
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, denuncia tras conocer las enmiendas presentadas este viernes que “una vez más el PP se arrastra ante Vox y pacta medidas que van contra los consensos básicos de la sociedad”. Los valencianistas presentarán un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Acompañamiento si recoge estas cuestiones. “Los valencianos no somos un pueblo racista ni xenófobo, somos dignos e integradores”.
Los partidos ya modificaron en marzo el reglamento de la Renta Valenciana de Inclusión para aumentar el periodo de empadronamiento. El PP y Vox pactaron elevar hasta los 15 meses (la anterior propuesta era de 12 meses) el tiempo mínimo de residencia continuada en la Comunitat Valenciana para poder acceder a la ayuda y otra para considerar como infracción de carácter muy grave el hecho de haber sido acreditada mediante resolución judicial firme la situación de ocupación de una vivienda sin título habilitante.
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