La verdadera historia de las brujas de Zugarramurdi y el proceso que terminó cuestionando la caza de brujas
Los condenados, entre los que había tanto hombres como mujeres, caminaron descalzos con demonios pintados en sus ropas antes de escuchar las sentencias del tribunal inquisitorial. Llevaban sambenitos y corozas, aquellos conos de papel que distinguían a los acusados durante el auto de fe de Logroño. Entre ellos figuraban vecinos de Zugarramurdi, una localidad navarra convertida en escenario de denuncias por brujería.
Las hogueras de Zugarramurdi cambiaron la Inquisición española
En noviembre de 1610, seis personas acabarían quemadas vivas y otras cinco serían condenadas en efigie porque ya habían muerto en prisión. Una crónica contemporánea calculó que más de 30.000 personas acudieron a presenciar las ceremonias.
Aquellas hogueras fueron el desenlace de una persecución que también terminó cambiando la manera de actuar de la Inquisición española. El tribunal había procesado a 31 personas por brujería, dentro de un auto de fe con 53 acusados por distintos delitos. En total, 18 fueron reconciliados con la Iglesia, según el balance recogido por el Gobierno de Navarra.
Alonso de Salazar y Frías, uno de los tres inquisidores que participaron en el proceso, votó contra las condenas a muerte y posteriormente investigó las confesiones que las habían sustentado. Sus dudas contrastaban con la postura de sus dos compañeros, que llegaron a atribuir a la intervención del demonio las numerosas muertes causadas por dos brotes de peste durante el encarcelamiento de los acusados.
Una joven desencadenó las denuncias contra Zugarramurdi
La cadena de acusaciones había comenzado en diciembre de 1608 con el regreso de María de Ximildegui desde Francia. La joven, de unos 20 años, contó que había asistido a aquelarres y señaló a vecinas de Zugarramurdi, entre ellas María de Jureteguía. Esta negó los hechos, pero terminó confesando después de desmayarse durante un careo.
Fray Felipe de Zabaleta, monje de Urdax, la perdonó a cambio de arrepentirse públicamente. Pronto fueron nueve las personas que confesaron en la iglesia haber hecho brujería, mientras otros vecinos registraban viviendas buscando niños supuestamente secuestrados.
El temor crecía en una comarca fronteriza donde también llegaban noticias de la persecución emprendida por el jurista Pierre de Lancre en el Labort francés. Fray León de Araníbar, abad de Urdax, avisó al Santo Oficio y dos comisarios recogieron declaraciones durante seis meses.
En Logroño, Alonso Becerra Olguín y Juan del Valle Alvarado defendían la realidad de los pactos demoníacos; Salazar, incorporado en junio de 1609, desconfiaba especialmente de los testimonios infantiles. Historia National Geographic relata que las denuncias secretas terminaron señalando a unas 280 personas. Entre las acusaciones figuraban vuelos nocturnos, transformaciones en animales y daños a las cosechas.
La Inquisición endureció las exigencias probatorias en 1614
La persecución sobrevivió incluso a las ejecuciones de noviembre de 1610 y se extendió por Navarra y Guipúzcoa. En marzo de 1611 ya se contabilizaban alrededor de 2.000 sospechosos de haber participado en aquelarres. La Suprema encargó entonces a Salazar una investigación que reunió unos 5.000 testimonios y produjo aproximadamente 11.000 páginas.
Interrogó a niños, familiares, denunciantes y acusados, examinó las presiones ejercidas y buscó indicios materiales de vuelos, aquelarres y daños atribuidos a la brujería. No encontró pruebas que sostuvieran aquellos relatos. “No hubo brujas ni embrujados en el lugar hasta que se empezó a hablar de ello”, escribió.
La investigación permitió distinguir los delitos imaginados de las confesiones alimentadas por el miedo y los interrogatorios repetidos. En 1614, la Suprema suspendió causas pendientes, exigió pruebas rigurosas, ordenó retirar sambenitos de las iglesias y promulgó un edicto de silencio para frenar nuevas delaciones. La brujería continuó figurando como delito, aunque las grandes persecuciones colectivas dejaron de repetirse en la jurisdicción inquisitorial española.
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